Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128614
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Ricardo Ariel Carabajal (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°820
P. 128.614-RQ - “Carabajal, Ricardo Ariel s/ Recurso de queja en causa N° 74.859 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 17 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.614-RQ, caratulada: “Carabajal, Ricardo Ariel s/ Recurso de queja en causa N° 74.859 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de diciembre de 2016, declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora que había condenado a Ricardo Ariel Carabajal a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio calificado criminis causae (fs. 53/56 vta.).
2. Contra lo así resuelto, la señora Defensora Oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, articuló recurso de queja (fs. 59/64 vta.).
Frente a la parcela que le resultó adversa, la defensa puntualizó que el argumento utilizado por el a quo para cerrar la vía extraordinaria “no resulta oponible en el caso” ya que se ha puesto de manifiesto la existencia de agravios de naturaleza federal.
Dijo que en el recurso extraordinario cuya declaración de inadmisibilidad parcial motiva la presente queja se explicitó la cuestión federal que se sometía a conocimiento de esta Corte, la cual surgió a partir del dictado de la sentencia del Tribunal que consideró novedosos algunos de los planteos de la defensa realizados ante la instancia casatoria y, que en virtud de ello, se sostuvo que tal proceder afectó la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio (arts. 18 de la C.N., 8.2.h y 14.5 del P.I.D.C.y P.).
Destacó que lo resuelto atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó, en consecuencia, de modo directo la posibilidad de una revisión integral de la condena.
Trajo a colación el precedente “Casal” de la C.S.J.N. (fs. 61 vta.).
Consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y la Corte Federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (fs. 62).
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión. De seguido, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del C.P.P. pues esa labor debe realizarla un superior.
Entendió que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la C.A.D.H. (fs. 62 vta./63).
En consecuencia, argumentó que la decisión del a quo al declarar inadmisible el recurso, en el tramo referido a la violación de las garantías a la revisión amplia del fallo condenatorio y a la defensa efectiva, “con base en la negación dogmática de la existencia de una cuestión federal y desautorizando, también dogmáticamente, la interpretación de e[s]a parte acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento habría provocado, no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria”.
Concluyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de cuestiones constitucionales propias de la competencia del Tribunal de Casación, por cuanto -reiteró- la sentencia de dicho órgano “omitió explicar razonadamente por qué el planteo de índole federal de e[s]a parte resultó defectuoso” (fs. 63 vta.).
3. La queja no es de recibo.
a. En efecto, el Tribunal de Casación, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del C.P.P. afirmó que “[l]a situación en análisis encuadra en el presupuesto objetivo referido al monto de pena” (fs. 55).
En lo que a la presente atañe, juzgó que resulta inadmisible el agravio dirigido contra la resolución de ese órgano de no tratar los planteos novedosos expuestos en la oportunidad del art. 458 del ritual “toda vez que se trata de una materia impugnativa que no encuentra cabida en el art. 494”.
Expresó que el intento de la defensa de sortear esa exigencia “no habilita vía alguna de excepción, pues la recurrente entendió desarrollar una cuestión federal que, en esencia, no es tal”.
Sobre el punto, advirtió que “bajo la apariencia de una pretendida cuestión constitucional, la disconformidad de la impugnante con ese aspecto del fallo casatorio, en rigor, involucra planteos vinculados a la interpretación de normas de orden local (art. 451 y 458, C.P.P.) materia que conforme inveterada doctrina de la C.S.J.N., resulta ajena a la instancia federal” (fs. 55 vta.).
Observó que, sin perjuicio de los intentos defensistas de asignar a sus reclamos carácter federal -con fundamento en las previsiones del art. 451, cuarto párrafo, del digesto de forma- y “sin que resulte atinente a es[a] evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal”, sus apreciaciones “no van más allá de la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en la aludida presentación”.
Así entonces, resolvió que dicho reclamo no cumple con los recaudos pertinentes “desde que su argumentación no autoriza a entender que, en el caso, podría estar involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear el requisito objetivo que [reiteró] está ausente en esta situación en particular” (fs. 56).
b. De lo reseñado, se aprecia que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
Para más, las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que pretende la defensa reprochar al órgano intermedio aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cuál es la relación con lo acontecido en el sub lite .
Asimismo, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador -art. 8.1 de la C.A.D.H.- no prospera, en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso -art. 15 de la ley 48-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Ricardo Ariel Carabajal (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia