Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128797
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial a favor de Daniel Mariano Godoni (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 9 de mayo de 2018.
La presente causa P. 128.797-RQ, caratulada: "Godoni, Daniel Mariano s/ Recurso de queja en causa N° 74.546 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 20 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la resolución de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes que -en lo que interesa- había revocado parcialmente el auto de primera en cuanto concedió la excarcelación a Daniel Mariano Godoni (v. fs. 38/41 vta.).
Para así fallar, consideró que el recurso resultaba tempestivo, interpuesto por parte legitimada y dirigido a cuestionar una decisión equiparable a sentencia definitiva (v. fs. 39 y vta.).
Luego juzgó que, si bien la defensa se limitó a esgrimir que la sentencia atacada se basó en afirmaciones dogmáticas, alejadas de las circunstancias del caso, se desentendió por completo de las razones brindadas por ese Tribunal para sostener el rechazo del recurso, entre las que desfilan entre otras, los antecedentes condenatorios que registra Godoni -y no otro-.
De seguido, sostuvo que el recurrente tampoco logró demostrar la afectación a la presunción de inocencia, en tanto se limitó a afirmar dogmáticamente que existía un adelantamiento de pena al estimar, como expectativa, el probable contenido de una eventual futura condena por el registro de otras anteriores, cuando ello, lejos del adelantamiento punitivo que se pretende, no supone más que la aplicación al caso de los criterios previstos en la ley procesal cuya validez constitucional, por cierto, no se cuestiona.
Frente a la denuncia de arbitrariedad en la interpretación que se efectuó en torno a las normas de derecho procesal aplicables al presente, advirtió que la parte no logró evidenciar la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avalara la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (v. fs. 41).
Finalmente, dijo que no se patentizó la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; ello, en el entendimiento, de que se limitó a expresar su opinión contraria, sin adunarle ningún fundamento que evidenciara los vicios denunciados.
II. Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- articuló queja (v. fs. 47/52).
Recordó que el agravio formulado en el recurso extraordinario se circunscribió a la homologación por parte del a quo de lo resuelto por la Cámara, oportunidad en la que sólo referenció los antecedentes condenatorios que se dice registra su defendido, la pena en expectativa que deriva de la calificación asignada y la presunción de existencia de peligros procesales. Sumó a ello, que tal como dijera al momento de interponer el recurso de casación, y reiterado en la vía denegada, hasta tanto recaiga sentencia condenatoria Godoni se encuentra tutelado por la vigencia de presunción de inocencia. Asimismo relató -en cuanto a los peligrosos procesales- que se subrayó que los mismos deben encontrarse debidamente acreditados mediante causas ciertas, concretas y claras, con basamento en los elementos objetivos de la causa "y destacando que ‘no sirven para fundar los peligros procesales las llamadas presunciones legales’ sino que deben ser analizados en el caso concreto".
Señaló que se detalló el cumplimiento de las normas de conducta y el comportamiento de Godoni en ambos procesos y que se agravió en cuanto a la valoración que efectuara la Cámara de la condena que registra el nombrado.
Sentado ello, sostuvo que el a quo homologó lo resuelto en la instancia anterior sin aportar un sólo argumento que permita contrariar la inexistencia de peligros procesales concretos alegados por esa parte, ni contestar acabadamente el agravio atinente al grosero avasallamiento del principio de presunción de inocencia.
Puntualizó que el agravio postulado no recae en la omisión de tratamiento por parte de la casación de las criticas esbozadas, sino en el incorrecto, insuficiente y aparente tratamiento de los mismos que hiciera el a quo; ello, en tanto, la mera mención de los antecedentes condenatorios, la pena en expectativa que deriva de la calificación asignada y la presunción de existencia de peligros procesales, sin darle un tratamiento real, particular y concreto a los mismos a fin de poder justificar el rechazo del pedido excarcelatorio, "no satisface la revisión pretendida por e[s]a parte, y que obliga a ese Tribunal cuando se encuentra en juego, ni más ni menos, que la libertad de una persona".
Apuntó que al declararse inadmisible el remedio extraordinario, la Sala III no advirtió que además del agravio denunciado a la afectación a la presunción de inocencia -al ponderar como obstáculos la pena en expectativa y los antecedentes condenatorios- desde el planteo original se viene sosteniendo que no hay peligro procesal acreditado que funde la restricción de libertad anticipada de su asistido.
Por otro lado, adujo que el a quo se extralimitó en el análisis de admisibilidad que le es propio y, como consecuencia de ello, vedó el acceso a la jurisdicción en el marco de la ultra garantía de la revisión amplia del fallo de condena e incurrió en arbitrariedad por basarse en afirmaciones dogmáticas (v. fs. 51).
III. La queja es improcedente en razón de que la defensa no rebatió eficazmente el juicio llevado a cabo por el órgano anterior (art. 486 bis del CPP).
En efecto, la denuncia de arbitrariedad y exceso en la jurisdicción no puede prosperar en tanto el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; causa P. 125.506, resol. de 3-VI-2015; P. 126.793, resol. de 15-VI-2016; P. 126.939, resol. de 28-IX-2016; P.127.655, resol. de 21-XII-2016; P. 127.845, resol. de 29-III-2017; P. 128.008, resol. de 19-IV-2017; P. 127.870, resol. de 21-VI-2017; P. 128.408, resol. de 12-VII-2017; P. 128.609. resol. de 27-IX-2017; P. 128.050, resol. de 18-X-2017; e.o.).
Contrariamente a lo afirmado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor, sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por otra parte, frente a lo resuelto por el a quo el quejoso no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal, pues se limitó a reiterar las alegaciones vertidas en el recurso de casación y en la vía extraordinaria, más no hizo ningún esfuerzo por evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que decía afectadas y la arbitrariedad argüida en aquélla, se vinculaban con lo debatido y resuelto por la Casación en el fallo impugnado (art. 15 de la ley 48).
Por todo lo expuesto, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial a favor de Daniel Mariano Godoni (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia