Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128756
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Sergio Ariel Romero y Gonzalo David Godoy (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
"ROMERO, SERGIO ARIEL Y GODOY, GONZALO DAVID S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 73.867 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA V".
La Plata, 29 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 128.756-RQ, caratulada: "Romero, Sergio Ariel y Godoy, Gonzalo David s/ Recurso de queja en causa N° 73.867 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 14 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de ese mismo órgano que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial San Nicolás que en el marco de un juicio abreviado- había condenado a Sergio Ariel Romero y Gonzalo David Godoy a la pena de cinco años de prisión, con más la accesoria del art. 12 del Código Penal, por resultar coautores penalmente responsables del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya ofensividad no fue acreditada (v. fs. 44/46).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, articuló recurso de queja (v. fs. 49/52 vta.).
Aseveró que en el recurso extraordinario local se había postulado la arbitrariedad de la decisión casatoria por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte nacional, con afectación al derecho a la defensa en juicio derecho a ser oído- y al debido proceso legal. Explicó que ese defensor dijo que la Sala en cuestión no realizó una revisión amplia e integral de la sentencia de condena, a partir de lo cual advirtió un desacierto en la interpretación ensayada por el a quo dado que la índole de tales agravios habilitaba la vía extraordinaria.
Destacó que se había formulado un planteo de naturaleza federal arbitrariedad del pronunciamiento- "habiéndoselo vinculado con las circunstancias específicas de la causa y mencionado el concreto perjuicio que le ocasionara a [sus] mandantes" (fs. 51).
Señaló que el Tribunal de Casación, teniendo su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos sentados por esta Corte y por la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (v. fs. cit.).
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión. De seguido, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analice si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal, pues esa labor debe realizarla un superior.
Argumentó que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. 51 vta.).
Finalmente adujo que se vedó a sus asistidos el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional propia de la competencia del Tribunal de Casación (v. fs. 52).
III. La queja formalizada es improcedente.
1. El Tribunal de Casación, en primer lugar, indicó que el presente no encuadra en los presupuestos objetivos establecidos por el art. 494 del Código Procesal Penal en lo que respecta al monto de pena (v. fs. 45).
Sentado ello, sostuvo que aun cuando es admitido que dicho principio debe ceder en casos excepcionales- cuando se hubiere puesto en tela de juicio de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, en el caso, el recurrente no exhibió que estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de tal naturaleza susceptible de excitar la competencia revisora de esta Corte.
En dicho marco, consideró que los desarrollos vertidos en la impugnación, además de ser reeditados, se vinculan con cuestiones de derecho común como lo referente a la valoración probatoria y exclusión de prueba, disconformidad con la materialidad ilícita y la autoría penal responsable adoptada, "que resultan por su naturaleza impropias de una cuestión federal" (fs. 45 vta.).
Concluyó que el carril impugnativo "no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso[,] están involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el Superior Tribunal de la causa (arts. 494, C.P.P.; 18, 75 inc. 22, C.N.; 14 y 15, Ley 48)" fs. cit.-.
2. De lo reseñado se advierte que el quejoso no logró controvertir de manera eficaz el obstáculo formal vinculado con la falta de suficiencia y carga técnica de las críticas de pretensa índole federal (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional).
Frente a ello, las alegaciones de la parte resultan inidóneas para remover tal obstáculo formal pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre el agravio desarrollado en la vía extraordinaria (v. fs. 35 vta./42 vta.), las supuestas garantías constitucionales vulneradas y la sentencia casatoria (v. fs. 23/31 vta.; arts. 14 y 15, ley 48).
Para más, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1, CADH) no es de recibo, en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y tampoco logra demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Sergio Ariel Romero y Gonzalo David Godoy (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia