Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129203
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Darío Alejandro Cano Mendoza, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 8 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.203-RQ caratulada: "Cano Mendoza, Darío Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 74.924 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que rechazó -por improcedente- el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial San Isidro que había condenado -en el marco de un juicio abreviado- a Darío Alejandro Cano Mendoza a la pena de tres años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por efracción -con fuerza en las cosas- en grado de tentativa, y robo agravado por ser de automotor dejado en la vía pública, en concurso real entre sí (v. fs. 24/26 vta.).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso de queja (v. fs. 31/38).
Destacó que los agravios deducidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no se referían a la ley sustantiva pero sí a la interpretación de reglas de rango supremo, resultando aplicable al caso la doctrina de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. 33 vta.).
Tachó a la negativa de arbitraria "pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que ciegan la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la Provincia" (fs. 34).
Expresó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal por vía del recurso extraordinario en atención a que: a) los agravios postulados en el recurso previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal son de índole federal, pues se debatió en él que el Tribunal de Casación al confirmar la sentencia de primera instancia convalidó la afectación del derecho de defensa en juicio, y las garantías constitucionales de debido proceso e imparcialidad del órgano jurisdiccional; b) esa cuestión federal se vincula de manera directa con la solución del caso; c) la misma fue oportunamente planteada; y e) el gravamen es actual.
Indicó que la Casación defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia ingresando impropiamente en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso, en tanto importan pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de su propia sentencia, actitud desnaturalizadora de la función que le asigna el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 36).
En ese sentido, trajo a colación la causa P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analice si ha incurrido en la arbitrariedad que la parte le atribuye pues esa labor resulta reservada al Tribunal superior (v. fs. cit).
Por último, reiteró que los agravios contenidos en el recurso constituyen verdaderas infracciones constitucionales, evidenciadas en la violación a las garantías de imparcialidad del juzgador, del debido proceso y la defensa en juicio, las que, por otra parte, habían sido debidamente fundamentadas (v. fs. 37).
En este sentido, recordó que se había argumentado que al ser la reincidencia una circunstancia que depende de hechos que deben ser probados y valorados, los mismos deben ser introducidos en el juicio para que la parte pueda ejercer el derecho de defensa, como así también que la decisión del Tribunal de juicio -confirmada por la sentencia de Casación- que impuso consecuencias penales mayores a las pactadas por las partes en el acuerdo de juicio abreviado, como lo es la reincidencia, sencillamente desnaturalizó el acuerdo y vulneró el derecho de defensa al privar al imputado de la posibilidad de discutir la existencia de los datos objetivos necesarios para que se configure la misma de acuerdo a lo previsto por el art. 50 del CP (v. fs. cit. y vta.).
Por lo expuesto, concluyó que la decisión impugnada negó de manera arbitraria la concurrencia de los requisitos que determinan la inaplicabilidad del límite que en razón del monto de pena y la materia impone el art. 494 del Código Procesal Penal, que ha de ser inaplicado o declarada su inconstitucionalidad (v. fs. 38).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
1. El Tribunal casatorio estimó que la pretensión de la defensa no abastecía los requisitos propios de la vía impugnativa intentada (art. 494 del CPP) -fs. 25-.
En esa senda, afirmó que no se encontraba abastecido el requisito referido al monto de pena -tres años y dos meses de prisión-, como así tampoco el resto de los demás recaudos exigidos por la ley vinculados con la naturaleza de los agravios (v. fs. cit.).
De seguido, indicó que la índole de las críticas desarrolladas tampoco habilitaban vía alguna de excepción, en tanto se vinculaban -en rigor- con temáticas de índole procesal y derecho común, como es la naturaleza del juicio abreviado, las que resultan impropias de una eventual cuestión federal, argumento éste que si bien fue expuesto no había sido acompañado de la debida explicitación acerca de su relación directa e inmediata con lo resuelto en el fallo impugnado (v. fs. 25 vta.). Así, entendió que los argumentos defensistas no lograban demostrar por qué el razonamiento efectuado por ambos sentenciantes no resultaba una derivación razonada del derecho vigente atento los hechos ventilados en la causa ni la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estimaba comprometidas, atento haberse abordado la cuestión y otorgado los fundamentos -escuetos o no- de su rechazo (v. fs. 26).
Por último, citó diversos fallos de este Tribunal, donde se señaló que la denuncia efectuada por el recurrente en cuanto a que la declaración de reincidencia fue impuesta por fuera del marco del acuerdo de juicio abreviado y, por ello, en clara infracción a las disposiciones del art. 399 del Código Procesal Penal, resulta una cuestión ajena a la competencia de esta Corte dada su naturaleza procesal (conf. P. 98.241, sent. de 31-VIII-2011; P. 97.853, sent. de 14-IV-2010) -fs. cit.-.
2. De lo reseñado se advierte que la defensa oficial no se hace cargo de lo efectivamente resuelto, en tanto aquélla -en la vía en abordaje- no controvirtió todos y cada uno de los fundamentos sobre los cuales la casación basó el juicio de admisibilidad negativo.
El quejoso, se limita a afirmar que el recurso local portaba agravios federales, que habían sido oportunamente planteados y que eran actuales, insistiendo en que la declaración de reincidencia por fuera de lo pactado por las partes en el acuerdo de juicio abreviado quebranta las garantías constitucionales del debido proceso, imparcialidad del juzgador y el derecho de defensa en juicio.
En definitiva, la defensa dejó sin controvertir aquellos argumentos que fueron descritos en el apartado que antecede, reeditando los desarrollos efectuados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los cuales, conforme se señaló, no trascienden de una mera opinión discrepante con el modo en que el a quo interpretó los alcances del art. 399 del ritual en relación con la aplicación oficiosa del art. 50 del Código Penal.
En función de ello, no demuestra la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales supuestamente afectadas y lo fallado por el órgano revisor, quedando sin sustento -también- la mentada arbitrariedad que intentó endilgarle al decisorio atacado.
3. Resta agregar que la denuncia de exceso por apartamiento de lo normado por el art. 486 del Código Procesal Penal (v. fs. 36), tampoco es de recibo.
Ello, en tanto, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P. 125.455, res. del 13-V-2015; P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P. 125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, P. 126.793, res. del 15-VI-2016; P. 126.939, res. del 28-IX-2016).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la parte, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Darío Alejandro Cano Mendoza, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia