Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128877
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar -con costas- la queja interpuesta a favor de Jorge Javier Gómez (arts. 486 bis, 489, 491 y concs. del CPP, t.o. ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Fernando Roberto Martín por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.877-RQ, caratulada: "Gómez, Jorge Javier s/ Recurso de queja en causa N° 74.912 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 23 de febrero de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad deducidos contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional que rechazó por improcedente el recurso de la especialidad incoado contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen que había condenado a Jorge Javier Gómez por resultar coautor responsable del delito de abigeato simple a la pena de cuatro años de prisión y multa de veintitrés mil cuarenta pesos ($23.040), accesorias legales y costas, con más la declaración de primera reincidencia (v. fs. 2/3).
II. Frente a ello, el nombrado por derecho propio, conjuntamente con su letrado defensor, doctor Fernando Roberto Martín, articularon recurso de queja (v. fs. 31/34 vta.).
Solicitaron, en el marco de lo normado por el art. 486 último párrafo del Código Procesal Penal, la anulación del auto atacado por violación de garantías constitucionales básicas -debido proceso, in dubio pro reo, presunción de inocencia, entre otros-.
Explicaron que la norma de mención resulta clara, concreta y contundente, en lo que atañe a las potestades que se otorgan al órgano ante el que se deduce la vía extraordinaria (v. fs. 32).
Indicaron que su labor se limita a la observancia de los requisitos formales: que se trate de una sentencia definitiva, que la misma haya sido dictada por el Tribunal de Casación, que quien recurre se encuentre legitimado y que el recurso se interponga por escrito, fundado y dentro del plazo legal. En dicho marco, consideraron que tales recaudos han sido debidamente cumplimentados.
Sin embargo, sostuvieron que el a quo se excedió en esas facultades y efectuó no sólo una valoración de los requisitos formales sino un análisis valorativo del contenido o sustento del resolutorio atacado.
Refirieron que la motivación en derecho vigente de las decisiones jurisprudenciales configura una garantía esencial del régimen republicano de gobierno y que, cuando la misma es arbitraria o violatoria de la Constitución nacional, y no sólo se limita a convalidar una violación anterior sino que inclusive va más allá y resulta ser sustento de su resolución, "se configura el absurdo y la ilegalidad que habilita la revisión [de esta Corte]" (fs. 33).
III. La queja no prospera.
1. Al momento de resolver, el Tribunal de Casación, con relación a la vía extraordinaria de nulidad contemplada en el art. 491 del Código Procesal Penal, recordó que la misma sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión que se controvierta (arts. 168 y 171, Constitución de la Provincia).
Sentando ello, observó que las críticas de la defensa lejos estaban de constituir la denuncia de incumplimiento de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, pues la naturaleza de los reclamos reafirmaba que el remedio interpuesto no había sido estructurado de acuerdo a las prescripciones que la Constitución de la Provincia (esto es, infracciones de los arts. 168 y 171 que pudieran padecer las sentencias definitivas de última instancia) y el Código Procesal Penal (art. 491, CPP) prescriben para el recurso de nulidad (conf. doctr. SCBA P. 116.164, res. del 6-XI-2013; entre otras).
Respecto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad señaló que en el escrito sólo aparecía la mención del art. 489 del Código Procesal Penal, "sin ningún otro desarrollo encaminado a dar sustento a esa vía de impugnación".
2. De lo reseñado no se advierte que el Tribunal intermedio haya excedido el juicio de admisibilidad que le concierne efectuar en virtud de las modificaciones introducidas por ley 14.647 al código de rito.
Contrariamente a lo denunciado por la defensa, el a quo -por un lado- se ciñó a precisar que los agravios no habían sido sustentados conforme la normativa específica correspondiente al recurso de nulidad, y por el otro, a sostener que en el escrito sólo se hacía alusión al art. 489 del Código Procesal Penal, sin ningún otro desarrollo argumental; es decir, se limitó a verificar la alegación de un motivo que habilitase su admisibilidad. Tal proceder de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; causa P. 125.455, resol. de 13/V/2015; P. 125.487, resol. de 15-VII-2015; P. 127.510, resol. de 2-II-2017; P. 127.745, resol. de 19-IV-2017; P. 127.574, resol. de 31-V-2017; entre otros).
Cabe recordar que esta Suprema Corte de Justicia ha dicho que el juicio de admisibilidad encomendado por el legislador al Tribunal que emite el pronunciamiento recurrido, alcanza a la verificación del abastecimiento de los recaudos formales "de acuerdo a las disposiciones comunes y específicas" del capítulo relativo a la impugnación extraordinaria (conf. art. 486 CPP). De allí que, dicho control, habrá de ceñirse a verificar que la impugnada sea una sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario; que el embate haya observado las exigencias relativas a la forma, el lugar y el tiempo del recurso; por quien tiene legitimación al efecto; y haya invocado alguno de los motivos casatorios taxativamente previstos para la vía de que se trate (conf. arts. 482, 483, 484, 489 y 491 del CPP; causa P. 125.523, resol. de 20-V-2015; P. 125.647, resol. de 15-VII-2015; causa P. 126.622, resol. de 22-III-2016; P. 126.647, resol. de 7-IX-2016; P. 125.910, resol. de 21-IX-2016; P. 126.014, resol. de 8-II-2017).
3. Por lo demás, la parte no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover los obstáculos formales en base a los cuales se desestimaron los remedios impugnativos.
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar -con costas- la queja interpuesta a favor de Jorge Javier Gómez (arts. 486 bis, 489, 491 y concs. del CPP, t.o. ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Fernando Roberto Martín por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia