Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128493
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja deducida por el señor Defensor Oficial Adjunto a favor de Alejandro Javier Vera, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.493-RQ, caratulada: "Vera, Alejandro Javier s/ Recurso de queja en causa N° 74.013 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 27 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que -denegando el recurso homónimo- confirmó lo resuelto por el Tribunal en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora en cuanto no hizo lugar -por extemporánea- a la reserva de recurrir la sentencia condenatoria (v. fs. 45/47 vta.).
Para así fallar, señaló que el pronunciamiento recurrido no resulta definitivo, ni -por sus efectos- asimilable a tal -art. 482, CPP- (v. fs. 46). Continuó explicando que los recursos previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra decisorios que reúnen dicha exigencia, lo que -reiteró- no acontece en autos (v. fs. cit. in fine).
Agregó que las alegaciones de la parte respecto a la naturaleza federal de sus planteos, y un eventual apartamiento de la doctrina de esta Suprema Corte, "no habilita el acceso a la instancia extraordinaria" (fs. 46 vta.), y advirtió que la invocación de garantías y principios constitucionales no supera el incumplimiento del art. 482 del Código de rito, en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de tales problemáticas. Sobre el punto, trajo a colación lo resuelto en P. 115.582 (v. fs. cit./ 47).
II. Contra lo así fallado, el señor defensor oficial adjunto -doctor Daniel Aníbal Sureda- articuló recurso de queja en los términos del art. 486 bis, Código Procesal Penal (v. fs. 50/55).
Efectuó un pormenorizado detalle del devenir de la causa. Narró que al notificarse sobre el cómputo de pena, Vera manifestó su voluntad de recurrir la sentencia condenatoria, lo cual fue puesto en conocimiento de su defensor particular (v. fs. 50 vta.). Agregó, que ante la omisión de cauce jurídico revocó el poder conferido y solicitó ser asistido por el patrocinio oficial, al cual puso en conocimiento del compromiso asumido por su antecesor a los fines impugnativos (v. fs. cit.). Especificó que -en la primera oportunidad procesal posible- la defensora departamental formuló la respectiva reserva de recurrir ante el Tribunal casatorio (v. fs. cit./51).
Explicó el recorrido procesal, y mencionó que lo decidido por el revisor fue tachado de arbitrario por "denega[r] la revisión de una condena en base a afirmaciones dogmáticas", en vulneración a diversas garantías constitucionales, entre las que mencionó a la tutela judicial efectiva y al principio de inocencia, "colocándolo, finalmente, en situación de indefensión" (fs. 51 y vta.).
De seguido, se abocó a la fundabilidad de la queja en trato (v. fs. 51 vta. in fine). Transcribió parcelas del auto adverso y halló que el órgano se desentendió de las particularidades del caso, negando la defensa en juicio, en menoscabo al principio pro homine, en el marco del derecho de defensa (v. fs. 52).
Adjetivó de "fallida, ilegal e injusta" la decisión en crisis, y mencionó el precedente "Gordillo" de la Corte federal. Le reprochó incurrir en un excesivo rigor formal, pues -arguyó- que no es posible adjudicar al imputado la extemporaneidad de la impugnación, ni puede ser utilizado en su perjuicio. Enfatizó dicha cuestión, pues -en el caso- Vera había manifestado disconformidad con el fallo al ser notificado del cómputo de pena (v. fs. cit.).
Entendió que se vedó el acceso al tribunal de Casación sin considerar las particularidades del caso. Reiteró la gravitación del derecho de defensa y citó diversos precedentes de la Corte federal (v. fs. 52 vta.).
En virtud de lo expuesto, halló que la decisión le produjo un perjuicio actual e inminente que troca en equiparable a definitivo el resolutorio adverso, por causar a quien asiste un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (v. fs. 52 vta.).
Argumentó acerca del riesgo que conlleva el análisis de una sentencia por el mismo Tribunal que la dictó, quejándose del texto del art. 486 bis del Código Procesal Penal incorporado por la ley 14.647, con invocación del precedente P. 85.977 de este Tribunal (v. fs. 53 y vta.).
Hizo mención a la necesidad del tránsito previo por ante esta Suprema Corte a los fines del planteo federal -arts. 5 y 31, Const. nac., Fallos: "Strada", "Christou" y "Di Mascio"- (v. fs. 53 vta.).
Concluyó en la equiparación a definitiva de lo decidido, y la existencia de un planteo federal con cimento en el estado de indefensión, entre las diversas conculcaciones constitucionales mencionadas (v. fs. 54).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis, CPP).
Es que, tal cual surge de lo reseñado en el apartado I, el órgano obturó el acceso a esta instancia por hallar incumplida la exigencia del art. 482 del Código Procesal Penal.
Frente a ello, lejos de hacerse cargo, el quejoso ciñe sus esfuerzos a describir lo acontecido en las instancias precedentes, esgrimiendo una opinión discrepante, que no logra poner en crisis el motivo basal que dirimió el juicio adverso -falta de definitividad-.
Por último, en atención al precedente "Gordillo" de la Corte federal, lo cierto es que -sin perjuicio de la mera cita efectuada por la parte- tampoco se advierte que dicha solución resulte aplicable, atento a las diferencias causídicas entre lo allí resuelto y las concretas circunstancias del presente. En particular, no surge que -en el caso- sea necesario reparar la ignorancia de las leyes por parte del imputado (peticiones in pauperis) o que su defensa haya incurrido en un descuido que merezca dejar de lado el rigor del derecho en pos de las garantías constitucionales que lo asisten -conf. Fallo: 1934:310; art. 18, Const. nac.-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja deducida por el señor Defensor Oficial Adjunto a favor de Alejandro Javier Vera, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia