Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129189
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta a favor de Carlos Damián Zarate; con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.189-RQ, caratulada: "Zárate, Carlos Damián s/ Recurso de queja en causa N° 74.458 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 1 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de ese mismo órgano que rechazó por inadmisible el recurso de la especialidad incoado contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Necochea que confirmó la del Juzgado en lo Correccional N° 1 departamental que dispuso no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba respecto de Carlos Damián Zárate (v. fs. 67/69 vta.).
Para así resolver, sostuvo -contrariamente a lo afirmado por la parte- que el fallo recurrido "no es una sentencia definitiva ni se trata de una resolución que por sus efectos pueda serle asimilada (art. 482, C.P.P.)".
De seguido expuso, con cita de precedentes de este Tribunal, que los recursos previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal, "características que no están presentes en la situación en tratamiento".
Sentado ello, afirmó que la resolución impugnada no termina la causa ni hace imposible su continuación y que tampoco es equiparable a definitiva "en tanto -por sus efectos- no ocasiona un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata".
Por otra parte, consideró que la invocación de garantías constitucionales (violación de los principios de igualdad, debido proceso, defensa en juicio) no suple la ausencia de definitividad de la resolución impugnada, en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de esas cuestiones.
Concluyó que, en atención a que el art. 494 del Código Procesal Penal no fue obstáculo para verificar en el caso la admisibilidad de la articulación en tratamiento, no resultaba necesario efectuar otra consideración.
II. Contra lo así decidido, la señora Defensora Oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, articuló recurso de queja (v. fs. 72/79).
Dijo que si bien el pronunciamiento recurrido no es una de las sentencias enumeradas en el art. 482 del Código Procesal Penal, pues no termina la causa ni hace imposible su continuación, la misma debe equipararse a ellas, ya que causa un gravamen de imposible reparación ulterior (v. fs. 74).
Expuso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado posición sobre el punto al destacar que, si bien es su doctrina que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso no constituyen, por regla, sentencia definitiva, corresponde hacer excepción a dicha regla en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (Fallos: 304:1817; 308:1107; 312:2480) -fs. cit. vta.-. En dicho marco aludió al precedente "Padula" de la Corte federal.
A todo evento, planteo la inconstitucionalidad de los arts. 482 y 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 77/75).
III. La queja es improcedente en tanto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado (art. 486 bis del CPP).
Tal como lo señaló el órgano revisor, esta Corte tiene dicho que la denegatoria de suspensión de juicio a prueba, al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal y tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. P. 104.366, resol. de 4-XI-2009; P. 109.251, resol. de 3-III-2010; P.111.313, resol. de 19-XII-2012; P. 115.978, resol. de 28-VIII-2013; P. 122.548, resol. de 16-VII-2014; P.124.101, resol. de 4-II-2015; P. 121.986, resol. de 22-XII-2015; P. 124.803, resol. de 29-XII-2015; P. 124.556, resol. de 9-III-2016; P. 124.801, resol. de 16-III-2016; P.119.558, resol. de 6-IV-2016; P. 124.179, resol. de 18-V-2016; P.123.980, resol. de 10-VIII-2016; P. 124.794, resol. de 31-VIII-2016; entre otros).
La defensa no removió con eficacia dicho obstáculo formal, limitándose a formular afirmaciones dogmáticas que no logran enervar el temperamento adoptado en la sede intermedia, el que resulta -como se dijera- conteste con el de éste Tribunal sobre el punto.
En lo que se refiere a la inconstitucionalidad del art. 482 del CPP cabe señalar que la declaración de inconstitucionalidad de la leyes sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Así, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener -en lo que cuenta- un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. doctr. P.100.955, res. de 23-VII-2008; Ac. 101.036, 10-IX-2008; P. 100.115, res. de 23-XII-2009, P. 115.233, res. de 19-XII- 2012, entre otros).
Tampoco se advierten elementos que permitan soslayar los recaudos formales frustratorios del acceso a la instancia extraordinaria, de conformidad con lo resuelto por la Corte federal en los precedentes "M. d. P., R. A. c/ Pcia. de Corrientes" (sent. de 25-IX-2001, Fallos: 324:3219) y "Recurso de hecho. Banco Comercial de Finanzas" (sent. de 19-VIII-2004).
En definitiva, la presentación directa es inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el a quo (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por todo lo expuesto, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del digesto adjetivo tampoco prospera, en tanto dicha norma no ha sido el obstáculo para la concesión del carril extraordinario sino que la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso fue lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por el Tribunal de Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta a favor de Carlos Damián Zarate; con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2529
Fin de la sentencia