Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128768
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor Gladis Lidia Linera (arts. 486 bis y ccds. del CPP, según ley 14.647).
“LINERA, GLADIS LIDIA S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 73.809 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA II”.
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.768-RQ, caratulada: “Linera, Gladis Lidia s/ Recurso de queja en causa N° 73.809 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano que –en lo que interesa- rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial San Martín que había condenado –en el marco de un juicio abreviado- a Gladis Lidia Linera a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautora penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma –hecho I- y robo agravado por efracción y por la intervención de un menor de dieciocho años de edad –hecho II- en concurso real entre sí (fs. 41/44).
2. Frente a ello, la señora Defensora Oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, articuló recurso de queja (fs. 46/51).
Puntualizó que el argumento utilizado por el a quo para cerrar la vía extraordinaria “no resulta oponible en el caso” ya que se ha puesto de manifiesto la existencia de agravios de naturaleza federal.
Expuso que en el recurso denegado se explicitó la cuestión federal que se sometía a conocimiento de este Tribunal, la cual surgió a partir del dictado de la sentencia del a quo que rechazó por extemporáneo el planteo de la defensa efectuado ante la instancia intermedia; y que, en virtud de ello, se sostuvo que tal proceder afectó la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio, al verse imposibilitado el imputado del acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena (arts. 18 de la CN, 8.2.h y 14.5 del PIDCyP).
Destacó que lo resuelto atentó contra la utilidad de la defensa pública y vulneró -en consecuencia- de modo directo la posibilidad de una revisión integral de la condena. En sustento de ello, trajo a colación el precedente “Casal” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 48 y vta.).
Consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y la Corte Federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena.
Refirió que el órgano revisor encubrió su propia omisión. A su apoyo, citó el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no deviene adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el artículo 494 del Código Procesal Penal, pues esa labor debe realizarla un superior (fs. 49 y vta.).
Entendió que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (fs. 49 vta. cit.).
En consecuencia, argumentó que la decisión que declaró inadmisible el recurso “con base en la pretendida falta de aptitud y carga técnica necesarias (…) para argumentar que podrían estar involucradas cuestiones federales, no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria” (fs. 50).
Concluyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de cuestiones constitucionales propias de la competencia del Tribunal de Casación, por cuanto -reiteró- la sentencia de dicho órgano “omitió explicar razonadamente porque el planteo de índole federal de e[s]a parte resultó defectuoso” (fs. cit. vta.).
3. La queja no es de recibo.
a. En efecto, el a quo, luego de aludir a lo normado por el artículo 494 del Código Procesal Penal afirmó que la situación en análisis no encuadra en el presupuesto objetivo referido al monto de la pena y que los agravios no fueron sustentados estrictamente en la inobservancia de ley sustantiva.
De seguido, dijo que si bien tal principio debe ceder en ciertas ocasiones, en el caso, “el intento de la señora Defensora de sortear aquella exigencia legal (art. 494 cit.) no habilita vía alguna de excepción, pues aun cuando manifestó la supuesta naturaleza federal de sus agravios para abrir la instancia extraordinaria intentada, en realidad ellos no presentan tal carácter”.
En efecto, advirtió que los reclamos dirigidos exclusivamente contra la porción del fallo que declaró la inadmisibilidad de los planteos contenidos en el memorial “están referidos a la interpretación y aplicación de las normas que regulan la instancia casatoria (arts. 451 y 458, CPP) y constituyen una temática de naturaleza procesal que, conforme inveterada doctrina de la CSJN, resulta ajena a la competencia federal pretendida” (fs. 43).
Para más señaló que, sin perjuicio de los intentos defensistas de asignar a sus reclamos carácter federal -con fundamento en las previsiones del artículo 451, cuarto párrafo, del digesto de forma-, y “sin que resulte atinente a es[a] evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal”, sus apreciaciones “no van más allá de la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en el aludido memorial”.
b. De lo reseñado, se aprecia que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
Para más, las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que pretende la defensa reprochar al órgano intermedio aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cual es la relación con lo acontecido en el sub lite.
A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por la quejosa para revertir el juicio negativo en punto a los agravios que fueran desestimados por novedosos, lo cierto es que –en línea con lo expuesto por el a quo- la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el artículo 451 del Código Procesal Penal y la pretensa afectación de la garantía prevista en los artículos 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (cfe. causa P. 78.901, sent. del 7-11-2001; P. 75.534, sent. del 21-11-2001; P. 77.329, sent. del 10-9-2003; P. 81.725, sent. del 16-9-2003; P. 83.841, sent. del 9-10-2003; P. 89.368, sent. del 22-12-2004; P. 99.549, sent. del 8-7-2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor Gladis Lidia Linera (arts. 486 bis y ccds. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia