Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127927
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la señora defensora particular, Dra. Josefina Rodrigo, con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 127.927- RQ - “Papadopulos Ana María, Tan Carlos Daniel, Tan Jonathan Hernán y Tan Maximiliano s/ Recurso de queja en causa n° 74.816 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 127.927-RQ, caratulada: “Papadopulos Ana María, Tan Carlos Daniel, Tan Jonathan Hernán y Tan Maximiliano s/ Recurso de queja en causa n° 74.816 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de agosto de 2016 desestimó -por inadmisible (fs. 32/34 vta.)- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa de confianza de Carlos Daniel Oscar Tan, Ana María Papadopulos, Jonathan Tan y Maximiliano Tan contra la parcela de la decisión de dicho órgano que –en lo que interesa destacar- declaró inadmisible el recurso de casación incoado contra el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata que a su vez había confirmado el auto dictado por el Juez de Garantías que no hiciera lugar a la eximición de prisión solicitada a favor de los imputados (fs. 2/9 vta.).
Para así fallar, luego de señalar que en virtud del carácter procesal de la materia involucrada en el recurso de inaplicabilidad de ley deducido (eximición de prisión) no se encontraban abastecidos los requisitos previstos por el art. 494 del C.P.P., estimó que cabía analizar si mediaba algún planteo federal idóneo para sortear el valladar allí impuesto (v. fs. 33 vta.).
En ese tren, consideró -por un lado- que las cuestiones de ese tenor alegadas por el impugnante (violación de derecho de defensa y del principio de inocencia) no fueron acompañadas de fundamento argumental autónomo como para demostrar por qué -a su criterio- la sentencia había restringido de manera directa e inmediata las garantías invocadas (fs. cit. vta.).
Lo mismo respecto del principio de inocencia, pues -a criterio del tribunal recurrido- la parte obvió precisar “qué tramo del fallo (…) restringió dicho principio y de qué manera”, agregando que además de la escala penal “se tuvieron en cuenta diversas circunstancias vinculadas con los hechos y con cada uno de los imputados” (fs. cit. vta.).
Para más, remarcó que la parte introdujo tal denuncia “recién en esta instancia”, cuando tuvo oportunidad de hacerlo con anterioridad (v. fs. cit. vta.).
Finalmente, en cuanto a la arbitrariedad argüida, ponderó que la impugnante no puso en evidencia graves defectos de fundamentación o razonamiento, concluyendo en que “el recurso no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar” que en el caso se encontrasen “involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales” para sortear los requisitos del art. 494 del ritual, “que pudieran viabilizar (…) la competencia revisora” de esta Corte “como tránsito adecuado para acceder al remedio federal” del art. 14 de la ley 48 (fs. 34/vta.).
2. Contra lo allí decidido, la señora defensora particular, Dra. Josefina Rodrigo, presentó queja por recurso extraordinario denegado (fs. 35/37 vta.).
Entendió, en torno a la suficiencia de las denuncias de violación a las garantías constitucionales, que “se ha echado mano a un argumento aparente (…), toda vez que el tramo de la resolución que se cuestiona en relación a esos principios está citado al comenzar el párrafo y la manera está claramente explicitada párrafo seguido [de su escrito recursivo]”, mencionándose la escala penal concreta de los delitos endilgados a sus asistidos, lo que no ocurría en el fallo cuestionado (v. fs. 36 y vta.).
Criticó que se hiciera referencia a que además de lo anterior “se tuvieron en cuenta diversas circunstancias vinculadas con los hechos y con cada uno de los imputados”, siendo que tal extremo -afirmó- no surgía de la resolución impugnada (v. fs. cit. vta.).-
En cuanto al argumento vertido acerca de la temporaneidad de la denuncia de transgresión del principio de inocencia, explicó que esa defensa venía cuestionando la inexistencia de precisiones respecto de cómo es que se prueban los peligros procesales, refiriéndose a la inconsistencia con que se venían pronunciando “todas las instancias” al respecto (fs. cit. vta.).
Por último, respecto a la arbitrariedad, estimó insuficiente el argumento dado por la Casación al citar literalmente lo dicho por la Cámara de Apelación en su oportunidad, lo que a su entender revela la falta de fundamentación denunciada (fs. 37).
3. La queja formalizada es improcedente.
En rigor, el argumento basal por el cual -de modo acertado- se declaró la inadmisibilidad radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias como para sortear el valladar impuesto por el art. 494 del C.P.P. (v. supra 2).
Frente a ello, la defensa no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal pues, amén de la reiteración de parte de lo esgrimido en la vía extraordinaria, no hizo ningún esfuerzo por evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que decía afectadas y la arbitrariedad argüida en aquélla (v. fs. 26/30), se vinculaban con lo debatido y resuelto por la Casación en el fallo impugnado (v. fs. 2/9 vta.).
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la señora defensora particular, Dra. Josefina Rodrigo, con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia