Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129199
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.199, "Méndez, Julio César. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 74.395 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de julio de 2016 rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Julio César Méndez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín, que lo condenó -mediante juicio abreviado- a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, más la declaración de reincidente, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por haber ocasionado lesiones graves y con la utilización de un arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra agravada por registrar una condena anterior; y a la pena única de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, más la declaración de reincidencia comprensiva de la impuesta en la presente causa y la dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Morón con fecha 20 de abril de 2010, de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, más su declaración de reincidencia, en orden a los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego reiterado en dos oportunidades y portación ilegal de arma de guerra en concurso real (v. fs. 20/25 vta., en relación con fs. 3/6).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 32/40 vta.), el que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 42/45).
La defensa interpuso recurso de queja ante este Cuerpo (v. fs. 91/99 vta.), siendo admitida por resolución del 11 de abril de 2018, y concedido el remedio extraordinario en trato (v. fs. 100/103 vta.).
A fs. 110/113 vta. dictaminó la Procuración General, a fs. 114 se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa criticó la sentencia que recurre que confirmó lo decidido en la primera instancia, en cuanto fijó una "pena única" superior a la acordada en el procedimiento de juicio abreviado, con evidente perjuicio a su defendido (v. fs. 34/36).
Señaló que el acuerdo abarcó tanto la sanción a fijar en el presente proceso, como la unificada y que con ello se afectó la naturaleza del juicio abreviado, al haberse apartado de lo pactado por las partes.
El recurrente cuestionó que el Tribunal de Casación haya argumentado que "...es facultad discrecional del magistrado a cargo de las causas fijar la pena única dentro de los límites establecidos por la suma de ambas condenas..." (fs. 34 y vta.). La defensa opinó que esta interpretación desnaturaliza las normas que rigen el procedimiento abreviado, que es arbitraria, y que viola el principio pro homine siendo éste identificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como "...principio de interpretación extensiva de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones".
Dijo que el acuerdo es un límite para el juzgador según el art. 399 del Código Procesal Penal y que el sostener "...que sólo basta con que se brinde fundamento a la decisión de imponer una pena única superior a la pactada [...] -mediante el sistema de suma aritmética- es realizar una interpretación arbitraria..." (fs. 36) y contra legem de las normas que rigen el instituto.
Como segundo embate, la defensa volvió a agraviarse de la sentencia del Tribunal de Casación al haber convalidado un pronunciamiento violatorio de las garantías constitucionales de imparcialidad del órgano jurisdiccional, del debido proceso y la defensa en juicio. Citó los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 36 y 40).
Afirmó que lo decidido violó el sistema acusatorio, cuyo principio esencial es que la decisión del tribunal está limitada al reclamo de un acusador y a su contenido. Relacionó esa regla con la garantía de ser juzgado por un tribunal imparcial y citó el fallo "Tarifeño" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del cual extrae que la acusación está compuesta por la hipótesis fáctica que esgrime el fiscal y el concreto pedido de pena fundado en las pruebas de autos (v. fs. 36 vta.).
Señaló que hubo un exceso en el ejercicio de la actividad jurisdiccional por sobre la pretensión del acusador al haber aplicado una pena más gravosa a la solicitada, usurpando funciones que no le pertenecían vulnerando así la garantía de imparcialidad (v. fs. 38 vta. y 39).
II. Al igual que el señor Procurador General, estimo que el recurso debe rechazarse.
III. El Tribunal de Casación, en lo que resulta de interés, advirtió que "...el agravio confunde institutos de índole procesal [...] como es el procedimiento abreviado [...] y el [...] de unificación de penas...", y agregó que las finalidades de ambos son absolutamente disímiles rigiéndose por presupuestos distintos, basados en situaciones que no tiene que ver una con otra (v. fs. 21 vta.).
Indicó que el procedimiento de juicio abreviado es una facultad que la ley otorga a las partes para el dictado de la sentencia que ponga fin al proceso, en cambio, la unificación de penas o condenas es un imperativo legal que surge de manda del art. 58 del Código Penal y que tiene por finalidad "...hacer cumplir con el principio de injerencia penal única del Estado por intermedio de la aplicación de una única condena (principio de unidad de la reacción penal o de pena total)", toda vez que no pueden coexistir penas impuestas en forma independiente (v. fs. 21 vta. y 22).
Sentado ello, aseveró que las previsiones establecidas en el Código Procesal Penal para el juicio abreviado no son de aplicación en el trámite de unificación de penas.
Puntualmente con relación al método de unificación elegido por el tribunal de origen, señaló que el art. 58 del Código Penal no sólo alcanza los casos de concurso real sino también cuando existe una pena vigente y se deba penar nuevamente al mismo sujeto, a fin de evitar la coexistencia de penas impuestas en forma independiente.
Explicó que la norma establece dos formas de unificación, una relativa a las penas y otra a las condenas, y que para ambos casos corresponde imponer una única pena conformada con la mínima más alta y la suma de las máximas, sin poder exceder el tope establecido en el art. 55 del Código Penal. Aludió a la facultad discrecional del juez al fijar la pena, pudiendo utilizar el sistema aritmético o composicional, pero debiendo "...justificar acabada y fundadamente los motivos..." de su decisión, lo que consideró cumplimentado en autos al haber optado el juez de origen por la suma aritmética de las penas, valorando las pautas agravantes y atenuantes y explicado los motivos que lo llevaron a adoptar el sistema empleado (v. fs. 23 vta./24 vta.).
IV.1. Corresponde aclarar que si bien el agravio se vincula con una cuestión de corte procesal, ajena por regla a la competencia de esta Corte (conf. causas P. 78.944, sent. de 14-X-2009; P. 113.200, resol. de 12-XII-2012; P. 113.024, resol. de 10-VII-2013; P. 114.309, resol. de 14-VIII-2013; P. 114.326, resol. de 28-VIII-2013; P. 115.084, resol. de 4-IX-2013; P. 116.223, resol. de 25-IX-2013; P. 117.484, resol. de 9-X-2013; P. 119.173, resol. de 20-XI-2013; P. 118.688, resol. de 4-XII-2013; P. 118.896, resol. de 7-V-2014; e.o.), lo cierto es que fue admitido a partir de su enlace con cuestiones de índole federal (v. fs. 102 vta.), lo que permite su abordaje como excepción en esta sede -conforme doctrina Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), entre otros-.
Bajo el aludido parámetro es que habrá de abordarse el recurso impetrado, sin que sobre señalar que más allá de que la parte haya fraccionado en dos segmentos su queja, en puridad ésta se dirige a cuestionar la imposición de una "pena única" superior a la convenida.
IV.2. Sentado ello, el recurrente no logra plasmar la arbitrariedad denunciada, ni que la decisión en crisis resulte producto de un parecer privativo de los jueces sin apoyo de fundamentación debida y suficiente, como para despojar a aquélla del carácter de acto jurisdiccional válido (art. 18, Const. nac.).
Fundamentalmente porque se desentiende del diverso carácter y fundamento legal que gobierna cada instituto: el de procedimiento del juicio abreviado, en el que se establece que la pena respecto del hecho ilícito en que se sustenta el acuerdo tiene como límite la solicitada por el fiscal -no pudiéndose establecer una superior; art. 399 del Código Procesal Penal-; y el relativo a la unificación de penas o condenas, regido por el art. 58 del Código Penal y por fuera del ámbito de aquél, en el cual no rige el mismo presupuesto, siendo los jueces soberanos a la hora de establecer la pena, sólo sometidos al marco de la escala del tipo penal respectivo, fijándola de acuerdo a las pautas atenuantes y agravantes particulares del caso, a tenor de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, sin poder sobrepasar el tope legal (conf. art. 55, Cód. Penal; v. fs. 22/24).
Por lo demás, lo decidido por la Casación en este punto se corresponde mutatis mutandi con la doctrina de esta Corte en causa P. 91.490, sentencia de 1-IV-2009, sin que la parte formule ninguna consideración nueva atendible.
IV.3. En consecuencia, cabe concluir en la insuficiente formulación de los agravios de pretenso cariz federal: transgresión a la garantía de imparcialidad del juzgador, derechos del debido proceso y defensa en juicio (doctr. arts. 15, ley 48 y 495, CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia