Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128361
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja traída por el defensor oficial Adjunto a favor de Lucas Alejandro Martínez, con costas (art. 486 bis , CPP).
"MARTÍNEZ, LUCAS ALEJANDRO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 74.607 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA III".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.361-RQ, caratulada: "Martínez, Lucas Alejandro s/ recurso de queja en causa N° 74.607 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 25 de octubre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que rechazó la vía homónima y confirmó lo fallado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora en cuanto condenó a Lucas Alejandro Martínez a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por la coautoría penalmente responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego (v. fs. 43/45 vta.).
II. Contra lo así decidido, interpuso recurso de queja el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- (v. fs. 50/55 vta.).
Efectuó un pormenorizado detalle de los antecedentes de la causa, con especial énfasis en el planteo efectuado en el memorial (v. fs. 49 vta./51 vta.).
De seguido, transcribió parcelas del auto adverso y concluyó que el órgano desestimó el carril extraordinario a partir de tres motivos: a) la falta de demostración de la relación directa e inmediata entre las garantías invocadas y lo resuelto en el caso, b) la mera discrepancia de opinión y el carácter teórico de la queja, y c) la ausencia de contra argumentación a los motivos de la sentencia impugnada (v. fs. 52).
A continuación, afirmó que de la vía rechazada dimana la inconsistencia del primer motivo. Explicó que allí se especificó que el apartamiento del plazo estipulado por el art. 344 del Código ritual por el órgano de condena, afectó la garantías del debido proceso y la defensa en juicio, así como los principios que rigen el juicio oral, esto es, la continuidad, inmediación y concentración (v. fs. 52 y vta.). Agregó, que se citaron diversos precedentes y doctrina sobre el punto, a los cuales se remitió (v. fs. 52 vta.). Transcribió el parágrafo del remedio en el cual se llevó el planteo de cita (v. fs. cit.).
Entendió que un criterio a contrario implicaría convalidar el quebranto de una norma de carácter procesal, reglamentaria de una garantía constitucional (v. fs. cit.).
Advirtió que carece de toda razonabilidad afirmar que no refutó los motivos brindados por el órgano casatorio, pues del remedio denegado se evidencia la impugnación "adecuada y oportun[a]" de las razones brindadas por la Sala (v. fs. 53).
Refirió a la falta del perjuicio concreto y debidamente probado y la carencia de fundamentos sobre cómo dicha dilación resultó determinante a los fines de la condena (v. fs. cit. in fine ). Esgrimió que se señaló específicamente que la disposición iure et de iure sobre la suspensión del debate por más de diez días afecta la continuidad del proceso, acarreando agravios que devienen en la nulidad absoluta de lo actuado (v. fs. cit. in fine y vta.).
En relación a la mera discrepancia endilgada, y el carácter teórico de sus embates, se remitió a lo expuesto en el carril mediante reproducciones textuales. Concluyó que surge clara la relación directa e inmediata entre las garantías invocadas y lo resuelto en el caso (v. fs. 53 vta.).
A continuación, se explayó respecto al riesgo que conlleva el análisis de un decisorio por el mismo órgano que lo dictó, y advirtió que el auto que obturó el acceso a esta Corte configura la reiteración de los motivos dados en el acuerdo casatorio, lo que -agregó- se traduce en una defensa de su propia sentencia. Citó precedentes de esta Suprema Corte y doctrina (v. fs. 54 y vta.).
Concluyó que la desestimación, cimentada en el inadecuado planteo de la cuestión federal, no puede considerarse "válida y suficiente" para obturar el acceso a los tribunales superiores. Requirió que se eviten los rigorismos formales a fin de evitar el quebranto al principio de legalidad, y denunció que se vedó el acceso a la jurisdicción en el marco del derecho a la defensa contra la sentencia de condena -arts. 14.5 del PIDCP y 15 de la Constitución provincial- (v. fs. 54 vta./55).
III. La queja no prospera (art. 486 bis , CPP).
1. En primer lugar, el a quo halló reunidas las exigencias de los arts. 482 y 483 del Código Procesal Penal, y advirtió que no ocurría lo mismo con la motivación exigida por los arts. 484 y 495 "frente al monto de pena exigido por el art 494, todos del digesto adjetivo" (v. fs. 44).
Expuso que, insatisfechas las exigencias específicas, el carril configura la vía idónea para el planteo de las cuestiones federales, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal -art. 14, ley 48-, y agregó que debe efectuarse un correcto planteamiento, no bastando con su mera invocación. Sentado ello, advirtió que la parte no logró demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. cit. y vta.). Explicó que el carril "se agota en la mera queja teórica", sin abordar y refutar las razones dadas por la Sala, omitiendo responder o contra argumentar "el análisis brindado especialmente a fs. 40, último párrafo y vta." (v. fs. 44 vta./45).
Concluyó que la queja se redujo a una mera discrepancia de opinión en punto a la interpretación de las normas procesales involucradas, no configurando una motivación válida de la lesión constitucional que denuncia, y -en consecuencia- afirmó la vigencia de la limitación ritual (v. fs. 45).
2. Más allá de la terminología empleada por el a quo , el juicio negativo debe confirmarse.
Ello, pues el argumento basal por el cual se obturó el acceso a esta Suprema Corte radica en la que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria -pues omitió realizar una crítica razonada y precisa del decisorio atacado, limitándose a exponer un criterio divergente-, siendo este tópico parte integrante del análisis que -en este caso el Tribunal casatorio- debe efectuar, de conformidad con el art. 486 del Código ritual (conf. P.125.455, res. del 13-V-2015, P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P. 125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, e.o. de esta Corte).
Frente a ello, el quejoso, lejos de controvertir dicho obstáculo ciñó sus argumentos a reiterar la falencia endilgada, remitiéndose a los embates llevados en la vía denegada sin evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas, se vinculan con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Tampoco prospera el agravio -esgrimido desde otro andarivel- vinculado con la afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 14.5, PIDCP y 15 de la Constitución provincial), atento a la generalidad del planteo.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja traída por el defensor oficial Adjunto a favor de Lucas Alejandro Martínez, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3121
Fin de la sentencia