Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128375
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja impetrada por el señor Defensor Oficial Adjunto, doctor Daniel Aníbal Sureda, a favor de Carlos Alberto Arona con costas (arts. 486 bis, 494 y ccds. del C.P.P.).
P.128.375-RQ - “Arona, Carlos Alberto s/ Recurso de queja en causa N° 74.303 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 12 de abril de 2017.
La presente causa P. 128.375-RQ, caratulada: “Arona, Carlos Alberto s/ recurso de queja en causa N° 74.303 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal -mediante resolución del 22 de septiembre de 2016 (v. su copia agregada fs. 60/62 vta.)- declaró parcialmente inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Defensor Adjunto ante esa instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- a favor de Carlos Alberto Arona contra la decisión de ese órgano que -descartando el remedio de la especialidad- confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal N° 5 de San Isidro que condenó al nombrado a la pena de un año y siete meses de prisión por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda en grado de tentativa; y lo declaró reincidente.
II. Contra la parcela de la decisión que le fue adversa, el Señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación -Dr. Daniel Aníbal Sureda- dedujo el recurso de queja -cfe. art. 486 bis, según ley 14.647- que obra glosado a fs. 66/70 vta..
Allí -luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales- se disconformó con el juicio de admisibilidad de la vía extraordinaria realizado por el tribunal recurrido, en cuanto negó entidad a la cuestión constitucional articulada en esa postulación, a los fines de habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte federal.
En ese sentido, destacó que si bien el caso no abastece las previsiones del art. 494 del rito local, la defensa articuló agravios de orden federal vinculados con la violación a la utilidad de la defensa pública ante el tribunal intermedio y a la afectación de la posibilidad del imputado de acceder a una revisión integral del fallo, en relación directa e inmediata con lo acontecido en autos.
Explicó que la lesión de esos derechos convencionales se originó cuando el a quo descartó por extemporáneos los novedosos motivos de queja articulados durante el trámite casatorio. (v. fs. 68)
Argumentó que la fragmentación de los agravios de la defensa por parte del Tribunal llamado a garantizar la doble instancia convencional deviene arbitraria porque desnaturaliza y deja vacua de contenido la actuación de la defensa pública en la etapa intermedia establecida para potenciar el ejercicio del derecho de defensa (v. fs. 68 vta.).
De ello coligió que, al así decidir, el Tribunal intermedio encubrió su propia omisión, con fuerte afectación de la imparcialidad del juzgador, censurando el pronunciamiento en cuanto no explicó cuáles fueron las causales por las que obturó el acceso a la instancia extraordinaria.
Sobre esas consideraciones requirió la procedencia de la queja y la admisión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de Arona.
III. La queja no prospera.
1. La Casación Penal -en lo que aquí interesa- descartó la admisibilidad de la pretensa articulación federal relativa a la infracción del derecho al recurso y de la utilidad pública, en el entendimiento de que, ausentes los recaudos propios de la vía (art. 494, C.P.P.) el planteo efectuado por la defensa no resultó eficaz para habilitar el tránsito recursivo en los términos de la doctrina sentada en los casos “Strada” (Fallos: 308:490), “Christou” (Fallos: 310:324), “Di Mascio” (Fallos: 311:2478) y su progenie (v. copia del auto respectivo a fs. 60/62 vta.)
Especificó que “las referencias traídas por el impugnante no se hallan presentadas con un específico desarrollo que con la suficiencia y carga técnica necesaria y en relación a las circunstancias comprobadas de la causa sea capaz de sortear los recaudos objetivos inexistentes a fin de habilitar la instancia extraordinaria pretendida” (v. fs. 61 vta.).
2. Al margen de las consideraciones que podrían efectuarse en relación a la extensión con que la sala se expidió sobre la articulación federal, lo cierto es que el quejoso no logra enervar la solución negativa de admisibilidad a su respecto.
Ello así, porque las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la defensa pretende reprochar al tribunal intermedio -nuevamente en la queja- no sólo aparecen como manifestaciones dogmáticas que reeditan las llevadas en la instancia anterior sino que -además- no logran contrarrestar lo decidido en torno a la falta de relación directa e inmediata de la cuestión constitucional denunciada.
Es que, el pretenso agravio federal sobre el que la queja insiste trasunta -en rigor- una diversa interpretación sobre una cuestión procesal (vinculada a la inteligencia atribuida al último párrafo del art. 451 del C.P.P. en torno al límite temporal para expresar los motivos de casación), que denota que en caso no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de aquél carácter susceptible de excitar la competencia revisora de este Tribunal como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48 (cfe. P. 127.080, resol. del 21-IX-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja impetrada por el señor Defensor Oficial Adjunto, doctor Daniel Aníbal Sureda, a favor de Carlos Alberto Arona con costas (arts. 486 bis, 494 y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Daniel Fernando Soria
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia