Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129097
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación (arts. 486 bis y ccds., CPP, según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
P. 129.097-RQ - “Román, Pedro Luis s/ Recurso de queja en causa N° 74.457 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 129.097-RQ, caratulada: “R.P.L. s/ Recurso de queja en causa N° 74.457 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 16 de mayo de 2017, declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Pedro Luis Román contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable de los delitos abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en concurso real con abuso sexual agravado por el vínculo, imponiéndole pena única de dieciocho años de prisión, cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos o función pública, accesorias legales y costas, comprensiva de la condena a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para ejercer cargo o función pública, con costas, impuesta en causa 63.882 por el ex Juzgado en lo Criminal y Correccional de dicha departamental (fs. 121/125).
En lo que aquí interesa, afirmó que la denuncia de violación a la utilidad de la defensa en juico y a la revisión amplia del fallo de condena (cfe. “Casal”, “Martinez Areco”, “González Arroyo” y “Martínez Caballero” de la Corte nacional; “Herrera Ulloa” y “Mohamed” de la Corte Interamericana), en rigor, consiste en una problemática de neto corte procesal vinculada con la interpretación de los arts. 451 y 458 del CPP. En función de ello, estimó que el planteo de la parte no permite excepcionar los recaudos del mentado art. 494 del CPP (fs. 124/vta.).
Por todo lo expuesto, juzgó que no se demostró la relación directa e inmediata entre las pretensas cuestiones federales y lo debatido y resuelto en el caso (fs. 124 vta./125).
2. La Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia, Doctora Ana Julia Biasotti, dedujo queja (fs.128/134).
Alegó que contrariamente a lo afirmado por el a quo, se demostró la existencia de una cuestión federal en tanto se denunció la afectación de los derechos de defensa en juicio y revisión amplia del fallo de condena (arts. 18 de la C.N.; 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5. del P.I.D.C. y P.) y se probó la relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto. En su apoyo, trajo a colación los fallos “Casal” de la Corte nacional y “Herrera Ulloa” de la Corte IDH. Asimismo, expuso que resulta arbitrario no abordar los agravios formulados por la defensa ante en la etapa recursiva (art. 458, CPP -fs. 131/vta.-).
Luego, señaló que el Tribunal de Casación Penal al analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley encubrió su propia omisión. En tal sentido, explicó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del C.P.P. pues esa labor debe realizarla un superior, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces (art. 8.1, CADH -fs. 131 vta./132-).
Finalmente, puso de resalto que la ley 14.647 se sancionó con posterioridad a la comisión del hecho. En función de ello y siendo que ésta estableció un doble juico de admisibilidad, solicitó se eviten los rigorismos formales ya que de lo contario se quebrantaría el principio de legalidad (fs. 133).
Concluyó que resulta aplicable la doctrina emergente de los fallos “Strada” y “Di Mascio” de la Corte nacional ya que los embates son de naturaleza federal (fs. 133/vta.).
3. La queja formalizada es improcedente en tanto la recurrente no removió con eficacia el déficit formal vinculado con la falta de suficiencia y carga técnica necesaria de la pretensa cuestión federal y se limitó a efectuar afirmaciones genéricas sobre el punto (art. 486 bis, CPP).
En definitiva, no demostró la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del C.P.P. y la supuesta violación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDC y P (cfe. P. 78.901, sent. 7/XI/2001; P. 75.534, sent. 21/XI/2001; P. 77.329, sent. 10/IX/2003; P.81.725, sent. 16/IX/2003; P. 83.841, sent. 9/X/2003; P. 89.368, sent. 22/XII/2004; P. 99.549, sent. 8/VII/2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación (arts. 486 bis y ccds., CPP, según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia