Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128656
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 479, 482 y 486 bis, CPP).
"ALTUVE, CARLOS ARTURO (FISCAL) S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 74.130 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA V, SEGUIDA A CLAUDIO MIGUEL GALLOSO".
La Plata, 29 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 128.656-RQ, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo (Fiscal) s/ Recurso de queja, en causa n° 74.130 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a Claudio Miguel Galloso",
I. Conforme se desprende de las piezas aportadas, la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, el 4 de agosto de 2016, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa de Claudio Miguel Galloso, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Martín que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor penalmente responsable de los delitos de resistencia a la autoridad, homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para procurar su impunidad de otro ilícito y contra personal policial en ejercicio de su función, por la intervención de un menor de dieciocho años de edad y la utilización de un arma de fuego, homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para procurar la impunidad de otro ilícito y contra personal policial en ejercicio de su función, por la intervención de un menor de dieciocho años de edad y la utilización de un arma de fuego en grado de conato, y autor del delito de encubrimiento; todos en concurso material.
En consecuencia, casó parcialmente- lo decidido y absolvió a Galloso respecto de los ilícitos homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para procurar su impunidad de otro ilícito y contra personal policial en ejercicio de su función, por la intervención de un menor de dieciocho años de edad y la utilización de un arma de fuego, homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para procurar su impunidad de otro ilícito y contra personal policial en ejercicio de su función, por la intervención de un menor de dieciocho años de edad y la utilización de un arma de fuego en grado de conato.
Finalmente, dispuso el reenvío de la causa al órgano de grado para que, integrado con Jueces hábiles, establezca la nueva sanción del encartado en relación a los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento por los que fue condenado y no han sido objeto de recurso, y a la atenuante y agravante fijadas en origen (v. fs. 2 vta./3, y fs. 22/23).
II. Ante tal escenario, el señor Fiscal ante aquella instancia doctor Carlos Arturo Altuve- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/21).
En puridad, denunció arbitrariedad en el pronunciamiento casacional por falta de fundamentación, en tanto dicha sede se desentendió del plexo probal colectado en autos, lo que invalida el fallo como acto jurisdiccional legítimo. Asimismo, señaló que esa falencia en la valoración probatoria constituyó un supuesto de absurdo (v. fs. 3/19 vta.).
III. Por su parte, la mentada Sala Quinta el 27 de diciembre de 2016- declaró inadmisible el remedio extraordinario intentado (v. fs. 22/25).
Para así resolver, sostuvo que la atacada es una sentencia definitiva, y que se cumplieron los requisitos de tiempo y forma.
Recordó lo reglado en el segundo párrafo del art. 494 del Código Procesal Penal en relación al recurso deducido por la acusación, y expuso que si bien se observa el requisito referente al monto de pena "no se encuentra satisfecha la suficiencia del recurso con la mera invocación de una cuestión federal" (fs. 23 vta.).
En ese discurrir, señaló que la índole de las críticas no habilitaba vía alguna de excepción, pues, en rigor, ellas se vinculaban a una temática procesal valoración probatoria- y a la discrepancia del representante de la Vindicta Pública con tal operación (v. fs. 24).
De tal forma, juzgó que la impugnación no lograba demostrar que se encontrara involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de naturaleza federal susceptible de ser abordada por esta Corte a tenor del carril contemplado en el art. 14 de la ley 48, por lo que concluyó en la inaptitud del intento fiscal (v. fs. cit. y vta.).
IV. Frente a esta última resolución, el doctor Altuve articuló recurso de queja (v. fs. 27/31 vta.).
Liminarmente, aludió al cumplimiento de los requisitos de tiempo, forma y legitimación para recurrir. Asimismo, reseñó los antecedentes del caso (v. fs. 27/28 vta.).
De seguido, bajo el acápite que rotuló "FUNDAMENTOS: LA ARBITRARIEDAD DE SENTENCIA COMO CUESTION FEDERAL SUFICIENTE. DOCTRINA LEGAL DE LA S.C.B.A.", alegó que la casación se apartó de la doctrina aplicable en la admisibilidad de los recursos extraordinarios (v. fs. 28 vta., la mayúscula y el destacado en el original).
En abono de su postura, trajo a colación numerosos precedentes de este Cuerpo (v. fs. 29/30).
Adujo que este alto Tribunal ha considerado admisible el carril del art. 494 del Código Procesal Penal interpuesto por el Ministerio Público Fiscal "siempre que se denuncie adecuadamente la arbitrariedad de la sentencia impugnada, en alguno de los supuestos admitidos pretorianamente por la CSJN" (fs. 30, el destacado en el original).
A continuación, entendió que el agravio esgrimido fue debidamente planteado en el recurso extraordinario local, en tanto se erigió como "arbitrariedad de sentencia por fundamentación aparente, por incurrir en afirmaciones dogmáticas y apartamiento de las constancias de la causa en lo referente al estado de duda insalvable" (fs. cit. y vta., el destacado en el original).
Agregó que ello constituyó una cuestión federal suficiente y que el ensayo planteó y fundó sobradamente el motivo de agravio. En esa línea, remarcó que hizo referencia a los pasajes del resolutorio en que se incurrió en tal vicio, con indicación de los extremos en que reside el déficit de fundamentación y las contradicciones del decisorio en crisis, lo cual desde su óptica- abasteció las exigencias de una correcta identificación de las causales de arbitrariedad (v. fs. cit.).
Finalmente, abogó por la relación directa e inmediata entre su planteo y la cuestión sometida a decisión, pues de no haber incurrido los sentenciantes en el vicio achacado "la supuesta duda que invoca el tribunal intermedio y la consecuente absolución del imputado no se habría configurado" (fs. 31).
V. El juicio de admisibilidad negativo desplegado por el Tribunal Casatorio debe mantenerse en esta instancia, aunque por diverso fundamento.
Este alto Tribunal tiene dicho que los carriles extraordinarios previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal, sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 apdos. "a" y "b" de la Constitución de la Provincia; 19, 479 y 482 del Código citado; conf. doctr. Ac. 92.293, 6/VII/2005; Ac. 96.323, 4/X/2006; Ac. 96.632, 31/VIII/2007; Ac. 99.201, 11/VI/2008; entre otros).
Así, el pronunciamiento cuestionado al no cumplir con dichos requisitos, no encuadra en la normativa del art. 482 citado.
En efecto, la decisión del tribunal intermedio que casó parcialmente el fallo de grado, absolvió a Claudio Miguel Galloso respecto de dos delitos y reenvió los autos a esa instancia para que previa integración con jueces hábiles- fije la nueva sanción penal a imponer, a tenor de los ilícitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento subsistentes, no constituye sentencia definitiva desde que, recién en oportunidad en que se fije la pena, nacerá la posibilidad de interponer la vía recursiva que se estime correspondiente.
Tampoco se erige en un supuesto de equiparación a ella habida cuenta que, por sus efectos, lo resuelto no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior, que requiera tutela judicial inmediata.
Por otra parte, la circunstancia que se considere que el pronunciamiento atacado no constituye sentencia definitiva, no se traduce en un otorgamiento de efecto de cosa juzgada [rectius: de firmeza del fallo] en ninguna de sus partes- a la decisión adoptada por el órgano revisor ahora en embate, ni impide que una eventual resolución de este último órgano, revisando a su vez la decisión del tribunal del reenvío que se expedirá en los términos dispuestos por el Tribunal de Alzada, pueda ser también objeto de la vías extraordinarias previstas en el art. 479 y siguientes del Código Procesal Penal, en la medida en que reúnan los requisitos previstos por dicho ordenamiento (conf. P. 109.203, res. del 24/IV/2010; P. 107.696, res. del 23/II/2011; P. 110.564, res. del 30/V/2012; P. 116.737, res. del 6/XI/2013; P. 118.239, res. del 9/IV/2014; P. 124.622, res. del 15/IV/2015; e/o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 479, 482 y 486 bis, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia