Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128373
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de David Román Sánchez Sosa (art. 486 bis , y conc., CPP).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.373-RQ, caratulada: "Sánchez Sosa, David Román s/ recurso de queja en causa N° 74.968 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 11 de agosto de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad incoado contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Martín que condenó a David Ramón Sánchez Sosa -en el marco de la causa n° 1.920- a la pena de un año y seis meses de prisión, costas, y su declaración de reincidencia -por segunda vez-, por la autoría penalmente responsable de delito de daño doblemente calificado; fijando -en definitiva- la pena única de cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, más declaración de reincidente por segunda vez, comprensiva del fallo mencionado y de la recaída en la causa n° 1.708/00 del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mercedes que le impuso una pena de tres años y nueve meses de prisión y costas. En consecuencia, casó la sentencia y readecuó la sanción -impuesta en la IPP de mención- en cinco meses de prisión, con la incolumidad de las restantes declaraciones; consecuentemente, dictó la pena única de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, más su declaración de reincidente por segunda vez (v. fs. 47/41 vta. y fs. 16/24 vta.).
Para decidir de tal modo, el a quo señaló cumplidas las exigencias del art. 482 del Código Procesal Penal, no obstante advirtió que la propia parte reconoce la limitante del monto punitivo en el marco de la vía escogida (v. fs. 38). Mencionó que intenta sortear ello a partir de la denuncia de vulneración a diversas garantías constitucionales - reformatio in pejus , defensa en juicio y debido proceso-, y citó lo fallado en P. 108.624 por esta Suprema Corte (v. fs. 38 y vta.).
Agregó, que frente a las argumentaciones que la defensa efectúa bajo el ropaje federal resulta aplicable lo fallado por este Tribunal en P. 106.222, el cual transcribió (v. fs. 38 vta./39).
De seguido, coligió en la falta de aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que -en el caso- estén involucras de manera directa o inmediata cuestiones federales que permitan excepcionar el valladar aludido, pues -razonó- que la vía configura una reedición de los motivos de agravio llevados en el remedio casacional, desentendiéndose de lo resuelto, y "sin rebatir de forma concreta y circunstanciada dicha sentencia" (v. fs. 39 y vta.).
Finalmente, entendió que la parte no evidenció porqué resultan aplicables los precedentes de la Corte federal que cita. En refuerzo de ello mencionó lo resuelto por este Tribunal en P.118.283 (v. fs. 39 vta.).
Concluyó en la plena vigencia de las limitaciones rituales y desestimó el confronte constitucional de la norma. Ello con mención al precedente P. 106.387 (v. fs. 39 vta./40).
II. Contra lo así decidido, interpuso recurso de queja el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor José María Hernández- (v. fs. 49/57 vta.).
Efectuó un pormenorizado detalle de los antecedentes de la causa, con especial énfasis en la tarea que readecuó la sanción (v. fs. 49 vta./53).
De seguido, advirtió que el recurso de inaplicabilidad de ley fue erróneamente desestimado (v. fs. 53 in fine ).
Aclaró que la limitación de la norma ritual no debe gravitar, pues si bien los embates no refieren propiamente a la ley sustantiva, sí a la interpretación y aplicación de normas de rango supremo, debiendo observarse la doctrina emanada de la Corte federal en precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. 53 vta.).
Adunó que lo decidido importa una negación de la competencia apelada de la Corte provincial, que priva a este Tribunal de velar por la supremacía de la Constitución nacional y el bloque federal -arts. 5 y 31 de la Const. nac.- (v. fs. cit.). En ese marco, tachó de arbitraria la decisión en crisis por cimentarse en fórmulas genéricas y abstractas inaplicables al caso. Explicó que el auto le reprochó argüir cuestiones procesales y supuestos de arbitrariedad fáctica "que no fueron invocadas por esta parte en procura de la apertura de la vía extraordinaria" (v. fs. cit. in fine ).
Adujo que el carril denegado se fundó en el quebrantamiento de la prohibición de la reformatio in pejus del Tribunal revisor, y la afectación a los derechos de defensa en juicio y debido proceso legal. Explicó que dicho perjuicio dimana de la modificación que efectuó el órgano de puntos que no habían sido objeto de recurso por parte del Fiscal -valoración de agravantes y atenuantes- (v. fs. 54). Sumó, que se expuso cómo afectaba lo actuado por el órgano en el marco de la garantía de cita, y por qué resultaba aplicable la jurisprudencia traída a colación. En ese marco, resaltó que fue señalado el rango federal y el alcance de la vulneración (v. fs. cit. in fine y vta.).
Agregó que el auto adverso negó la existencia de la cuestión federal planteada sobre formulaciones jurisprudenciales de esta Corte "que refieren únicamente a supuestos de arbitrariedad en la valoración de la prueba" lo que -añadió- configura un apartamiento del planteo llevado a su conocimiento. Puntualizó que el órgano "nada dice" respecto a la denuncia de infracción constitucional (v. fs. 54 vta.).
De seguido, añadió que se le atribuyó a la parte falta de fundamentación autónoma en el planteo de la naturaleza señalada, y su relación directa con la solución del caso, a partir de lo que entendió como una reedición de agravios, y el desentendimiento de los fundamentos de la sentencia intermedia (v. fs. cit. in fine ). Confrontó con ello en tanto -expuso- no podrían reeditarse agravios que surgen recién con el decisorio atacado mediante el carril extraordinario. Expuso que tampoco existe argumento alguno que permita apartarse del criterio adoptado por el Tribunal de la instancia (v. fs. cit./55). En virtud de lo expuesto halló aplicable la doctrina de la Corte federal citada (v. fs. 55).
Descartó la falta de conexión entre la jurisprudencia aludida y la arbitrariedad del fallo que le endilgó el auto, pues -advirtió- que el carril explicó que al imponer la pena única de cuatro años de prisión se había mensurado la condena por el delito de robo de modo más gravoso que en la sentencia de mérito, en infracción a la garantía de la reformatio in pejus (v. fs. cit. y vta.). Indicó que la Corte federal tiene dicho que la ausencia del recurso fiscal inhibe al Tribunal de alzada para modificar la sentencia en desfavor del imputado, y concluyó que la denegatoria del remedio configura un apartamiento de dicho criterio. Trajo a colación el fallo "Martins" del mentado órgano (v. fs. 55 vta.).
Por todo lo expuesto, consideró que el auto porta la causal de arbitrariedad por apartamiento infundado de la citada doctrina de la Corte nacional (v. fs. cit. in fine /56).
Explicó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal, pues los agravios postulados en el remedio local revestían carácter federal -infracción al debido proceso y el derecho de defensa por inobservar la prohibición de la reformatio in pejus - que la misma había sido oportunamente planteada, y que el gravamen era actual (v. fs. cit.).
Coligió en que resultaba aplicable en autos la doctrina de los fallos citados, debiendo dejarse de lado o declarar la inconstitucionalidad del límite que trae el art. 494 del Código Procesal Penal, a fin de tutelar el derecho del doble conforme prealudido (v. fs. 56 vta./57).
III. La queja no prospera (art. 486 bis , CPP).
Más allá de las falencias del análisis llevado a cabo por el Tribunal Casatorio el marco del art. 486 del Código de rito, a los fines de no dilatar el trámite del proceso (art. 2, CPP), corresponde a este Tribunal llevar adelante el juicio de admisibilidad del planteo, desde que su examen no modificará la solución a la que arribó el tribunal intermedio.
Es que, de los propios argumentos brindados por el impugnante, dimana que bajo la pretensa naturaleza constitucional, la parte objeta la imposición de la sanción única (4 años de prisión) por entender que la readecuación en cinco meses de la penalidad impuesta en la presente causa por el Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Martín -originalmente fijada en 1 año y seis meses-, importa una infracción a la prohibición de la reformatio in pejus "en relación a la condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mercedes, en causa n° 1708/00, sin que la valoración que de ésta hubiera hecho el a quo hubiera sido objeto de recurso por parte del Ministerio Público Fiscal" (fs. 30, recurso extraordinario del art. 494, CPP).
Es decir, el impugnante discrepa con el ámbito de individualización llevado a cabo por el órgano que redujo la sanción impuesta en autos en un año y un mes, pero sólo disminuye el quantum único en un año, lo que -a su entender- "brinda un mayor peso agravatorio a la condena dictada en la causa 1708/00" (fs. cit. in fine ); cuestión que -a contrario de lo pretendido por la parte- no involucra un supuesto de reformatio in pejus .
En este marco, el quejoso no logra demostrar que en el caso se halle involucrada una cuestión de naturaleza federal que amerite aperturar el tránsito por ante esta instancia -conf. "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte federal-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de David Román Sánchez Sosa (art. 486 bis , y conc., CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3126
Fin de la sentencia