Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128321
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Gladys Mabel Martínez, con costas (arts. 486, 486 bis y concs., CPP).
"MARTINEZ, GLADYS MABEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 74.833 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.321-RQ, caratulada: "Martínez, Gladys Mabel s/ Recurso de queja en causa N° 74.833 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 20 de septiembre 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que rechazó la vía homónima y confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial La Matanza en cuanto condenó a Gladys Mabel Martínez a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por la coautoría penalmente responsable de los delitos de tentativa de homicidio simple, dos hechos, en concurso real entre, declarándola reincidente (v. fs. 51/53 vta.).
II. Contra dicho decisorio, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso de queja -art. 486 bis , CPP- (v. fs. 57/66 vta.)
En primer lugar efectuó una pormenorizada reseña de los antecedentes del caso (v. fs. 57 vta./62).
A continuación, afirmó que el carril fue erróneamente denegado, y postuló que si bien la pena impuesta no abastece el monto fijado por la ley ritual, deviene aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de lo fallado en "Strada", "Christou" y "Di Mascio"- (v. fs. 62).
Consideró que la resolución que motiva la queja en trato importa privación del rol institucional básico que le asiste a este Tribunal, ello es, velar por la administración de justicia -arts. 5 y 31 de la Const. nac.-. Tachó de arbitrario lo decidido, y denunció que se funda "de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas" (v. fs. cit. y vta.).
Manifestó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte nacional, toda vez que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad revisten naturaleza federal -vulneración al derecho a la revisión de la sentencia de condena-; que la cuestión aludida se vincula de manera directa con la solución del caso; que fue oportunamente planteada y que el gravamen originado -en consecuencia- es actual (v. fs. 62 vta./63). Adunó que esta Suprema Corte está obligada a tratar la cuestión federal -art. 5 de la Const. nac.-, y -a todo evento- dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal a fin de tutelar derechos de rango supremo -al doble conforme- (v. 63 y vta.).
Puso de resalto que la sede intermedia, además de señalar dicha limitación de fuente local, no halló asidero en las denuncias constitucionales esbozadas al amparo de los precedentes de la Corte federal aludidos, mediante la formulación de "consideraciones dogmáticas e inaplicables a las constancias de la causa", atribuyéndole al remedio denegado un criterio divergente con lo fallado. Agregó que el auto adverso razonó que los embates no lograban habilitar vía alguna de excepción, pues configuran temáticas de índole procesal y común, ajenas a una cuestión federal. Asimismo, sindicó que también descartó un planteo bajo dicha naturaleza por no haber sido acompañado de la debida explicitación acerca de su relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que denunció comprometidas, por haberse abordado la cuestión y otorgado los fundamentos de su rechazo (v. fs. 64).
En dicho razonar, afirmó que el decisor, defendiendo su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia, ingresó en aspectos que excedieron el mero examen de admisibilidad formal; lo que -destacó- desnaturaliza la función asignada por el art. 486 del Código Procesal Penal. Citó lo resuelto en causa P. 85.977 (v. fs. 64 y vta.).
Confrontó con la inexistencia de una causa federal suficiente que le reprochó el auto denegatorio, y lo tachó de arbitrario por apartarse de las constancias de la causa. Expuso que en el carril se denunció el tránsito aparente por ante la instancia revisora, en frustración al derecho del doble conforme y la doble instancia (v. fs. 65).
Finalmente, se ocupó de la falta de relación directa e inmediata. Señaló que no aprecia qué otra fundamentación podría portar el recurso interpuesto. Advirtió que se invocó el derecho a la revisión, se cuestionó la mera reiteración de los argumentos dados en el fallo de condena, y se trajeron a colación pronunciamientos del sistema interamericano, de esta Suprema Corte y el Máximo tribunal. Concluyó que el recurso portaba la fundamentación mínima requerida y mostraba directamente su procedencia (v. fs. 65 vta.).
Por último, indicó que la decisión de la casación interpretó de manera arbitraria la concurrencia en el caso de los límites de admisibilidad del art. 494 del Código Procesal Penal, los cuáles han de ser inaplicados o declarada su inconstitucionalidad (v. fs. cit./66).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis , CPP).
1. Para arribar al decisorio adverso, en primer lugar, el a quo halló inabastecida la exigencia respecto al quantum punitivo. A continuación, luego de señalar la aptitud de la vía para la incoación de eventuales embates de naturaleza federal -art. 14, ley 48-, señaló que a los fines de la admisibilidad del reclamo resulta menester su correcto planteamiento -conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la CSJN- (v. fs. 59 y vta.). No obstante, razonó que dicha situación no se patentizaba por desentenderse el reclamo de lo efectivamente resuelto por el tribunal de recurso (v. fs. 52 vta./53). Razonó que la parte se limitó a esbozar un criterio divergente, sin lograr habilitar vía alguna de excepción, en tanto halló que las críticas del carril se vinculaban con cuestiones de índole procesal y derecho común -producción y valoración de la prueba-. Adunó que el argumento de naturaleza federal introducido por el impugnante no fue acompañado de la debida explicitación en punto a la relación directa e inmediata con lo resuelto en el fallo impugnado (v. fs. 53).
Concluyó, en que los planteos de la parte no lograban demostrar porqué el razonamiento efectuado no resulta una derivación razonada del derecho vigente, ni la relación directa e inmediata entre lo fallado y las vulneraciones constitucionales a las que alude, pues -destacó- se abordó la cuestión y se dieron los fundamentos de su rechazo (v. fs. cit. in fine ). Para finalizar, hizo mención al carácter excepcional que reviste la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, con cita de lo resuelto por la Corte federal en Fallo 310:234 (v. fs. 53 in fine y vta.).
2. Ahora bien, de lo reseñado en el acápite II surge que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los cuales la sede casacional basó la inadmisibilidad del remedio extraordinario deducido.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo , en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal y que la misma guardaba relación directa e inmediata con la materia del juicio.
Para más, centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En definitiva, el autor de la queja no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48), falencia sobre la que el auto denegatorio basó su respuesta, que la parte no se esfuerza en rebatir.
En función de lo indicado, queda sin sustento -también- la mentada arbitrariedad que intentó endilgarle al decisorio en crisis.
Resta agregar que la denuncia de exceso por apartamiento de lo normado por el art. 486 del CPP -v. fs. 64 vta.-, tampoco es de recibo. Pues, tiene dicho esta Suprema Corte que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP -según ley 14.647-; P. 125.506, res. del 3-VI-2015; P. 126.907, resol. de 19-X-2016; P. 128.408, resol. de 12-VII-2017; e.o.). En definitiva, en contra del reproche efectuado por la parte, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Gladys Mabel Martínez, con costas (arts. 486, 486 bis y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3097
Fin de la sentencia