Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128944
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Sandro Fausto Flores Battos (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
"FLORES BATTOS, SANDRO FAUSTO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 74.224 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV".
La Plata, 13 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 128.944-RQ, caratulada: "Flores Battos, Sandro Fausto s/ Recurso de queja en causa N° 74.224 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 16 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca que había condenado mediante el trámite de juicio abreviado- a Sandro Fausto Flores Battos a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas directamente para su consumo (v. fs. 39/42).
Para arribar a tal decisión, y luego de verificar que en el caso no se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por el art. 494 del Código Procesal Penal, expuso que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituía habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el superior tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal, conforme lo establecido por la CSJN en los precedentes Strada, Di Mascio y Christou de la Corte federal (v. fs. 57 y vta.). Y agregó que no bastaba con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza sino que era menester su correcto planteamiento, pues sólo así la Corte provincial se encontraría obligada de ingresar a su conocimiento como superior Tribunal de la causa (v. fs. 40 vta.).
Afirmó que ello no acontecía en autos desde que el reclamo se desentendía de lo efectivamente resuelto por el tribunal del recurso ante el mismo agravio planteado (v. fs. cit.).
En definitiva, explicó que la índole de las críticas desarrolladas en el recurso extraordinario tampoco habilitaban vía alguna de excepción, toda vez que se vinculaban en rigor- a temáticas de índole procesal y derecho común, las que por su naturaleza resultaban impropias de una eventual cuestión federal, argumento este que si bien había sido expuesto, no lo fue acompañado de la debida explicitación acerca de su relación directa e inmediata con lo resuelto en el fallo impugnado (v. fs. 41).
Concluyó que los argumentos defensistas no lograban demostrar por qué el razonamiento efectuado por ambos sentenciantes no resultaba una derivación razonada del derecho vigente atento los hechos ventilados en la causa ni la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estimaba comprometidas atento haberse abordado la cuestión y otorgado los fundamentos de su rechazo (v. fs. cit.).
II. Contra lo resuelto se alzó el doctor Nicolás Agustín Blanco Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación- mediante recurso de queja conf. art. 486 bis, CPP, t.o. ley 14.647- (v. fs. 46/55).
Luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales de admisión de la vía y de repasar los antecedentes que consideró relevantes del caso, para justificar la fundabilidad de su intento, advirtió que resultaba aplicable al caso lo fallado en Strada, Christou y Di Mascio por la CSJN, y los arts. 5 y 31 de la Const. nac. (v. fs. 51).
Tachó a la negativa de arbitraria pues se la fundó de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que cegaron la jurisdicción de este Tribunal al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la provincia (v. fs. 51 y vta.).
Remarcó que el caso se encontraba en condiciones de ser conocido por la Corte federal en atención a que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley eran de índole federal, pues se debatía en él que el Tribunal de Casación: a) vulneró el principio de inocencia y realizó una interpretación arbitraria del art. 27 del Código Penal que violentaba los principios de legalidad y pro homine de conformidad con el precedente Acosta de la CSJN; b) violentó el derecho de defensa y a ser oído al convalidar una sentencia que se apartó del acuerdo celebrado por las partes, omitiendo darle a la defensa la posibilidad de que se expida y, a su vez, burlando la voluntad del imputado que renunció al juicio oral entendiendo que la pena que se impondría no iba a superar los cinco años; c) tales cuestiones se vinculaban de manera directa con la solución del caso; d) las mismas se plantearon oportunamente; y e) el gravamen era actual (v. fs. 51 vta./52).
Con sustento en la doctrina de los aludidos fallos federales, expresó que esta Corte se encontraba obligada a intervenir como instancia previa al Máximo Tribunal nacional (v. fs. 52). Agregó que las limitaciones estipuladas por la ley procesal sobre la materia debían ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales por quebrantar los arts. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121 y 124 de la Constitución nacional "a fin de tutelar los derechos de rango supremo, convencionalmente reconocidos, a la defensa y al respeto a los principios de inocencia, legalidad y pro homine" (v. fs. 52 vta.).
Puso de resalto que la sede intermedia, defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia e ingresó en aspectos que excedieron el mero examen de admisibilidad formal, desnaturalizando así la función asignada por el art. 486 del digesto adjetivo. Citó, al efecto, lo resuelto en causa P. 85.977 (v. fs. 53).
Concluyó entonces que la decisión del Tribunal de Casación negó de manera arbitraria la concurrencia en el caso de los requisitos que determinaron la inaplicación de los límites que en razón del monto y la materia impone el art. 494 del Código Procesal Penal, lo que solicitó fueran inaplicados o declarados inconstitucionales (v. fs. 54 vta.).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
Si bien de la reseña elaborada en el apartado I surge que el Tribunal revisor efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad (v. puntualmente segundo y cuarto párrafo de fs. 41) y se inmiscuyó en la fundabilidad del recurso como acertadamente lo puso de manifiesto el quejoso-, el juicio negativo debe ser mantenido.
En efecto, el Tribunal de Alzada desestimó el carril extraordinario por estimar que los reclamos formulados en el recurso extraordinario se vinculaban con temáticas de derecho procesal y común que denotaban que en el caso no se encontraba comprometida una eventual cuestión federal, que si bien señaló que se había planteado, también afirmó que no fue acompañada de debida explicitación que demostrara la relación directa e inmediata con lo decidido en el fallo impugnado.
Así las cosas, el quejoso no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 102/110) y, una vez más, planteó las pretensas cuestiones federales de modo genérico sin vincularlas con las particulares características del caso. En definitiva, no demostró la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto (art. 14 de la ley 48).
De ahí que queda sin sustento la tacha de arbitrariedad atribuida al auto denegatorio del carril extraordinario.
En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Sandro Fausto Flores Battos (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia