Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128074 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Jonathan González y Paola González contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.074-RQ - “González, Jonathan y González, Paola s/ Recurso de queja en causa n° 74.612 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 31 de mayo de 2017.
La presente causa P. 128.074-RQ, caratulada: “González, Jonathan y González, Paola s/ Recurso de queja en causa n° 74.612 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 15 de septiembre de 2016, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de Jonathan González y Paola González contra la resolución de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, rechazó la queja interpuesta en los términos del art. 433 del C.P.P. contra el decisorio de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro que confirmó el pronunciamiento dictado por el Juzgado de Garantías n° 6 que no hizo lugar al pedido de eximición de prisión (fs. 51/55).
Para arribar a tal decisión, en primer lugar afirmó que el resolutorio debía equipararse a sentencia definitiva dado que podría ocasionar un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, pues la materia debatida se vinculaba con la restricción de la libertad con anterioridad al fallo final de la causa.
De seguido, procedió al análisis de los planteos federales a efectos de sortear el valladar formal impuesto por el art. 494 del C.P.P. (cfe. doct. “Strada” y “Di Mascio” de la Corte nacional).
En ese sentido, sostuvo que las críticas se vinculaban con temáticas de índole procesal (alcance del art. 168 y 169 del C.P.P.) impropias de una cuestión federal.
En cuanto a la tacha de arbitrariedad introducida por el impugnante, ponderó que no había logrado demostrar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales invocadas, la argüida arbitrariedad, y lo debatido y resuelto en el caso.
Sostuvo que de la lectura del recurso surgía que la defensa se había limitado a expresar su disconformidad con lo resuelto sin refutar de modo concreto y razonado el fundamento del decisorio en crisis. Por ello, juzgó que no habían controvertido eficazmente los argumentos por los cuales fue descartada la arbitrariedad del pronunciamiento de la Alzada departamental; en ese sentido, afirmó que en la resolución en crisis se hizo referencia a la existencia de peligros procesales a tenor del art. 148 del C.P.P. y circunstancias que impedían la concesión del beneficio en los términos del art. 169 inc. 3 (nocturnidad en la que se desarrollaron los hechos, la agresión desplegada por los encausados, empleando golpes contra las víctimas, la pluralidad de intervinientes, relación de vecindad entre denunciantes y denunciados), por lo que entendió insuficiente la crítica que soslayó la ponderación de estos parámetros.
Concluyó en la ausencia de demostración de la relación directa e inmediata entre las cláusulas constitucionales invocadas (defensa en juicio, debido proceso arbitrariedad) y lo decidido en el caso, expresando que tampoco logró demostrar que la sentencia fuera contraria a derecho.
Por último, rechazó el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. dado que lo decidido no se fundó en las limitaciones allí previstas sino en el inidóneo planteo de las cuestiones federales para acceder a la Corte federal (fs. 51/55).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja (fs. 58/66).
Alegó que resulta aplicable la doctrina de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional en tanto el decisorio en crisis privó a esta Corte de su competencia (arts. 31, 75 inc. 12, 116, 121, 124 de la C.N.) -fs. 62 vta.-.
De seguido, tachó de arbitraria la resolución pues se fundó -a su juicio- de modo sólo aparente, mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas (fs. 62 vta./63).
Destacó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal por vía del recurso extraordinario en atención a que: a) los agravios postulados en el mismo son de índole federal, en tanto se halla en juego el derecho a la libertad durante el proceso penal, derivado del principio de inocencia (art. 18 C.N.); b) el auto atacado mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se fundó en afirmaciones dogmáticas, genéricas y vacuas que no dieron respuesta a los argumentos del casacionista.
Sentado ello, explicó que el a quo denegó la vía extraordinaria fundándose en normas procesales sin analizar debidamente los planteos relativos al principio de inocencia y garantía de la libertad durante el proceso (fs. 63 vta.).
Sostuvo haber demostrado en el recurso extraordinario local la relación directa e inmediata entre el derecho federal invocado y los hechos ventilados en autos, ya que denunció que por aplicación de normas rituales (arts. 169, 185 y 186) se transgredió lo normado en el art. 18 de la C.N. (fs. 63 vta./64).
Explicó que planteó la arbitrariedad del fallo de casación por denegar la eximición de prisión en base a circunstancias (calificación legal, nocturnidad, etc.) que no se referían a peligros procesales concretos, por lo cual se vulneraban las garantías aludidas (fs. 64 y vta.).
Por lo expuesto concluyó que la decisión de la casación interpretó de manera arbitraria la concurrencia en el caso de los límites de admisibilidad del art. 494 del C.P.P., los cuáles han de ser inaplicados o declarada su inconstitucionalidad (fs. 65 y vta.).
3. La queja formalizada es improcedente.
En rigor, el argumento basal por el cual -de modo acertado- se declaró la inadmisibilidad radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias como para sortear el valladar impuesto por el art. 494 del C.P.P. (v. supra 1).
La defensa no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal pues, amén de la reiteración de lo esgrimido en la vía extraordinaria y su dogmática afirmación, no hizo ningún esfuerzo por evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que decía afectadas y la arbitrariedad argüida, se vinculaban con lo debatido y resuelto por la Casación en el fallo impugnado.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Jonathan González y Paola González contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Héctor Negri
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia