Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128585
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de P.V.D.G., con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP).
La Plata, 25 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.585-RQ, caratulada: "P.V.D.G. s/ Recurso de queja, en causa n° 74.743 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de P.V.D.G., contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Lomas de Zamora que, mediante un proceso abreviado, lo había condenado a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por cometerse contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la relación de convivencia preexistente -reiterado- (v. fs. 43/49 vta.).
II. Frente a ello, se alzó el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández- merced al recurso de queja que articuló a fs. 55/64 vta.
Liminarmente, se refirió al cumplimiento de los requisitos formales y detalló los antecedentes relevantes del caso (v. fs. 55/60 vta.).
En punto a la fundabilidad, sostuvo que el remedio fue erróneamente desestimado. Así, destacó que resultó aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. 60 vta.)
Agregó que la respuesta casatoria para descartar los embates constitucionales que allí esgrimió -derecho a la revisión de la sentencia de condena (con mención del precedente "Herrera Ulloa" de la CIDH) e in dubio pro reo- resultó arbitraria, con basamento aparente mediante la utilización de fórmulas genéricas y abstractas. En ese discurrir, remarcó la vinculación directa de sus planteos con la solución del caso, la oportunidad en que esbozó los mismos y la actualidad del gravamen (v. fs. cit./62).
Luego, postuló la inaplicación o declaración de inconstitucionalidad de las limitaciones a la recurribilidad plasmadas en el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 62 y vta.).
Desde otra arista, indicó que el Tribunal de Casación Penal excedió el juico formal de admisibilidad y se inmiscuyó en la procedencia del reclamo. Trajo a colación lo resuelto por este Cuerpo en la causa P. 85.977 (v. fs. cit./63).
Finalmente, alegó que no se garantizó el derecho a la revisión amplia de la sentencia de condena, pues el órgano revisor se limitó a estudiar la prueba a la luz de la restrictiva doctrina del absurdo valorativo (v. fs. 63/64).
III. La queja formalizada es improcedente, en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue bien denegado por el Tribunal de Casación Penal (art. 486 del CPP).
1. De la compulsa del auto denegatorio se desprende que el órgano intermedio -luego de sostener que en el caso se encontraban abastecidos los recaudos de los arts. 482 y 483 del digesto adjetivo como, asimismo, el monto sancionatorio previsto en el art. 494 del cód. cit.- argumentó que, en rigor, la impugnación se dividió en dos agravios. Así, señaló que el primero de ellos versaba sobre cuestiones procesales, por lo que no se podía identificar una infracción a la ley sustantiva (v. fs. 43 vta./44).
Con respecto al segundo embate -referido a la revisión aparente de la sentencia de condena y a la determinación de la pena- juzgó que "el recurrente desconoce o hace caso omiso a lo resuelto (…) esgrimiendo en realidad una opinión discrepante a lo anhelado en el recurso casatorio incoado oportunamente, reeditando en dicho recurso extraordinario agravios ya tratados", y trajo a colación precedentes de esta Corte (v. fs. 44/46).
En ese discurrir, expresó que no se advertía que el carril extraordinario presentara la aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que se encontraran involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales, afirmación que también sustentó con la transcripción de jurisprudencia de este alto Tribunal (v. fs. 46 y vta.).
Finalmente, remarcó que la escogida es "una vía excepcional, y no un remedio ordinario donde su busca -como en el presente- una tercera instancia para reeditar los planteos formulados en su momento en la instancia departamental" (fs. cit.).
2. De lo reseñado, se advierte que el argumento basal de la resolución en crisis consistió en que -por una parte- las críticas esbozadas en la impugnación referían a una temática procesal, y -por otra- que la defensa oficial no había desarrollado las pretensas cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesaria, ni demostrado la relación directa e inmediata entre aquellas y lo debatido y resuelto en el caso, limitándose a invocar una versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos y la valoración del plexo probatorio efectuada por el a quo para concluir en la autoría de P.V.D.G. en el evento disvalioso.
Frente a ello, los cuestionamientos del recurrente no resultan eficaces para remover tal óbice formal, en tanto centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas, que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
Desde otra arista, la denuncia de afectación a la garantía de revisión amplia de la sentencia condenatoria -en los términos de la jurisprudencia que citó- ha sido insuficientemente justificada, en razón que la fundamentación es genérica y no se refiere concretamente a las constancias de la causa.
3. Por otro lado, de la reseña de los antecedentes del caso se advierte que la decisión impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
4. Finalmente, cabe señalar que el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del digesto adjetivo tampoco prospera, pues dicha norma no ha sido el obstáculo para la concesión del carril extraordinario sino que la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso fue lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por el Tribunal de Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de P.V.D.G., con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia