Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129011
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta por la defensa particular de Carlos Luciano Cordone; con costas (arts. 486 bis, CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia por el doctor Franco Emmanuel Fernández (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.011-RQ, caratulada: "Cordone, Carlos Luciano s/ Recurso de queja en causa N° 74.504 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 21 de marzo de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley deducidos contra la decisión de dicho órgano que rechazó -por improcedente- el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Junín que había condenado a Carlos Luciano Cordone a la pena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, inhabilitación absoluta por el término de la condena y mil pesos ($1000) de multa, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (v. fs. 13/15 vta.).
II. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Franco Emmanuel Fernández, articuló recurso de queja (v. fs. 16/22 vta.).
Sostuvo que la presente debe prosperar atento a que la única vía para reparar su agravio constitucional resulta ser el remedio previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (arts. 479 y 489 del CPP), en función de que a partir del momento en que le fuera aplicado a su defendido el art. 5 de la ley 23.737, surge la lesividad en concreto hacia su pupilo y abre la instancia de revisión del mentado precepto legal. Asimismo y, en relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley expuso que, tal como fuera planteado ante el a quo, no existen razones para no aplicar el mínimo de la escala penal en proporción con el bien jurídico protegido (v. fs. 17 y vta.).
Luego relató los antecedentes de la causa (v. fs. 18 y vta.).
En el apartado sexto, en primer lugar, se quejó de la denegatoria del recurso contemplado en el art. 489 del Código Procesal Penal, en tanto los motivos llevados a conocimiento de la casación resultaban suficientes para abrir esta instancia revisora.
En consecuencia, por un lado, señaló que la escala prevista para el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización "debe ser declarada inconstitucional", ya que esa parte había solicitado "se la reconstruya conforme las pautas del art. 44 del CP reduciendo de un tercio a la mitad la pena establecida".
Mencionó lo reglado por el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737, refirió que dicha norma conmina con la misma escala dos conductas que poseen distinto contenido de injusto y efectuó distinciones en relación a las mismas.
En función de lo expuesto, consideró que la respuesta punitiva debe ser proporcional -incluso en abstracto- al grado de injusto revelado por el supuesto hecho, y que ello es imperativo en virtud de los principios constitucionales de lesividad, proporcionalidad y culpabilidad por el hecho. Sumó a ello que en virtud del art. 19 de la Constitución nacional sólo las acciones conflictivas pueden ser "interferidas por el Estado" (v. fs. 19 vta., resaltado en el original).
Recordó que también se había planteado la inconstitucionalidad del tope mínimo aplicable a las figuras legales de comercio y tenencia con fines de comercialización, ya que la pena impuesta excede y no guarda congruencia con las consecuencias jurídicas derivadas de su actuar, circunstancia que compromete los principios de dignidad de las personas, culpabilidad y proporcionalidad (v. fs. 20).
Con relación a la restante vía que fuera denegada, apuntó que de modo equívoco el a quo no reconoció el carácter de cuestión federal de lo solicitado.
Destacó que la falta de fundamentación y arbitraria aplicación de una pena desproporcionada con el bien jurídico afectado y en contradicción con la prohibición del art. 5 inc. 2 del Pacto San José de Costa Rica "es una cuestión federal". Argumentó que el criterio general importa que la sanción debe guardar cierto grado de relación con la magnitud del injusto y de la culpabilidad y que, no obstante ello, no se dieron fundamentos para la aplicación de una pena por sobre el mínimo de la escala (v. fs. 20 vta.).
III. La queja es improcedente.
III.1.a. Respecto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, el Tribunal de Casación advirtió que -más allá de su denominación- la defensa no había efectuado en el escrito ningún desarrollo tendiente a exhibir su formulación a la luz de las previsiones de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 489 del Código Procesal Penal.
Adujo que el citado art. 489 establece que la vía allí prevista sólo procede cuando en la instancia se haya controvertido y decidido sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local, supuesto que no aconteció en autos, ya que la defensa planteó la inconstitucionalidad de la escala penal prevista en el art. 5 ‘c’ de la ley 23.737 y confrontó esa disposición con normas de la Constitución de la Nación.
III.1.b. De lo reseñado se advierte que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la sede casacional basó la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria incoada.
Lo argüido ante esta instancia lejos de demostrar que su pretensión encuadra en las previsiones del art. 489 del código de rito, evidencia aún más que sus planteos no se enmarcan dentro del objeto del remedio deducido por la parte ante la instancia intermedia y denegado por ésta.
III.2.a. Con relación a la restante vía deducida, el a quo sostuvo que la situación en análisis no encuadra en el presupuesto objetivo referido al monto de pena, desde que el imputado no viene condenado a pena superior a los diez años de prisión.
De seguido, dijo que si bien es admitido por todos que el principio contenido en el art. 494 del Código Procesal Penal debe ceder -en casos excepcionales- cuando se hubiere puesto en tela de juicio de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, en este supuesto, el recurrente no logró demostrar que se encuentre involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de tal naturaleza susceptible de excitar la competencia revisora del Superior Tribunal provincial, como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48.
En dicho marco, observó que en los desarrollos contenidos en la articulación extraordinaria, en rigor y más allá de la discrepancia expresada con lo resuelto en el fallo de esa instancia, "están ausentes las críticas concretas dirigidas contra la motivación expuesta para desestimarlos". Adunó que la argumentación del recurrente fue cimentada en una diferente y particular interpretación sobre una cuestión de derecho común, cual es la calificación legal en la que se encuadró la conducta de Cordone, manifestándose en contra del mínimo punitivo establecido en la escala prevista en el art. 5 inc. ‘c’ de la ley 23.737, temática que se encuentra por fuera de la materia susceptible de revisión en la instancia federal pretendida por el impugnante (arts. 494, CPP; 18 y 75 inc. 22°, Const. nac.; 14 y 15, ley 48).
En ese sentido, entendió de aplicación al caso lo dicho por este Tribunal en la causa P. 107.574.
Concluyó que el recurso carecía de la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que en la presente podrían estar involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa.
III.2.b. De lo expuesto surge que el motivo basal por el cual el órgano obturó el acceso a esta Suprema Corte radica en la insuficiencia del planteo federal.
Frente a ello, lejos de remover dicho obstáculo formal, el quejoso dirigió sus esfuerzos a reiterar los planteos llevados oportunamente en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 17 vta. y fs. 20 vta./21, en relación a fs. 3 y fs. 4 y vta.); técnica infructuosa para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis, CPP).
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta por la defensa particular de Carlos Luciano Cordone; con costas (arts. 486 bis, CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia por el doctor Franco Emmanuel Fernández (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia