Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128076
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Diego Oscar Corso, con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.076-RQ - “Corso, Diego Oscar s/ Recurso de queja en causa Nº 74.595 por ante el Tribunal de Casación, Sala V”.
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.076-RQ, caratulada: “Corso, Diego Oscar S/ Recurso de queja en causa Nº 74.595 por ante el Tribunal de Casación, Sala V”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de septiembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia de dicho organismo que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 7 del Departamento Judicial Lomas de Zamora que condenó a Diego Oscar Corso a la pena de cinco años y seis meses de prisión, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa reiterado (dos hechos) los cuales concursan de manera real entre sí (fs. 48/50 vta.).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, articuló recurso de queja (fs. 53/58 vta.).
Sostuvo que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto se denunció la inobservancia del derecho de defensa en juicio y de la garantía a la revisión amplia del fallo condenatorio por parte del Tribunal Superior (arts. 18 y 75 inc. 22° de la C.N.; 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.), dada la arbitrariedad del Tribunal de Alzada al declarar la extemporaneidad de los agravios introducidos por el suscripto, ignorándose el contenido amplio del derecho de defensa, restándole utilidad al ejercicio de la defensa pública ante el Tribunal de Casación e imposibilitando al imputado el acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena, con menoscabo del estado jurídico de inocencia. Asimismo se planteó la inconstitucionalidad del art. 451 del CPP (fs. 54).
Luego de transcribir la respuesta dada por el Tribunal intermedio (fs. 54 vta./55), sostuvo que los señores Magistrados “…consideraron que en el presente las cuestiones federales planteadas en la pieza recursiva […] no resultan aptas para sortear los requisitos formales para abrir la instancia extraordinaria de [esta Corte]” (fs. 55).
En dicho marco, expuso que en el caso se generó la afectación a la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio y el derecho al recurso en infracción a los arts. 18 de la CN; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP y 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Const. provincial (fs. 55 vta.).
Remarcó que lo decidido atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó la posibilidad de una revisión integral sobre todos los aspectos sustanciales del fallo de condena (v. fs. cit.).
Adujo que debe tenerse presente que las limitaciones de carácter formal de las que la casación hace uso para desoír a la defensa ante dicha instancia “fragmentando -en perjuicio- del encartado los agravios de una única institución -la defensa pública-, infringe […] disposiciones constitucionales […], al limitar el derecho de defensa, restándole utilidad a la defensa pública en orden a su ejercicio ante el Tribunal de Casación e imposibilitando al aquí condenado el acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena” y que “[t]al fragmentación de los agravios […] deviene arbitraria pues […] desnaturaliza y deja vacua de contenido la actuación de la defensa pública en la etapa intermedia…” (fs. 55 vta./56).
Remarcó que al contrario de lo afirmado por la casación, se demostró la existencia de agravios de orden federal (derecho de defensa, derecho al recurso, al estado de inocencia y doble instancia), los que además estuvieron acompañados con la fundamentación correspondiente (fs. 56/56 vta.).
Consideró que el Tribunal intermedio, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por este Tribunal y por la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena en el marco de los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P. (fs. 56 vta.).
Por otra parte, agregó que la casación al analizar la admisibilidad del recurso extraordinario “…no hace más que encubrir su propia omisión, excediendo en dicho análisis lo normado por el art. 486 del CPP […] descartando erróneamente la impugnación formalizada…” (fs. cit.).
Trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en art. 494 del C.P.P. pues esa labor resulta reservada al Tribunal superior; de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la C.A.D.H. (fs. 56 vta./57).
Concluyó que con lo decidido se le ha vedado a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional propia de la competencia de esta Corte (fs. 58).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado por la Sala V del Tribunal de Casación Penal.
a. De la lectura del decisorio en crisis, se advierte que el Tribunal de Casación luego de indicar que no se hallaba satisfecho el recaudo vinculado con el monto de pena (conf. art. 494, 1er. párrafo del CPP), sostuvo que se observaba un déficit en orden “a la falta de denuncia concreta de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella […], pues la parte no la efectúa con la especificación y carga técnica necesarias en este tipo de impugnaciones, lo cual no puede ser suplido con al promiscua mención de normas de carácter y jerarquía efectuada en distintos segmentos del recurso” (v. fs. 49 vta.).
Seguidamente, expuso que pese a que la parte había invocado una cuestión federal aludiendo a principios y garantías consagrados en la Constitución nacional y pactos internacionales, respecto a dicho tópico señaló que “…no se hallan presentadas con un específico desarrollo que […] con la suficiencia y técnica necesarias y en relación a las circunstancias comprobadas de la causa, sea capaz de sortear los recaudos objetivos inexistentes a fin de habilitar la instancia extraordinaria pretendida (arts. 494 C.P.P., 14 y 15, Ley 48)” (v. fs. 49 vta./50).
Agregó que -en definitiva- lo que estaba proponiendo la parte a consideración eran denuncias vinculadas a la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal y local, lo que denota que -en el caso- no se hallara involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal (conf. P. 125.427 “Audes, María Elizabeth S/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 23.253 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala I”, del 24 de junio de 2015) -fs. 50-.
Finalmente, en lo referente al pedido de la parte de que se declarase la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal, sostuvo que “…sin perjuicio de lo manifestado en los puntos precedentes, es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de leyes sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraria la Constitución causándole de ese modo un agravio”. De esa forma, agregó que para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. doct. P. 100.955, res. de 23-VII-2008; Ac. 101.036, 10-IX-2008; P. 100.115, res. de 23-XII-2009, entre otros) -v. fs. 50/50 vta.-.
b. De lo hasta aquí expuesto, se advierte que las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que el recurrente le reprocha al tribunal intermedio en el recurso extraordinario -y reedita en la queja-, no sólo aparecen como manifestaciones dogmáticas sino que -además- no logran contrarrestar de modo eficaz lo decidido por aquel en torno a la falta de relación directa e inmediata de la cuestión constitucional denunciada, como también que el agravio giraba –en rigor- a un planteo de índole procedimental, argumentos sobre los cuales la casación cimentó el juicio de admisibilidad negativo y que la parte debía remover, lo que no ocurrió en el caso (cfe. arts. 486 y 486 bis del CPP).
c. Por último, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la C.A.D.H.) resulta insuficiente en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no consiguen demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso.
Igual solución corresponde a la solitaria mención respecto al exceso en la extensión del control de admisibilidad del medio descartado (v. fs. 56 vta.), en tanto más allá de esa incircunstanciada alegación, no especifica de qué manera el Tribunal incurrió en el agravio que se denuncia.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Diego Oscar Corso, con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia