Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128598
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de P.S.F., con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
"P.S.F. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 73.388 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III".
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.598-RQ, caratulada: "P.S.F. s/ recurso de queja en causa N° 73.388 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra el resuelto por dicho órgano que -rechazando la vía homónima- confirmó el decisorio del Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Martín, en cuanto condenó al nombrado a la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple cometido contra una menor de trece años mediante amenazas -hecho 1-, abuso sexual simple cometido contra un menor de trece años -hechos 2 y 3-, abuso sexual gravemente ultrajante cometido sobre un menor de trece años y mediando amenazas -hecho 4-, y abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra un menor de trece años -hecho 5- todos en concurso real (v. fs. 71/74 vta.).
Para fallar de tal modo, la Sala Tercera razonó que -a tenor de la doctrina de esta Suprema Corte- cuando no se hallan reunidas las exigencias rituales -art. 494, CPP-, como en el caso, el remedio configura el carril idóneo para el tratamiento del eventual planteo federal, a fin de permitirle al impugnante transitar por el superior Tribunal de la causa (v. fs. 72 y vta.). No obstante, agregó que -a tales fines- no bastaba con su mera invocación, siendo ineludible su correcto planteamiento, con cita de lo resuelto en P. 116.316 por este Tribunal (v. fs. 72 vta.). Así, halló que la defensa no logró demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, lo que descartaba tal situación excepcionante (v. fs. cit. cit.).
Explicó que la parte reeditó los planteos, desentendiéndose de las explicaciones dadas en la sentencia casatoria "para decidir como lo hizo, en función de las circunstancias del caso que enumera", ciñéndose el carril a efectuar transcripciones, "sin efectuar una crítica concreta a dichas consideraciones, en clara muestra de la insuficiencia recursiva" (v. fs. 72 vta./73). De seguido, expuso que el embate de la parte se redujo a una mera discrepancia de opinión que no logró motivar la lesión constitucional denunciada. Reforzó ello con mención a precedentes de esta Corte (v. fs. cit. y vta.).
Para concluir, sindicó que tampoco prosperaba la denuncia de ausencia de motivación del monto de pena, si frente al decisorio del órgano que revisó sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó el planteo de la parte y lo descartó, brindado las razones para decidir de tal modo, el quejoso opone transcripciones parciales, sin tener en cuenta todos los fundamentos. Pues, como es sabido, coligió en que el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no resultan idóneos como técnica en el marco del carril incoado. Ello, mediante citas de fallos de esta Corte (v. fs. 73 vta./74).
Al finalizar sostuvo que "no fundadas las cuestiones federales", resultaba vigente el límite del art. 494 del Código adjetivo (v. fs. 74).
II. Frente a ello, el defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- dedujo recurso de queja (v. fs. 79/84).
Identificó la insuficiencia que motivó el decisorio adverso y transcribió las parcelas respectivas (v. fs. 80 vta./81). Marcó que el órgano le reprochó no demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y la reedición de un planteo ya esgrimido en la vía casatoria, lo que implicó -a criterio del a quo- el desentendimiento de lo resuelto (v. fs. 81).
En ese marco, transcribió parcelas de lo fallado al resolver el remedio del art. 450 del Código ritual, y postuló que "tal como se denunciara oportunamente" ello no configura una respuesta válida a su planteo (v. fs. 81 y vta.). Expuso que, en el carril, se sindicó como superficial y aparente lo razonado por ceñirse a homologar lo mensurado en primera instancia (v. fs. 82). Arguyó que de acuerdo a dicho criterio, bastaría con que los magistrados se remitan a los resuelto por el tribunal de instancia "eximiéndose de ese modo del deber de debida fundamentación de la sentencia de condena", en quebranto a las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa (v. fs. cit.). Afirmó que ese pronunciamiento arbitrario, carente de fundamentación, motivó la interposición del carril extraordinario (v. fs. cit.).
Objetó la falta de suficiencia endilgada en el auto adverso, y señaló que "esta parte fue contundente y clara" al señalar la revisión superficial y aparente. Cuestionó, asimismo, la mera discrepancia que el a quo le adjudicó, y señaló que el agravio no obedeció a una discrepancia, sino a una carencia de opinión -fundamentación- del decisorio (v. fs. 82 vta.).
Entendió que dicha cuestión amerita la petición de reducción significativa de la pena impuesta a quien asiste (v. fs. cit.).
Para finalizar, transcribió parcelas de lo fallado por la Corte federal en "Ruiz", "Vallín", "Miara" y "Squilario" y por esta Corte en P. 83.260, y peticionó que se haga lugar a la queja, al recurso denegado, se anule la sentencia y se reenvíe la causa para que -previa audiencia de visu- se revise el excesivo monto de pena impuesto (v. fs. 83 vta.).
III. La queja no prospera (art. 486 bis, CPP).
En efecto, conforme lo reseñado en el apdo. I, el argumento central que derivó en el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se basó en que la parte no fundó las cuestiones federales de modo apto para sortear el valladar ritual -art. 494, CPP-, en razón de ceñirse a reeditar argumentos y plantear una opinión discrepante con lo fallado.
Frente a ello, las alegaciones de la parte tampoco resultan aquí idóneas, pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre el agravio desarrollado en el remedio receptado en el art. 494 del Código Procesal Penal, las supuestas garantías constitucionales vulneradas y la sentencia casatoria (arts. 14 y 15, ley 48).
En función de lo expuesto, cabe concluir que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Para finalizar, cabe señalar que la cita y transcripción de parcelas de diversos fallos -de la Corte federal como de este Tribunal- no configuran una técnica idónea para rebatir lo fallado por el órgano.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de P.S.F., con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia