Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128697
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.697, "Reyes Miño, Cristian Sebastián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.976 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de junio de 2016, rechazó -en lo que interesa- el recurso articulado por la defensa oficial de Cristian Sebastián Reyes Miño, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón que había condenado al nombrado a la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse por acreditado de ningún modo y por haber sido cometido con la participación de un menor de dieciocho años de edad en concurso real con privación de la libertad agravada (arts. 40, 41, 41 quater, 45, 50, 55, 142 inc. 1, 164 y 166 inc. 2 párrafo tercero, Cód. Penal; v. fs. 65/85).
El señor defensor oficial adjunto ante el mismo Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 98/113 vta.), el que fue denegado por inadmisible por el órgano recurrido (v. fs. 122/125). Presentada la queja por la defensa (v. fs. 245/257 vta.), esta Corte mediante pronunciamiento de fecha 28 de febrero de 2018, admitió la queja y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 258/260).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 275/280 vta.) dictada la providencia de autos (v. fs. 281) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor defensor oficial plantea tres motivos de agravio:
I.1. Denuncia arbitrariedad del fallo impugnado en lo concerniente a la acreditación de la autoría responsable de Reyes Miño en el hecho a partir de un reconocimiento en rueda contaminado por uno previo e ilegal.
Sostiene que el tribunal intermedio rechazó los agravios de su parte mediante afirmaciones dogmáticas que se apartan de las constancias de la causa, pues tan sólo "...se limitó a descartar el carácter absoluto de la nulidad denunciada, sin expresar fundamento alguno..." (fs. 228 vta.).
Refiere que lo así resuelto importó la violación a las garantías de defensa en juicio, debido proceso y presunción de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11.1, DUDH y 8.2. "h"., CADH).
Invoca en aval de su postura el precedente "Miguel" de la Corte federal (CSJN Fallos: 329:5628; fs. 229 vta.).
Afirma que, la condena a su asistido fundada en el reconocimiento en rueda efectuado por la víctima Locaputo ya contaba con la imagen de la persona a reconocer, por lo que ha sido contaminado por un reconocimiento ilegal de la policía sin control de la defensa.
De modo que el fallo del tribunal intermedio que condenó a Reyes Miño en base a un reconocimiento viciado de nulidad, y que carece de apoyatura en otros elementos de prueba con fuerza convictiva, sumado a ello que el coimputado condenado, lo desvinculó del robo investigado asumiendo su propia responsabilidad, evidencian que se afectó el principio in dubio pro reo que deriva de la presunción de inocencia, lo que descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido (v. fs. 230 vta.).
I.2.a. En subsidio, denuncia la vulneración al principio in dubio pro reo por aplicación arbitraria del art. 41 quater del Código Penal y por falta de fundamentación en la determinación de la pena (arts. 18, Const. nac. y 8.1 CADH; fs. 231).
Alega que es arbitraria la aplicación de la agravante genérica de participación de un menor de edad en el hecho (art. 41 quater, Cód. Penal). Considera que la exclusiva declaración de la víctima es insuficiente "...para demostrar la efectiva participación del supuesto menor de edad en el evento disvalioso, en primer lugar, porque no es más que una apreciación subjetiva de la víctima quien supone que así fueron las cosas, y por el otro lado, por no haberse demostrado debidamente que la persona que cruzara delante del automóvil desapoderado haya sido efectivamente alguien menor de dieciocho años de edad" (fs. cit.).
En aval a su postura, trae a colación citas doctrinarias, precedentes de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Abraham" (v. fs. 231 vta./232 vta.).
Concluye que en dicho extremo la sentencia debe ceder y se reenvíen los autos al a quo para que debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 233).
I.2.b. Por último, denuncia errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la ausencia de fundamentación del monto de pena (arts. 8.2. "h", CADH y 14.5, PIDCP) y violación de doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit.), todo ello, en cuanto al proceso de construcción de la pena y al requisito de fundamentación de la misma.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso (v. fs. 275/280 vta.). Coincido con su opinión.
III. El primero de los reclamos no puede prosperar.
III.1. Los reclamos refieren -en esencia- a cuestiones de índole procesal que, en principio, resultan vedados del control casatorio de esta Corte (art. 494, cit.), salvo casos excepcionales.
En ese marco de excepción el agraviado invocó arbitrariedad, supuesto que podría ser susceptible de habilitar la instancia extraordinaria federal, sin embargo, sus desarrollos no logran mostrar la existencia de tal vicio en el fallo atacado, como de seguido se analizará.
En efecto, cabe recordar que el tribunal intermedio rechazó la nulidad planteada en el entendimiento de que "...la parte interesada no ha demostrado cómo el supuesto incumplimiento a la ley ha irrogado un perjuicio de tal magnitud que afecte su derecho a la defensa y haya impedido oponer la mentada nulidad en el momento procesal oportuno, máxime cuando las circunstancias aludidas por Locaputo ya se conocían mucho tiempo antes a la celebración de la audiencia de debate, donde en la instrucción ya había explicado lo sucedido (fs. 81), lo que motivó precisamente que la defensa oficial solicitara las pertinentes ruedas de reconocimiento como medida de prueba, cuyo resultado pretende ahora impugnar" (fs. 203 y vta.).
Sumado a ello expresó que, "...no se evidencia de qué modo el apelante vio limitada su posibilidad de oponer defensas formales o sustanciales que hubieran influido decisivamente en la decisión judicial, en la cual también fue meritada la circunstancia de que la víctima de marras, a pesar de lo ocurrido, y luego de un par de meses, explicó que se había olvidado de la cara de uno de los acusados (el que iba sentado en el asiento de atrás del rodado en cuestión), lo que lo llevó a efectuar un reconocimiento parcial, cuyo resultado se debió a que recordaba la fisonomía de uno de los asaltantes, por permanecer sentado al lado suyo mientras manejaba y no por haberlo visto por una rendija de una puerta en la Comisaría" (fs. 203 vta.).
Destacando el tribunal intermedio, que descartaba la presencia de nulidades absolutas, y que de haber existido algún vicio -que juzgó no probado en autos- el mismo quedaba subsanado por la inactividad de la parte, al no plantear nulidad alguna acerca de las irregularidades producidas durante la etapa investigativa (fs. 204 y vta. con relación a los arts. 338 y 205, CPP).
Sobre ese modo de razonar, el impugnante no ha puesto mínimamente en evidencia las deficiencias reprochadas, pues su exposición se traduce en una mera discrepancia con el valor asignado al reconocimiento en rueda, sin reparar en la respuesta del tribunal intermedio acerca de la oportunidad del planteo y por tanto ineficaz para abrir la instancia extraordinaria pretendida.
Y si bien la queja proclama que la sentencia es arbitraria, lejos está de revelar la existencia de algún supuesto que, excepcionalmente, pudiera conducir a su descalificación como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.), circunstancia que tampoco advierto.
Así, tampoco es atinente la cita de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Miguel, Jorge Andrés Damián s/ p.s.a. de homicidio de 12/12/2006 (M.794.XXXIX)", pues aun cuando el recurrente reconoce que la situación fáctica allí decidida no es idéntica a la presente, su invocación asume que en el caso se estaría frente a un "reconocimiento impropio" en la órbita del medio de prueba establecido en el art. 257 y siguientes del Código Procesal Penal, y no en una medida integrante de un testimonio tal como lo afirma el tribunal revisor, sin hacerse cargo de los fundamentos con los que el a quo justificó que tal sindicación, no constituye un reconocimiento en rueda (art. 495, cit.).
En consecuencia, la parte no logra demostrar la afectación a las garantías constitucionales que se hallarían en juego (arg. art. 18, Const. nac.).
III.2. El agravio vinculado a la errónea aplicación del art. 41 quater del Código Penal, tampoco prospera.
Los sentenciantes sostuvieron que "...acreditados tales extremos, el Ceremonial no exige ninguna regla específica sino que rige el principio de libre convicción en la valoración de la prueba consagrada en el art. 210 del Cuerpo Legal citado, de modo tal que si los sentenciantes tuvieron en cuenta la declaración juramentada prestado por Locaputo, donde fue puesto de resalto que el nombrado, al serle efectuadas preguntas específicas no tuvo duda que el menor, de unos diez años aproximadamente, se encontraba en connivencia con los encartados, dado que, de acuerdo a su proceder, llevó a cabo una maniobra fingida y premeditada, cuyo fin consistió en que el declarante detuviera la marcha de su vehículo, facilitando el abordaje y posterior asalto por parte de los incusos, por lo que el cuadro transcripto permite arribar a la conclusión que los hechos bajo análisis abastecen los requerimiento exigidos por el tipo penal por el que vienen condenados Reyes Miño y Pérez" (fs. 72 vta.).
La defensa pretende demostrar un cuadro de orfandad probatoria y arbitrariedad en orden a la acreditación de la participación de un menor de edad en el ilícito en cuestión, pero prescinde refutar la respuesta del tribunal fundada en el principio de libertad probatoria e inmediación con las cuales sustentó el extremo (v. fs. 71). En efecto omite rebatir este argumento y la cita doctrinaria que lo funda, limitando su cuestionamiento a que el tribunal revisor sólo consideró lo expuesto por Locaputo, sin atender tampoco a que es criterio de esa Sala "...que el relato efectuado por la víctima de marras resultó conteste durante la instrucción y el debate, como así también con el contenido del acta de procedimientos respectivo, dando por tierra con la posibilidad de que exista duda razonable sobre la verosimilitud e imparcialidad de sus dichos, no encontrando razones para entender que el nombrado Locaputo se expresara con animosidad o falsedad, dentro del marco de la inmediación que le es propia y que escapa a esta revisión casatoria, lo que conlleva a tomar como plenamente válidas dichas declaraciones y a ponderar libremente el contenido de las mismas" (fs. 70 vta. y 71).
Resulta pertinente destacar que esta Corte ha sostenido que un único testimonio si está debidamente valorado y motivada su credibilidad, tiene virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado. Es decir, no existe óbice alguno en tener por probado un determinado hecho o circunstancia, en virtud de un único testimonio, en la medida que no se verifique la presencia de alguna situación que provoque una merma en su credibilidad, o que el alcance otorgado a sus manifestaciones resulte arbitrario o absurdo (causa P. 126.185, sent. de 18-V-2016).
En conclusión, no carece de fuerza probatoria la declaración de un testigo único por esa sola circunstancia, siempre que dicho testimonio resulte suficiente para causar convicción en el ánimo del juzgador que explica sus razones, con los límites que quedaran expuestos previamente, es decir, la exigencia de que las conclusiones a que se arribe en las sentencias sean el fruto racional de las pruebas, con el único pero infranqueable límite del respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, es decir las leyes de la lógica.
La pretensión de encauzar su reclamo desde la arbitrariedad y prueba, resulta insuficiente (art. 495, CPP) y sobre ello se enlazó el reclamo de fondo.
III.3. Por último, el agravio relacionado por la falta de justificación y fundamentación de la pena, tampoco es de recibo.
El recurrente señala que el órgano revisor no justificó cómo arribó a determinar el monto de pena que aplicó, en transgresión a la normativa y doctrina legal que establece que los jueces deben expresar las razones por las cuales disponen una cierta cantidad de pena para quien es encontrado autor penalmente responsable de un delito que prevé una escala penal que oscila entre un mínimo y un máximo (v. fs. 233 vta. y 234).
En un segundo aspecto, refiere que el a quo debió fundamentar dando razón de cómo y porqué arribó a dicha conclusión, de elaborar algún tipo de análisis sobre la escala penal y el modo en que impactaron las atenuantes y agravantes ponderadas (v. fs. 236).
Efectúa una serie de consideraciones sobre la interpretación constitucional y convencional de la garantía de la revisión del fallo de condena. Al efecto cita el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 237).
Más adelante, recordó que se planteó la violación de la doctrina emergente de los precedentes "Ruiz", "Miara" y "Squilario" de la Corte federal (v. fs. 237 vta./238 vta.).
Concluye que la decisión del Tribunal de Casación ante la omisión de fundamentación, debe descalificarse como acto jurisdiccional válido respecto de la determinación de la pena (v. fs. 238 vta. cit.).
El Tribunal de Alzada -en función de lo peticionado por el defensor- expresó que el a quo evaluó "...las razones que lo llevaron a decidir como lo hizo, donde el Juez impuso una pena que resultó acorde a las particularidades del caso, teniendo en cuenta las pautas agravantes invocadas por el Ministerio Público Fiscal..." (fs. 74), valorando la extensión del daño causado, toda vez que constituye la naturaleza misma de la acción y los medios empleados para ejecutarla. Lo mismo ocurre, en la valoración como agravante de los antecedentes condenatorios (v. fs. 75).
No se observa en la decisión atacada el vicio que invoca ni la falta de fundamentación, pues tomando como premisa que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; e.o.); y que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; e.o.) esa forma de recurrir se devela ineficaz para conmover lo fallado.
Al requerir que el a quo especifique un punto de partida en la escala penal, y al referirse a un "monto total", la defensa asume como acertado un sistema en el que el juzgador debe partir de un determinado punto de la escala aplicable, para luego sumar y restar, y llegar así por medio de esos parciales a un resultado total. Sin embargo, la defensa omite toda referencia a la copiosa jurisprudencia antes citada, y fuera de postular el sistema descrito, no intenta siquiera señalar por qué motivo resultaría impuesto por las normas que cita (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia