Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128757
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de C.W.D. (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
"C.W.D. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 73.362 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA II".
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.757-RQ, caratulada: "C.W.D. s/ Recurso de queja en causa N° 73.362 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 2 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional que casó parcialmente el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca a nivel de la calificación legal y estableció que C.W.D. quedaba condenado a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y las circunstancias de realización reiterado (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal reiterado (dos hechos), ambas figuras agravadas por el vínculo al tratarse del encargado de la guarda y por la situación de convivencia, todos en concurso real (v. fs. 78/81 vta.).
Para así decidirlo, afirmó que la presentación en tratamiento no cumplía con las exigencias rituales establecidas por el art. 494 del Código Procesal Penal para la vía intentada. Expuso que si bien estaba cumplido el requisito objetivo referido al monto de pena, no ocurría lo mismo con el vinculado a la índole de los agravios (v. fs. 80).
Indicó que aun cuando la recurrente manifestaba una supuesta naturaleza federal de sus agravios para abrir la instancia extraordinaria intentada, en realidad ellos carecían de esa nota de excepción (v. fs. 80 y vta.).
En esa tarea, señaló que la crítica esgrimida contra la determinación de la pena sin tomar previo conocimiento de visu se dirigía, en lo esencial, a poner en evidencia un supuesto defecto procedimental anterior a la sentencia que se vinculaba -en rigor- con cuestiones típicamente procesales que eran ajenas a la vía deducida, y sin que la defensa hubiera conseguido formular adecuadamente el compromiso directo de las garantías constitucionales citadas en la impugnación que impondría su conocimiento por la Suprema Corte provincial (conf.. doctr. SCBA en P. 125.427, resol. de 24-VI-2015, entre otras) -fs. 80 vta.-.
Agregó que la índole de los otros planteos también se apartaba de la materia en la que únicamente podía sustentarse la impugnación en trato; ya que si bien se alegaba sobre su supuesta naturaleza federal, los términos de la presentación tampoco habilitaban vía alguna de excepción pues suponían una temática de derecho común, cuál era la determinación de la pena en concreto, la que a tenor de su naturaleza resultaba impropia de una eventual cuestión federal, argumento expuesto pero sin debida explicación a los fines perseguidos por la defensa (v. fs. 80 vta./81.).
De este modo, explicó que quedaba sin establecerse la relación directa e inmediata entre lo decidido en el fallo y las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, quien desde su posición subjetiva se ocupaba de alegar sobre una supuesta afectación del principio de proporcionalidad, sin conseguir de ese modo abastecer con suficiencia los recaudos propios de la vía de excepción pretendida (v. fs. 81).
Concluyó que las características de los reclamos no posibilitaban argumentar que en el caso podía estar involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear el recaudo objetivo ausente en esa situación particular (v. fs. cit.).
II. Frente a lo así resuelto, la señora Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal -doctora Ana Julia Biasotti- dedujo recurso de queja (v. fs. 84/89)
Sostuvo que el remedio impugnativo fue erróneamente desestimado en tanto en dicha presentación se cuestionó la afectación de las siguientes garantías constitucionales: 1) garantía a la doble instancia, en tanto no se dispuso el reenvío al tribunal de grado para decidir la cuestión vinculada a la determinación de la sanción; 2) derecho a ser oído antes de la imposición de la pena recaída; 3) arbitrariedad de la sentencia al prescindir de un justificativo racional que explique la elección del monto de pena impuesto (v. fs. 86 vta./87).
Aclaró que no se discutió la infracción al art. 41 inc. 2 del Código Penal sino que se denunció la violación del derecho a ser oído que deriva del art. 18 de la Constitución nacional y que tiene reconocimiento expreso en el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Destacó que la omisión del visu del imputado era sólo el presupuesto fáctico de dichas infracciones federales (v. fs. 87).
De seguido, alegó que el sentenciante no se refirió a los agravios de índole constitucional y se limitó a decir que aquélla omisión era un tópico procedimental. Frente a ello, la quejosa señaló que tal cual surgía del precedente Pin y de su remisión a los considerandos 18 y 19 de Maldonado, el contacto con el imputado antes de fijar la pena integraba el derecho a ser oído que emerge de los arts. 18 de la Constitución nacional y 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Agregó que el art. 41 inc. 2 del Código Penal era reglamentario de dicha garantía constitucional y convencional (v. fs. 87 vta.).
Postuló que existía un gravamen actual, que el planteo de la cuestión federal se efectuó oportunamente y que la fijación de dicha audiencia debió hacerse de oficio en tanto era una obligación del órgano jurisdiccional y no de la defensa (v. fs. 88 vta.).
Concluyó que resultaba aplicable la doctrina de los fallos Strada, Di Mascio y Christou, desde que las pretendidas limitaciones en razón de la materia (art. 494, CPP) debían ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales frente a las normas federales citadas.
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
De lo expuesto se advierte que la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo en tanto el Tribunal de Casación aplicó correctamente la doctrina de esta Corte sobre el extremo referido a la falta de celebración de la audiencia de visu (conf.. P 122.167, resol. de 17-XII-2014; P. 125.701, resol. de 15-VII-2015; P. 126.061, resol. de 11-XI-2015; P. 126.742, resol. de 1-VI-2016; P. 126.909, resol. de 29-VI-2016; P. 126.868, resol. de 13-VII-2016; P. 123.519, resol. del 5-X-2016; entre otros).
Por lo demás, y en lo que hace a los tópicos por los que controvierte la determinación de la pena (sea porque no se efectuó el reenvío a la instancia de grado, sea por falta de fundamentación para arribar a la cuantía), la defensa se limita a exponer una interpretación personal sobre el pretenso cariz federal del agravio, desatendiendo la respuesta dada por el a quo y omitiendo refutarla. De este modo, tampoco removió el obstáculo formal que obturó la viabilidad del agravio.
Por último, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido no se funda, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de este Tribunal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de C.W.D. (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia