Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129080
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.080-RQ, caratulada: "Ramírez, Hugo Ernesto s/ recurso de queja en causa n° 74.829 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 18 de mayo de 2017, declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Hugo Ernesto Ramírez contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, rechazó el recurso de la especialidad contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil que lo condenó a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de exhibiciones obscenas agravadas por haber sido cometidas en presencia de menores de trece años de edad reiteradas y abuso sexual simple, en concurso real (v. fs. 143/145 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que no se abastecieron los recaudos del art. 494 del ritual y que los agravios de pretensa índole federal vinculados con la determinación judicial de la pena (violación de los principios de culpabilidad y proporcionalidad), no resultan aptos para excepcionar los recaudos formales de dicha norma.
Explicó que tales críticas no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias y que tampoco se demostró la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto en caso (arts. 14 y 15 de la ley 48).
II. La Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso queja (v. fs. 148/152).
Alegó que el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley debió concederse pues en éste se denunció arbitrariedad y violación de los principios de culpabilidad por el acto y proporcionalidad de la pena, configurando ello cuestión federal suficiente (fs. 149 vta./150).
De seguido, sostuvo que el Tribunal de Alzada al desestimar por inadmisible la impugnación, excedió sus facultades en tanto se expidió sobre el fondo del asunto cuando sólo debió controlar los requisitos formales previstos por la ley (conf. arts. 482, 483, 484 y 494 del CPP) o, en su defecto, certificar si se había alegado la conculcación de alguna cuestión federal (conf. doctr. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional v. fs. 150 y vta.-).
Concluyó que el a quo ingresó en la procedencia al expedirse sobre la aptitud y carga técnica de los argumentos y, de este modo, privó a su asistido del acceso a la jurisdicción en el marco de la garantía de revisión amplia del pronunciamiento condenatorio (arts. 18, Const. nac. y 14.5., PIDCP). En su apoyo, citó las causas Ac. 89.880, y P. 85.977, entre otras (v. fs. 150/151 vta.).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis, CPP).
III. 1. En primer lugar, la defensora oficial no logró controvertir de manera eficaz la falta de suficiencia y carga técnica con que a criterio del a quo se fundaron las críticas de pretenso cariz federal vinculadas con la determinación judicial de la pena.
En efecto, la parte se limitó a desarrollar afirmaciones genéricas y dogmáticas sobre el punto, sin ningún anclaje en las particulares características del caso (v. fs. 149 vta./150), pretendiendo que la solitaria enunciación de garantías constitucionales habilitara sin más- a excepcionar los recaudos formales del art. 494 del ritual (conf. P. 126.878, resol. del 4-VIII-2016; P.126.309, resol. del 24-VIII-2016; P. 126.983, resol. del 12-IV-2017; P. 127.676, resol. de 21-VI-2017, entre otras de esta Corte).
Por el contrario, la defensa oficial debió explicar y no lo hizo- de qué manera los agravios de pretensa índole federal que expuso en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 138/142) se vincularían con el fallo del Tribunal de Casación que luego de analizar las cuestiones cuarta y quinta del veredicto condenatorio, resolvió que la sanción impuesta era proporcionada y adecuada al grado de injusto y a la culpabilidad del autor (v. sentencia de casación a fs.121/135 vta., en especial fs. 132/135).
III. 2. Por otra parte, la denuncia de exceso en la jurisdicción y de afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (v. fs. 150/152), tampoco puede prosperar.
Cabe recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf.. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P.125.455, resol. del 13-V-2015, P. 125.523, resol. del 20-V-2015, P. 125.506, resol. del 3-VI-2015, P. 125.630, resol. del 17-VI-2015, P. 125.577, resol. del 17-VI-2015, e.o.).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad (v. punto I.).
Lo vinculado con el acceso a la jurisdicción, por otra parte, quedó huérfano de desarrollos argumentales suficientes para controvertir el fundamento principal del juicio negativo de admisibilidad efectuado a fs. 143/145 vta..
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia