Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128648
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación y declarar mal denegado el remedio del art. 494 del Código Procesal Penal (art. 486 bis, CPP).
2Rechazar, por improcedente, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de Andrés Luciano Godoy, con costas (arts. 496 del CPP y 31 bis, ley 5827).
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 128.648-RQ, caratulada: "Godoy, Andrés Luciano s/ Recurso de queja, en causa n° 74.232 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Andrés Luciano Godoy, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Lomas de Zamora que, en el marco de un proceso abreviado y en lo que aquí interesa destacar, lo había condenado a la pena de cuatro años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa; y le impuso la pena única de cinco años y seis meses de idéntica especie, accesorias legales y costas, comprensiva de la referida anteriormente y de la sanción de tres años de prisión de cumplimiento efectivo establecida por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 6 de Capital Federal, en orden a los ilícitos de robo simple en grado de conato -dos hechos- hurto calificado y robo -todos en concurso real- (fs. 39/44).
Para así resolver, señaló el incumplimiento de los requisitos del art. 494 del Código Procesal Penal, y expuso que si bien la defensa intentó sortear aquellas limitaciones mediante la denuncia de vulneración al principio de culpabilidad, dicho planteo resultaba una opinión discrepante y una reedición de los agravios ya llevados y abordados.
En lo sucesivo, transcribió diversos precedentes de esta Corte y concluyó en la inaptitud del embate a fin de demostrar que en autos se hallaran involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales.
II. Frente a ello, el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández- articuló recurso de queja (v. fs. 51/56 vta.).
Liminarmente, indicó el cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación y reseñó los antecedentes de la causa (v. fs. 51/53).
En punto a la fundabilidad, adujo que el carril extraordinario fue erróneamente denegado, en tanto devenía aplicable la doctrina sentada por al Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio". Asimismo, tachó de arbitraria la negativa casacionista, por haberse fundado de modo aparente y mediante fórmulas genéricas y abstractas (v. fs. 53 y vta.).
De seguido, explicó que el presente se encuentra en condiciones de ser conocido por el cimero Tribunal, toda vez que los agravios postulados en el remedio local revestían carácter federal -la consideración de la condena anterior como agravante, en franca afectación a los principios de culpabilidad por el hecho y ne bis in ídem-, que la misma había sido oportunamente planteada, que se encontraba acreditada su relación directa e inmediata con la solución del caso, y que el gravamen era actual (v. fs. cit./54).
En ese derrotero, requirió la inaplicación o declaración de inconstitucionalidad del límite que en razón de la materia trae el art. 494 del Código Procesal Penal, "a fin de tutelar el principio de culpabilidad por el hecho y el principio de prohibición de la doble punición" (fs. 54 vta.).
Agregó que el órgano intermedio le reprochó, además, la falta de relación directa de las cuestiones federales denunciadas con la solución del caso (v. fs. cit./55).
Repasó lo llevado en el canal extraordinario denegado y señaló que el mismo no sólo portaba la fundamentación mínima requerida para su admisibilidad, sino que también demostraba su procedencia y la vinculación entre la declaración de las infracciones constitucionales denunciadas y su consecuencia directa (v. fs. 55 y vta.).
Finalmente, solicitó que se declare procedente su queja y admisible la vía que motivó su incoación (v. fs. 56).
III. La queja es procedente (art. 486 bis, CPP).
De lo transcripto en el apartado I, se observa el acierto de la parte en punto al carácter genérico del análisis efectuado por el a quo en el juicio de admisibilidad negativo.
Es que, más allá de la mención a la denuncia de violación al principio de culpabilidad (v. fs. 40), la sede casatoria obturó el acceso de los reclamos a conocimiento de esta Corte -valiéndose de fragmentos de decisiones de este Tribunal transcriptos en abstracto- cuando, en rigor, los mismos fueron desarrollados eficazmente a tal fin.
IV. En función de ello, corresponde declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y analizar -sin más- su procedencia, toda vez que este Tribunal se ha expedido en numerosos casos análogos al presente (art. 31 bis de la ley 5827).
V. Los cuestionamientos ensayados por el recurrente relativos a que el art. 41 del Código Penal, al contemplar la valoración de antecedentes penales como pauta agravante, quebrantan el ne bis in ídem y el principio de culpabilidad no pueden prosperar (v. fs. 33/38).
Resulta pertinente recordar que esta Corte tiene dicho que el cómputo como agravante de la condena anterior no vulnera el principio de culpabilidad (conf., en lo pertinente, P. 100.577, sent. de 22-X-2008, P. 102.267, sent. de 29-XII-2008, e/o). En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Gago, Damián Andrés s/causa N° 2175", sent. de 6 de mayo de 2008 -por remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal- ha resuelto -y ello también es aplicable en lo pertinente a la situación de autos- que "...el desprecio por la pena anterior se refleja en una mayor culpabilidad, que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho (Fallos: 311:1451)".
En cuanto a la argüida violación del principio del ne bis in ídem sólo cabe indicar que la circunstancia de que las consecuencias gravosas que podrían surgir de la existencia de los ya referidos antecedentes condenatorios no implica que por ese sólo hecho constituyan una doble condena o doble imposición de pena (conf. doctr., en lo pertinente, P. 57.387, sent. de 1-XII-1999; P. 60.751, sent. de 31-VIII-1999; P. 61.738, sent. de 23-IV-2003; P. 86.048, sent. de 16-IX-2003; 95.225, sent. de 13-VI-2007, e.o.).
Al respecto, también cabe traer a colación lo expuesto en distintas oportunidades (Fallos: 311:1451; 311:552 y 248:232) por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de lo cual deriva que no existe el agravio constitucional denunciado pues el principio ne bis in ídem "no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal" (en referencia al art. 14 del Cód. Penal). Y tampoco para individualizar la pena que merece un nuevo delito (arts. 40 y 41). Pues como ha señalado el Alto Tribunal, es extraña al ámbito de dicha tutela constitucional la circunstancia de que se compute como agravante la comisión de un delito anterior -Fallos: 248:232- (conf. P. 70.498, sent. de 29-XII-2004; P. 86.679, sent. de 30-XI-2005).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación y declarar mal denegado el remedio del art. 494 del Código Procesal Penal (art. 486 bis, CPP).
2. Rechazar, por improcedente, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de Andrés Luciano Godoy, con costas (arts. 496 del CPP y 31 bis, ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia