Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128044 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja presentada por la defensa particular de Alberto Martín Heflin (art. 486 bis del C.P.P.).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Tomás Ángel Pérez Bodria por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 128.044-RQ - “Heflin, Alberto Martín s/ Recurso de queja en causa Nº 74.215 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 31 de mayo de 2017.
La presente causa P. 128.044-RQ, caratulada: “Heflin, Alberto Martín s/ Recurso de queja en causa Nº 74.215 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 15 de septiembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de ese mismo órgano que rechazó por inadmisible la queja interpuesta contra la decisión de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro que no hizo lugar al recurso de casación incoado contra el auto que confirmó el rechazo de la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada a favor de Alberto Martín Heflin (fs. 22/24).
Para así resolver, afirmó que el decisorio en crisis no es sentencia definitiva ni equiparable a tal (art. 482 del C.P.P.).
Seguidamente aclaró que la doctrina del Acuerdo Plenario dictado en causa 52.274 y su acumulada 52.462 no es aplicable pues tal decisión fue abordada en el marco del análisis de la vía casatoria en los supuestos que se hubiese denegado la suspensión de juicio a prueba. Expresó que la cuestión llevada a su conocimiento “refiere a una situación diversa, pues debe contemplarse la admisibilidad de la vía impugnativa en los términos del artículo 479, 494 y concordantes del C.P.P.”.
En dicho marco, con cita de precedentes de esta Corte, sostuvo que ésta reiteradamente ha declarado inadmisibles recursos extraordinarios locales estableciendo que las decisiones que deniegan la suspensión de juicio no constituyen sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal.
De seguido observó que no obstante haber alegado el recurrente la violación a diversos derechos constitucionales “lo cierto es que no ha acompañado fundamento argumental autónomo que demuestre por qué –a su criterio- la resolución en crisis ha restringido de manera directa e inmediata las garantías incoadas ni qué relación tiene ello con la solución pretendida del caso” y que “[e]n e[s]e punto la defensa se limitó a señalar la existencia de una cuestión federal pero no brindó explicaciones ni fundamentos al respecto”.
Por otro lado y en cuanto a la tacha de arbitrariedad endilgada al fallo, entendió que la misma “no pasa de ser una opinión contraria al pronunciamiento recurrido, sin explicaciones concretas dirigidas a poner de manifiesto los errores en el razonamiento utilizado en el fallo ni un quiebre en el raciocinio empleado para llegar a las conclusiones objetadas” (fs. 23 vta.).
Finalmente, expuso que el recurso no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, están involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que puedan sortear los requisitos objetivos previstos en el art. 494 del C.P.P. para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la Ley 48.
2. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Tomás Ángel Pérez Bodria, articuló recurso de queja (fs. 26/29 vta.).
Refirió que si bien este Tribunal en múltiples pronunciamientos ha sostenido que la resolución en cuestión no constituye sentencia equiparable a definitiva, el presente porta particularidades que han de posibilitar variar dicho criterio y, ello, especialmente porque a partir del Fallo Plenario del Tribunal de Casación, que la admite en los términos del art. 450 del rito, “aparece como perfectamente sustentable la modificación del criterio también en r[e]lación al art. 482” (fs. 26 vta.).
Puntualizó que “[e]scapa a toda lógica jurídica reconocer por parte del a quo el carácter de sentencia equiparable a definitiva en casación y negarlo ante esta Corte, por el sólo hecho de la mayor estrictez que reclama el recurso extraordinario”.
Destacó que la denegatoria del recurso extraordinario “hace recalar a la dictada por el a quo en una sentencia contradictoria con su propia doctrina y, por ende, de carácter arbitrario”.
Remarcó que la casación se limitó, tanto al denegar la queja por la denegatoria del recurso de casación, como el recurso de inaplicabilidad de ley posterior, a sostener que no se expusieron las razones que convalidaran la impugnación y la cuestión federal introducida, pero “una vez más se negó a especificar en qué consistió tal carencia”. A contrario, explicó que se exteriorizó un razonamiento crítico perfectamente adaptado a las normas de la lógica “no habiendo sido el mismo siquiera intentado rebatir por el a quo” (fs. 29).
3. La queja es improcedente en tanto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado (art. 486 y 486 bis del C.P.P.).
a. Tal como lo señaló el órgano revisor, esta Corte tiene dicho que la denegatoria de suspensión de juicio a prueba, al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del C.P.P. y tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (cfe. P. 104.366, resol. del 4/XI/2009; P. 109.251, resol. del 3/III/2010; P. 111.313, resol. del 19/XII/2012; P. 115.978, resol. del 28/VIII/2013; P. 122.548, resol. del 16/VII/2014; P. 124.101, resol. del 4/XI/2015; P. 121.986, resol. del 22/XII/2015; P. 124.803, resol. del 29/XII/2015; P. 124.556, resol. del 9/III/2016; P. 124.801, resol. del 16/III/2016; P. 119.558, resol. del 6/IV/2016; P. 124.179, resol. del 18/V/2016; P. 123.980, resol. del 10/VIII/2016; P. 124.794, resol. del 31/VIII/2016; entre otros).
b. Por otro lado, cabe aclarar que al no haberse sorteado las exigencias del art. 482 del C.P.P., no corresponde abordar las pretensas cuestiones federales llevadas en el recurso denegado (cfe. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”).
Sobre el punto, resulta pertinente remarcar que la alegación de las mismas no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja presentada por la defensa particular de Alberto Martín Heflin (art. 486 bis del C.P.P.).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Tomás Ángel Pérez Bodria por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Luis Esteban Genoud
Héctor Negri
Eduardo Julio Pettigiani
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia