Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129152
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs. del CPP., según ley 14.647).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.152-RQ, caratulada: "Poliverigiani, Gastón o Guiliani Poliverigiani, Gastón s/ recurso de queja en causa N° 74.540 del Tribunal de Casación Penal Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de marzo de 2017, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de esa Sala que rechazó por inadmisible la queja deducida contra la resolución de la Sala Primera de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro que no hizo lugar al recurso de casación incoado contra la decisión que confirmó el auto del Juzgado Garantías que había denegado la eximición de prisión solicitada a favor de Gastón Poliverigiani o Guiliani Poliverigiani (v. fs. 61/64).
II. Contra lo así decidido, el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación -doctor Daniel Aníbal Sureda- dedujo recurso de queja (v. fs. 68/73 vta.).
Allí se disconformó con el juicio de admisibilidad de la vía extraordinaria realizado por el tribunal recurrido, en cuanto negó entidad a las cuestiones federales articuladas a los fines de habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte federal (v. 70 vta.).
Advirtió que en el remedio local se denunció la vulneración de las garantías constitucionales a la defensa en juicio, debido proceso y a la no arbitrariedad de las sentencias judiciales en orden al derecho a obtener una sentencia motivada y, si bien el órgano intermedio hizo referencia a los agravios en cuestión, la respuesta brindada denota una falta de tratamiento que -según afirma- desnaturalizó su función revisora (v. fs. 71).
Precisó que el a quo debió explicar "razonadamente [por qué] la propuesta de [esa] parte resultaba insuficiente en orden a la demostración de la arbitrariedad de la sentencia" cuando "claramente se indicó el menoscabo al acceso a la justicia [...] que se generó a partir de la negativa de dicho órgano jurisdiccional de intervenir en casos [...] donde se discute una cuestión federal" (fs. 71 vta.).
Sostuvo que de tal modo, el órgano intermedio se desentendió del resto de las garantías constitucionales y convencionales que rigen la materia, "que no se agotan solamente en la garantía a la doble instancia". A partir de ello dedujo que al analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley "no hace más que encubrir su propia omisión, circunstancia que ya se dejara entrever en el recurso en cuestión" (fs. cit.).
Con cita del precedente P. 85.977 de esta Corte, apuntó que existe un parámetro aplicable al caso concreto en el sentido de que no resulta adecuado que el tribunal que resuelve la sentencia en crisis sea quien analice si ha incurrido en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal, tarea que resulta reservada al tribunal superior (v. fs. 72).
Agregó que en tal sentido, se vería involucrada en el caso la "cuestión sobre la imparcialidad judicial", trayendo a colación criterios asumidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "aplicables a la interpretación de la garantía del art. 8.1 de la CADH" (fs. cit. y vta.).
En consecuencia, consideró que la decisión del Tribunal de Casación al declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley con base en la pretendida insuficiencia de la presentación al omitirse acompañar con un fundamento argumental autónomo la violación a los derechos y garantías constitucionales y convencionales denunciados no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria intentada (v. fs. 72 vta.).
Sostuvo, finalmente, que su asistido se vio privado de acceder a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional propia de la competencia del órgano casatorio (v. fs. cit.).
III. La queja no es de recibo.
1. De la lectura del pronunciamiento en crisis se observa que el Tribunal de Casación, en primer lugar, afirmó que la presentación se articuló en tiempo y forma contra una resolución equiparable a definitiva (v. fs. 62).
Luego, recordó que el recurso de inaplicabilidad de ley debe fundarse en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o en la doctrina legal referida a ella, requisito que no se observaba en el caso pues el mismo versa sobre una materia de carácter procesal como es la interpretación que esa sede brindó del art. 450 del Código Procesal Penal. De seguido, analizó si mediaba algún planteo federal a los fines de sortear el valladar del art. 494 del ritual en orden a la admisibilidad del recurso, y -en su caso- si éste había sido formulado con suficiencia (v. fs. 62 vta.).
Expuso que si bien en el caso la defensa alegó la existencia de arbitrariedad, las diversas aseveraciones formuladas no lograban evidenciar la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Constitución nacional) y que en ese sentido el autor de la queja no ponía en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado sin perjuicio de no compartir los fundamentos brindados (v. fs. cit./63).
En consecuencia, señaló que la arbitrariedad traída como cuestión federal no había sido articulada con la suficiencia y la carga técnica necesarias para que su pretensión sea considerada en esa sede (v. fs. 63).
Por otro lado, razonó que no obstante haberse alegado la violación a diversos derechos y garantías constitucionales y convencionales, el recurrente no había acompañado fundamento argumental autónomo que demostrase por qué -a su criterio- la sentencia en crisis había restringido de manera directa e inmediata las garantías invocadas, ni qué relación tenía ello con la solución pretendida del caso.
En base a lo expuesto concluyó que el recurso no presentaba la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, se encuentran involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que puedan sortear los requisitos objetivos previstos en el art. 494 del Código Procesal Penal y que pudieran viabilizar formalmente la competencia revisora del Superior Tribunal provincial, como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48 (v. fs. cit. y vta.).
En definitiva, afirmó que mantenían plena vigencia los límites de recurribilidad establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal, descartando el pedido de inconstitucionalidad de dicha norma (v. fs. 63 vta.).
2. De lo hasta aquí expuesto surge que la queja intentada dejó incontrovertido el fundamento en base al cual se desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -carencia de aptitud y carga técnica necesaria a fin de sortear el valladar que la norma establece-. De ese modo, la presentación directa no logra autoabastecerse y se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por otra parte, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH) resulta insuficiente en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs. del CPP., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia