Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128456
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor defensor oficial -Daniel Aníbal Sureda- a favor de Regino Olivares, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
"OLIVARES, REGINO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 73.391 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA V".
La Plata, 7 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.456-RQ, caratulada: "Olivares, Regino s/ Recurso de queja en causa n° 73.391 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 15 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario incoado por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que -rechazando la vía homónima- confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Zárate-Campana en cuanto condenó -en el marco de un procedimiento abreviado- a Regino Olivares a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por los delitos de abuso sexual reiterados gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente con la víctima y por encontrarse la misma bajo su cuidado exclusivo, resultando ello un grave daño en la salud mental de la víctima, en concurso real con la misma calificación (v. fs. 66/68 vta.).
Para resolver -luego de reseñar los embates llevados a su conocimiento- expuso que el fallo cuestionado data del 21 de abril de 2016, la notificación al imputado se realizó con fecha 5 de mayo, mientras que a su letrado le fue notificado el decisorio el 3 de septiembre, todos del 2016. Citó a tal fin las fojas pertinentes -fs. 60 y 58-. Agregó que el carril en los términos del art. 494 del Código Procesal Penal fue incoado el día 3 de octubre del mentado año (v fs. 67 in fine ). Razonó que "la articulación extraordinaria fue interpuesta habiendo vencido el término legal" (v. fs. 67 vta.).
Para concluir, hizo mención a la normativa vigente -arts. 139 y 483 del CPP-, y se explayó sobre el derecho de defensa desde sus dos aristas: material y técnica. Selló el análisis afirmando que la puesta en conocimiento de los actos de trascendencia al imputado no exime al defensor de su responsabilidad, quien debe preocuparse de informar sin demoras a su asistido "a los fines de que esté en condiciones de ejercer sus derechos y garantías e interponer las impugnaciones cuando lo considere necesario" (v. fs. 67 vta./68).
II. En objeción a ello, el señor defensor oficial ante la aludida instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- interpuso recurso de queja -art. 486 bis, CPP- (v. fs. 70/74).
Efectuó un pormenorizado racconto de los antecedentes del caso. Explicó que la sentencia de casación que rechazó la vía homónima -dictada el 21 de abril de 2016- fue cuestionada mediante el carril del art. 494 del código de rito. Adujo que en el mismo se planteó la carencia de efectos de la notificación al encartado del mencionado decisorio, por desconocimiento absoluto del contenido del acto sentencial "y dada la ausencia de asesoramiento técnico previo o concomitante a dicho acto por parte de su Defensa" (v. fs. 72 in fine ). Adunó que las explicaciones sobre lo resuelto fueron dadas con posterioridad por la defensora de la instancia, lo que motivó que Olivares manifestase su voluntad impugnativa (v. fs. cit. y vta.). En virtud de ello, postuló que el plazo para la interposición del carril extraordinario local debe computarse a partir de la vista que se le corrió a la defensa ante el órgano casatorio de dicha expresión (v. fs. 72 vta.).
A párrafo seguido, explicó que el traslado a su parte se efectuó el 28 de septiembre de 2016. Indicó que la demora en poner en su conocimiento la voluntad del encartado puede inferirse del yerro en la remisión de las actuaciones al órgano de la instancia, en lugar de la dependencia a su cargo -conf. constancia de fs. 52 vta.- (v. fs. 72 vta.).
A continuación, se ocupó de los fundamentos de la vía de hecho (v. fs. 72 vta. in fine ).
Denunció que Olivares se encuentra inmerso en una situación de privación de justicia, con implicancia directa e inmediata del menoscabo al debido proceso -art. 18, Const. nac.- (v. fs. cit.).
Indicó que el órgano se desentendió de las particularidades del caso, en desmedro del derecho de defensa en juicio y el principio pro homine , y la garantía de hacer valer su derecho ante un órgano superior (v. fs. 73).
Adjetivó de "fallida, ilegal e injusta" la desestimación del remedio, en tanto -como órgano fiscalizador- debió proteger al imputado de cualquier tipo de descuido por parte de su asistencia letrada. Citó lo fallado en "Gordillo" por la Corte federal (v. fs. cit.).
Le reprochó, además, incurrir en un excesivo rigor formal, en desconocimiento de las constancias de la causa, pues no puede imputársele al procesado detenido la posible extemporaneidad del remedio. En refuerzo, citó fragmentos de lo fallado en "García" por el Máximo tribunal (v. fs. cit.).
Halló vedado a Olivares el acceso a la jurisdicción extraordinaria, en desconsideración de las particularidades del caso, y mencionó el precedente "Andueza" del mentado Tribunal (v. fs. 73 vta.).
Concluyó que dicha forma de resolver no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria (v. fs. cit.).
III. La queja no prospera (art. 486 bis , CPP).
Es que, tal cual surge de lo reseñado en el apartado I, el órgano obturó el acceso a esta instancia por hallar incumplida la exigencia del art. 483 del Código Procesal Penal.
Frente a ello, lejos de hacerse cargo, el quejoso ciñe sus esfuerzos a esgrimir una interpretación diversa del modo de computar los plazos, reiterando las vulneraciones constitucionales que portó el carril, sin lograr demostrar que el mismo haya sido deducido en forma temporánea.
Ello, pues de las copias acompañadas por el recurrente, surge que la defensa tomó conocimiento de la voluntad impugnativa de Olivares el 11 de agosto de 2016 -v. fs. 49/50-, lo que -conforme lo esgrimido- generó un trámite en pos de anoticiar dicha circunstancia a la defensa ante la instancia casatoria; cuestión que -alega- sucedió el 28 de septiembre del mentado año. Ahora bien, así planteada, dicha circunstancia configura una manifestación unilateral que no logra conmover el razonamiento efectuado por el Tribunal de Casación por el cual afirmó que la defensa se notificó el 3 de septiembre de 2016, con citas específicas de las fojas en que obran las diligencias ponderadas -v. fs. 67-; documental que -por otra parte- soslayó acompañar a la vía de hecho en trato.
De otro lado, con los precedentes que el quejoso trae a colación en un intento por soslayar los efectos de la presentación tardía del remedio extraordinario -limitándose a citar y transcribir fragmentos de algunos de ellos, sin reparar, mínimamente, en las diferencias causídicas entre los mismos y el sub lite - no logra justificar debidamente que la demora haya respondido a alguna situación que merezca ser especialmente atendida, y en ese marco, concluir en el menoscabo "de la garantía de hacer valer su derecho ante un órgano superior" -v. fs. 73-.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor defensor oficial -Daniel Aníbal Sureda- a favor de Regino Olivares, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°16
Fin de la sentencia