Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129386
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por improcedente, la queja interpuesta por la defensora oficial adjunta a favor de J.S.E. (arts. 486 y 486 bis, CPP).
La Plata, 28 de febrero de 2018.-
La presente causa P. 129.386-RQ, caratulada: "J.S.E. s/ Recurso de queja en causa n° 74.716 del Tribunal de Casación Penal, Sala II"
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 11 de julio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, había confirmado la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial Trenque Lauquen que condenó a J.S.E. a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años de edad y aprovechándose de la situación de convivencia preexistente en los términos del art. 119 párrafos 1ro., 4to. inc. f) y 5to. del Código Penal (v. fs. 60/64 vta.).
En lo que hace al remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley señaló que, sin perjuicio de que el decisorio recurrido es sentencia definitiva y que el escrito recursivo fue presentado en tiempo oportuno, no se encuentran presentes las exigencias rituales establecidas para la vía intentada (art. 494 CPP). Pero que, aunque sea por todos admitido que el principio contenido en la norma precitada debe ceder -en casos excepcionales- cuando se hubiere puesto en tela de juicio de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, en el supuesto del sub lite, la recurrente no exhibió que estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de tal naturaleza susceptible de excitar la competencia revisora del Superior Tribunal provincial como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48.
Sostuvo que los planteos desarrollados en la articulación extraordinaria no pasan de constituir la expresión de una opinión contraria al pronunciamiento recurrido, sin argumentaciones suficientes para viabilizar la formal apertura extraordinaria por la vía de excepción pretendida. Que así, la generalidad de las críticas de la señora defensora contra la sentencia casatoria dejó sin atender los fundamentos esgrimidos por ese Tribunal para rechazar la impugnación de su especialidad, toda vez que se limitó a afirmar que otro debió haber sido su control. Que en este carril, las argumentaciones defensistas fueron cimentadas en una diferente y particular valoración de la prueba y en una estimación propia sobre el monto de pena que debió imponerse en el caso, pero ello se constituye en temáticas de excepción que se encuentran por fuera de los supuestos legales y convencionales que posibilitarían su formal introducción en la vía extraordinaria en tratamiento (arts. 494 CPP; 18 y 75 inc. 22°, Const. nac.; 14 y 15, ley 48).
Trajo, por su parte, referencias a decisiones de este Tribunal en relación a las cualidades que deben tener las cuestiones federales al momento de ser planteadas, como así también, en cuanto al objeto real de la doctrina de la arbitrariedad.
Concluyó entonces, que el recurso no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, podrían estar involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa, en tanto no han sido formuladas con la carga técnica necesaria para que puedan ser consideradas por la Suprema Corte de Justicia (arts. 484, 494 CPP; 14 y 15 ley 48; 18 y 75 inc. 22° Const. nac.).
II. Contra lo así decidido, la defensora oficial adjunta del Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso de Queja en los términos del art. 486 bis Código Procesal Penal (v. fs. 67/79).
Destacó, en primer lugar, que los recaudos establecidos en el art. 494 del ritual resultan inaplicables por cuanto los agravios que trae el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y que no fueran admitidos, consistentes en la conculcación de garantías consagradas en tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y en la propia Carta Fundamental (conf. arts. 18 y 75 inc. 22° Const. nac.), imponen abrir la competencia apelada de esta Corte provincial mediante la vía intentada (art. 494 CPP y 161 inc. 3° "a" de la Constitución provincial), abonando esta idea con la doctrina emanada de los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Christou" (LL 1987-D-156) y "Di Mascio" (Fallos: 312:2084) y su prole.
Determinó que la decisión que origina la presentación directa ante este Tribunal contraría la doctrina referida, toda vez que importa una negación de la competencia del Superior Tribunal privándolo a éste del rol institucional básico, cual es velar por la supremacía de la Constitución nacional y del bloque federal todo (art. 31 Const. nac.) en las causas en las que conocen los órganos de la provincia por haberse ésta reservado la administración de justicia (arts. 75 inc. 12; 116; 121; 124 y cc Const. nac.).
Entendió que, contrariamente a lo sostenido por el a quo, la vía recursiva contemplada en el art. 494 CPP ha demostrado suficientemente la conculcación de las garantías constitucionales invocadas que ameritan la intervención de esta Suprema Corte de Justicia como superior Tribunal de la causa a fin de hacer cesar su afectación. En esta senda, invitó a este Tribunal a advertir que de la lectura del texto recursivo local no se ha carecido de aptitud y carga técnica necesarias, que no se han formulado críticas genéricas o desprovistas de su debida fundamentación en cuanto a que la sentencia intermedia ha provocado la cuestión federal que impone la intervención de esta Corte.
Remarcó así que los agravios traídos en la presentación extraordinaria están constituidos tanto por la aparente tarea revisora del fallo de condena, que importó además la violación al debido proceso, y la defensa en juicio.
Puntualizó todas y cada una de las constancias que -a criterio del quejoso- desatendió la casación al momento de revisar la decisión del Tribunal de juicio.
Finalizado ello, reiteró agraviarse por entender que el órgano casatorio no garantizó el doble conforme del fallo de grado, ni el debido proceso, la defensa en juicio, el in dubio pro reo y el principio de culpabilidad, y que con ello transgredió los arts. 1 del CPP, 18 Const. nac., 8.2 "h" de la CAHD y 14.5 del PIDCyP..
De seguido, tildó los agravios llevados en la vía extraordinaria local como de índole federal, toda vez que se basan en la revisión desnaturalizada que realizó el a quo de la sentencia de condena y con ello, la acción frustratoria de los derechos constitucionales ya enumerados. Que si bien, los mismos son presentados primigeniamente en la vía extraordinaria oportunamente intentada, ello se debe a que se consagraron de manera originaria con la sentencia casatoria que rechazara el recurso de la especialidad; y que, el gravamen que se denuncia es actual.
Enfatizó que no es exacto que no se haya planteado correctamente las cuestiones federales que habiliten la apertura de la instancia extraordinaria dejando de lado las limitaciones de recurribilidad que establece el art. 494 del Código Procesal Penal ya que los agravios señalados en el remedio extraordinario consistieron en la arbitrariedad de lo decidido por el Tribunal de Casación al sostenerse que ése desnaturalizó su función revisora amplia, que se limitó a una reedición de la sentencia de condena, convalidándola mediante fórmulas genéricas y dogmáticas afirmaciones sobre la potestad de los jueces del juicio de valorar la credibilidad de los testimonios merced a la inmediación y la de dosificar la pena dentro de la escala penal, ya que el Tribunal de Casación Penal debió garantir el debido proceso, la defensa en juicio y el "doble conforme" de la sentencia de condena mediante una amplia y propia tarea revisora de la totalidad de las constancias de la causa y no circunscribir su función a lo que el sentenciante dijo en el fallo de grado.
Posteriormente recordó que la necesidad de que el recurso contemplado en el art. 8.2 "h" de la CADH sea un remedio que garantice un examen integral de la decisión recurrida, encuentra su basamento en los pronunciamientos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" s. 2-VII-2004 CIDH; "Casal" de la CSJN y las causas P.99.084 y 89.939 de esta Suprema Corte de Justicia. Sumó a ello, entendiendo aplicables al caso, la doctrina de los precedentes "Strada", "Christou", y "Di Mascio" en función del art. 31, 121, 75 inc. 12°, 116 y 5 Const. nac..
Aseveró luego que los criterios jurisprudenciales aquí traídos obligan a la Corte provincial, como cabeza de la administración de justicia local, a conocer en dichos casos antes que lo haga la Corte federal a fin de garantizar la supremacía del bloque federal en la administración de justicia que encabeza y que ésta (cuyo ejercicio las provincias reservaron para sí) se preste de acuerdo a principios, derechos y garantías que el bloque federal consagra en el art. 5 de la Carta magna.
Postuló luego, diversas consideraciones negativas -dogmáticas y genéricas- en torno al nuevo juicio de admisibilidad de los recursos extraordinarios locales incorporado por la ley 14.647, ensayando con ello una denuncia de aparente violación a los principios de legalidad e imparcialidad de raigambre constitucional, sin lograr vincular ello a las cuestiones de pretensa índole federal traídas en el libelo recursivo.
Por último, sentenció que más allá de la ausencia en el caso de un argumento válido por el cual el Tribunal de Casación Penal cerró la vía extraordinaria, se ha demostrado la existencia de agravios de orden federal y su relación directa con lo resuelto, imponiéndose su tratamientos y habilitando la apertura de la jurisdicción de esta Corte a fin de satisfacer la doctrina derivada de los precedentes "Strada" y "Di Mascio".
III. La queja es improcedente.
En primer lugar, es dable recordar que el remedio normado en el art. 494 del Código de rito establece que el mismo sólo podrá interponerse contra la sentencia definitiva que, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella, revoque una absolución o imponga una pena de reclusión o prisión superior a diez años.
Ahora, en el caso de autos no se logra franquear el valladar objetivo establecido por el ceremonial desde que el imputado J.S.E. llega a esta sede condenado a tres años y seis meses de prisión (conf. se desprende de las constancias obrantes a fs. 16 vta. y la confirmación del Tribunal de Casación Penal a fs. 41 y vta.).
No obstante ello, si bien el recurrente pretendió superar la valla a la recurribilidad articulando planteos de índole federal (vulneración a las garantías constitucionales de inocencia, defensa en juicio, debido proceso y al principio in dubio pro reo) a los fines de habilitar el tránsito recursivo a la Corte nacional -conf. lo fallado en "Strada", "Christou" y "Di Mascio"-, vale recordar que es doctrina de esta Corte que si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley configura la vía idónea para dar tratamiento a los agravios de índole constitucional que se articulen como recaudo de admisión de un eventual remedio federal, ello en tanto se cumplan ciertos recaudos (conf. causas P.126.259-RQ, res. 16-XII-2015; P. 126.751-RQ, res. 22-VI-2016; P. 127.792, res. 1-II-2017; e.o.). Es entonces que, frente a las limitaciones adjetivas del carril escogido sólo la introducción tempestiva de un agravio de la naturaleza referida, articulado con la suficiencia y cargas técnicas pertinentes, obligaría a esta Suprema Corte a intervenir como máximo tribunal de la causa (conf. doctrina ut supra citada). Por cierto, éste es el punto en el que la defensa oficial no logra sortear la exigencia, pues bajo la apariencia de un planteo constitucional, lo que en rigor postula es la discrepancia en torno al quantum de la pena, la autoría material y la materialidad ilícita (v. fs. 45 vta./46), denotando que en el caso no se encuentran involucradas de manera directa e inmediata, las cuestiones federales denunciadas (conf. Fallos: 325:2192 y 310:1542).
En definitiva, y tal como lo sostuviera el Tribunal de Casación Penal en el juicio negativo de admisibilidad, el reclamo no ha sido formalizado con suficiencia y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, esté involucrada de manera directa e inmediata, una cuestión federal que resulte apta para sortear los requisitos objetivos que fija el art. 494 CPP.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, por improcedente, la queja interpuesta por la defensora oficial adjunta a favor de J.S.E. (arts. 486 y 486 bis, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia