Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129559
En la ciudad de La Plata, a 4 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria , Kogan , Genoud , Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.559, "González, Jhonatan Jesús o González, Jonatan Jesús s/ recurso de queja en la causa 74.405 y su acumulada 74.404 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 27 de diciembre de 2016, en lo que es de interés, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el defensor particular de Jhonatan Jesús González o Jonatan Jesús González contra la sentencia del Tribunal de Jurados -habilitado para resolver en la causa 751/14 de trámite ante el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino-, que dictó veredicto de culpabilidad por mayoría de diez votos, tras lo cual, y celebrada la audiencia de cesura de juicio, el juez integrante del citado órgano condenó al nombrado a la pena de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la intervención de menores de 18 años de edad (arts. 40, 41, 45, 54, 79, 41 bis, 41 quater, Cód. Penal; v. fs. 76/96 vta. con relación a fs. 1/29 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo los recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 136/140) y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 141/158), los que habiendo sido declarados inadmisibles por resolución del 22 de agosto de 2017 (v. fs. 165 vta.), motivó la deducción de queja ante esta Corte (v. fs. 295/302). Este Tribunal, por decisión del 12 de diciembre de 2018, los declaró mal denegados y los concedió (v. fs. 303/306).
Oído el señor Procurador General a fs. 311/321, dictada la providencia de autos (v. fs. 334) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa oficial?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la sentencia recurrida la defensa interpuso recurso extraordinario de nulidad y denuncia la transgresión del art. 168 de la Constitución provincial al haberse omitido el tratamiento de "...cuestiones esenciales formuladas por [esa] parte..." (fs. 138 vta.).
Indica que previamente al juicio, esa defensa y la parte acusadora, habían acordado que ciertos mensajes de texto extraídos de los celulares secuestrados serían leídos por el secretario del Tribunal. Durante el transcurso del debate oral se proyectaron diapositivas de power point , donde mediante ilustraciones y leyendas recreaban aquellas conversaciones, lo cual -según la defensa- generó sorpresa e indefensión ante un material novedoso y editado de manera unilateral por la fiscalía. Alega que al deducir el recurso de casación se planteó ese agravio, pero el tribunal intermedio omitió su tratamiento (v. fs. 138 vta.).
En consecuencia, solicita que se anule el fallo por cuanto la omisión en el tratamiento de la cuestión señalada generó la afectación a la defensa en juicio y ocasionó el dictado de una sentencia arbitraria (v. fs. 139 y vta.).
II. El señor Procurador General emitió su dictamen aconsejando el rechazo del recurso (v. fs. 311/321). Consideró que la defensa no logró demostrar el carácter esencial de la cuestión que denuncia como preterida, ni evidenció su relación con un efectivo estado de indefensión.
III.1. En el recurso de casación la defensa de González expuso el planteo antes mencionado (v. fs. 46 vta./47 vta., leg. casatorio n° 74.405); y de la sentencia pronunciada por el tribunal a quo también se advierte que no fue tratado (v. fs. 76/96 vta.).
No obstante, concuerdo con el antedicho dictamen de la Procuración General respecto de que el recurso extraordinario de nulidad no prospera.
III.2. La parte no demuestra, en rigor, la esencialidad de la cuestión de cuya omisión de tratamiento se queja, pues a más de no reparar en que no todo argumento postulado ante el Tribunal de Alzada reviste esa condición (doctr. art. 168, Const. prov.; conf. causa P. 120.726, sent. de 26-X-2016), tampoco justifica de qué manera ella conjugaría con el supuesto estado de indefensión que denuncia, cuando había acordado en definitiva con el señor fiscal la exposición de los mensajes de textos de los celulares secuestrados a las partes con esa modalidad, tal como pretendía, y la queja reposa en una supuesta edición "argumentativa" sobre cuya relevancia con aptitud para una suerte diversa del caso nada explica (conf., mutatis mutandi , causa P. 76.228, sent. de 4-VI-2008; e.o.).
Asimismo se desentiende de que el defensor del otro coimputado, quien también había discutido en el debate la exposición de los mensajes de textos de los celulares secuestrados por la manera en que fueron finalmente exhibidos por el señor fiscal, a través de la edición vía power point , con lectura por parte del actuario, por presentar una ligera variación respecto a lo que se había acordado, nada dijo ante la casación sobre el punto y, antes bien, reconoció como una posible hipótesis lo que de allí surgía respecto de haber acordado el encuentro con la víctima para consumar el objetivo vengativo propuesto, aunque con diferente alcance: solo para infligirle una fuerte golpiza y no la muerte (v. fs. 38). De modo que la revisión del pronunciamiento por el tribunal intermedio que concluye en la validación del juicio de condena tras un acabado examen de la totalidad de la prueba reunida -incluso la así reconocida- al menos, y desde el atalaya de la sentencia como un acto complejo (conf. doctr. causa P. 90.257, sent. de 19-IX-2007), hace decaer el reclamo en tanto se devela como implícitamente refrendado lo actuado en conjunto por el inferior. Ello merced a la fundamentación brindada en la sentencia casatoria, que pone de resalto la justeza del veredicto de culpabilidad, descartando ausencia de razonabilidad y de duda en el Jurado popular.
En definitiva, el agravio traído por el recurrente no logra demostrar la transgresión a la normativa constitucional denunciada (art. 168, Const. prov.).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La defensa alega, en primer término, arbitrariedad en la valoración probatoria, ausencia de revisión integral del veredicto de culpabilidad y de la sentencia, omisión de debida fundamentación y violación del principio de inocencia por inobservancia de la regla de in dubio pro reo , derecho al recurso y garantía de ser oído (arts. 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH; 14.2 y 14.5, PIDCP; 1 tercer párr., CPP y 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 143 vta. y 144).
Argumenta que el veredicto de culpabilidad pronunciado por el Jurado no superó el umbral que necesita una condena, en tanto no se acreditó la imputación en su contra "...más allá de toda duda razonable" (fs. 144).
Alega que el paso de la causa por el tribunal a quo consistió en un tránsito aparente que frustró el doble conforme, en lo que concierne a la valoración probatoria para tener por acreditada la participación responsable de su pupilo en el hecho. Agrega que su antecesor -en su presentación anterior- había sostenido que "...la decisión del Jurado no se condice -racionalmente- con la evidencia presentada en el juicio, ya que ésta demostró manifiestamente otra realidad fáctica que de modo alguno involucra a [...] González en la participación de los hechos delictivos", enumerando las probanzas que se desarrollaron en el debate y que justifican esa petición.
Aduce también que en el memorial del art. 458 del Código Procesal Penal, se realizó una minuciosa observación del debate (archivo de CD) a fin de intentar demostrar que el veredicto de culpabilidad no se condecía con el resultado de la prueba (v. fs. 147).
Refiere que ningún estudio se efectuó en el pronunciamiento en crisis de los planteos formulados por esa parte en punto al contenido de las declaraciones testimoniales y otras circunstancias apuntadas del debate que hubiesen redundado en la inocencia de González, o cuanto menos hubiese permitido establecer un menor grado de reprochabilidad penal en los términos del art. 47 del Código Penal, con la consecuente disminución de la sanción (v. fs. 147 vta.).
Señala que el a quo se basó en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación, amparándose en que la decisión del jurado popular no puede ser revisada con los mismos estándares que un pronunciamiento de un juez profesional. En sustento de su postura cita el precedente "Casal" del Alto Tribunal federal (v. fs. 148 vta.).
Sostiene que, si bien el poder representativo del pueblo del que está investido el Jurado le permite dar un veredicto inmotivado, ese poder no se transfiere automáticamente a los jueces profesionales del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 150).
I.2. También denuncia la afectación a la garantía de la revisión amplia e integral del fallo de condena y del derecho al recurso (arts. 18, Const. nac.; 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP y 10, 11, 15, 57, 168 y 171, Const. prov.) porque no se consideraron los agravios formulados en la ocasión prevista por el art. 458 del Código Procesal Penal vinculados con la determinación de la pena y la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, que fueron declarados extemporáneos por la casación (v. fs. 153 vta./154 vta.).
Cita en sustento de su postura los fallos "Casal", "Martínez Caballero" y "Martínez Areco", entre otros, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Herrera Ulloa c/ Costa Rica" y "Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo de reparaciones y costas" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 154 vta. y 155).
Considera que "...si se debe revisar todo lo revisable sin formalismos limitadores, la fragmentación de los agravios de la defensa por parte del Tribunal llamado a garantizar la doble instancia convencional deviene arbitraria pues desnaturaliza y deja vacua de contenido la actuación de la defensa pública en la etapa intermedia", escudándose en limitaciones de carácter formal (v. fs. 156 vta.).
Finalmente, y de modo subsidiario, solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal, en tanto veda la posibilidad de invocar otros motivos distintos luego de vencido el plazo de interposición del recurso de casación (v. fs. 157).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v. fs. 311/321). Coincido con esa postura.
III. De manera liminar cabe señalar que al tratarse de un pronunciamiento dictado en el marco de un juicio por Jurados y de conformidad con la naturaleza propia de ese sistema, la fundamentación de los motivos sobre la materialidad ilícita, la participación del o los acusados y el derecho aplicable a la plataforma fáctica tenida por acreditada, no son exteriorizados en el veredicto de primera instancia del modo en que se expresa una sentencia emanada de jueces técnicos (conf. art. 210, CPP; doctr. causa P. 130.086, sent. de 6-XI-2019).
Conforme lo determina la norma que rige este tipo de supuestos (art. 106, CPP) -sin que en el caso fuera puesta en entredicho-, son las instrucciones del juez técnico que dirige el debate las que constituyen "...plena y suficiente motivación" del veredicto.
De igual modo, ello no fue un obstáculo para que, frente a los diversos agravios presentados por la defensa de González y su consorte de causa -Sebastián Coelho-, el Tribunal de Casación emprendiera una actividad que, conforme se verá más adelante, lo llevó al abordaje de los agravios que le permitieron concluir en la razonabilidad del veredicto de culpabilidad dictado merced a los diversos elementos de prueba rendidos en el juicio (conf., en lo sustancial, causa P. 130.086, cit.).
IV.1. Sentado lo anterior, el Tribunal de Casación Penal efectuó de modo preliminar diferentes consideraciones con relación a la extensión de su capacidad revisora respecto de un veredicto emanado de un jurado popular (v. fs. 78/79 vta.).
Luego se refirió al caso en particular, y señaló que la decisión a la que había arribado el Jurado no se había apartado -en lo esencial- de los parámetros de razonabilidad, y que había sido dictado superando dicho estándar probatorio más allá de toda duda razonable; por ende, entendió que no resultaba viable la alegación defensista de violación del in dubio pro reo.
Agregó que las instrucciones impartidas por el magistrado que presidió el debate, habían expresado claramente el estado de presunción de inocencia del que gozaba el imputado y cuál era el alcance de la duda razonable, encontrándose el jurado debidamente informado respecto de la prueba que debía valorar (v. fs. 79 vta. y 80).
Seguidamente expuso la situación fáctica sobre la cual las partes decidieron ponerse de acuerdo, siendo la misma la siguiente: "...el día 29 de septiembre de 2013, en horas de la noche, la víctima de autos, M. I., alias 'C.', se encontraba en su domicilio junto a su amigo H. J. O., cuando comienza a recibir en su teléfono celular mensajes de textos de una chica, mucho menor que él, con la que empezaba a tener una relación de noviazgo, M. I. G., alias 'K.', para encontrarse [a] tomar algo y pasar la noche juntos. Es entonces cuando la joven se dirige a la estación de trenes de Gral. Belgrano, junto con otros sujetos: los hermanos Coelho, Sebastián y Santiago, y Jonatan González, quienes habían tramado una venganza por los supuestos malos tratos que la nombrada 'K.' recibía por parte de 'C.'.
Al encontrarse a la una de la mañana en el monumento del Gauchito Gil, comienzan a discutir, pelean, hubo forcejeos y 'K.' G. sale corriendo en dirección a la estación de trenes, yéndose del lugar 'C.' en su moto. En esos momentos pasaba por el lugar un patrullero del comando de patrullas de la ciudad con dos tenientes, quienes ven salir a los tres jóvenes detrás del Gauchito Gil, deteniéndolo uno de ellos, Sebastián Coelho, para dar aviso que el sujeto que iba en la moto de adelante había intentado agredir a su amiga, por lo que comienzan a perseguirlo pero no logran alcanzarlo. Ante la situación descripta 'ut supra', los jóvenes se reúnen nuevamente en la casa de un amigo de 'K.' para tramar cómo hacerlo regresar a 'C.' y así concretar la venganza.
Jonatan González se encontraba en esos momentos portando un revólver calibre 32 con el que jugaba y decía: 'con este lo voy a matar, con este lo voy a poner'. Es entonces cuando comienzan a mandar otra vez, mensajes al celular de 'C.', prometiéndole desde el celular de 'K.' sexo, pidiéndole que la perdone. Ante la insistencia de la joven, I. accede dirigirse nuevamente al monumento del Gauchito Gil de la estación de trenes, alrededor de las 4.40 horas, ubicándose Santiago Coelho en una moto lista para la fuga, mientras que Sebastián Coelho y Jonatan González se ocultan detrás del monumento y M. I. G. va al encuentro con 'C.'. Al llegar éste, los sujetos escondidos, salen del Gauchito Gil y comienzan a golpearlo, oportunidad en que Jonatan con su arma primero le da con el caño del revolver en la cabeza a I., y al trastabillar éste, le da un tiro que ingresa por la nariz y se aloja en la nuca. 'C.' cae al piso, previo a la huida González y Coelho le sacan el teléfono celular" (fs. 80/81).
Posteriormente el a quo afirmó que "...del análisis exhaustivo del soporte informático, del registro íntegro del debate, y de la prueba reunida", no surge violación de las normativas mencionadas en el recurso de casación; y que remitiéndose a lo expresado por el señor fiscal adjunto ante esa sede, admitió que no había razones para validar el cuadro de duda que reclamaban los recurrentes, toda vez que su propuesta se enarbolaba desde una visión fragmentaria que no se compadecía con el caudal de prueba de cargo verificada, la que permitió al jurado arribar al veredicto de culpabilidad sin menoscabo de la presunción de inocencia (v. fs. 81).
Seguidamente, hizo referencia al plexo probatorio que fundamentó el veredicto destacando entre otros elementos de cargo los testimonios de A. A. L., T. Y. G., J. I. B., F. P. C., N. M. G., R. L., J. C. G., P. C.; también los informes vertidos en la audiencia por los peritos Luciano José Capobianco, Daniel Jaume, Ramiro Urbaneja y Alejandro Moriconi (v. fs. cit.).
Consideró que la calidad de coautores penalmente responsables que se les atribuyó a los encartados, había sido correctamente sopesada en atención a la prueba presentada en el debate, además del actuar de ambos en el ilícito que terminara con la muerte de I., en donde uno de ellos concurrió con un arma de fuego y manifestó en el momento preparativo de la venganza que iban a "reventar" al apodado "C." (fs. 81 vta.).
A su turno, el doctor Kohan -quien adhirió al juez Natiello y añadió ciertas consideraciones concernientes a la tarea revisora de una sentencia de condena emanada de un veredicto de culpabilidad emitido por un Tribunal de Jurados- concluyó "...que, del análisis de la prueba efectuada en los términos aquí propuestos, al no encontrarse discutidas las instrucciones impartidas al jurado, debe darse por cierto que este ha sido debidamente ilustrado, cabe indicar que con los dichos testificales y demás prueba detallada por el Dr. Natiello, tal como lo indica la Fiscalía ante esta sede (acudiendo para su apreciación al registro de evidencia luciente en el soporte magnético), el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular resulta razonable y dictado más allá de duda razonable, siendo que el temperamento esbozado por la defensa no es más que un intento por privilegiar su caso sin que medien razones que permitan descartar en forma incontrovertible la conclusión del referido jurado"; sumándose de ese modo a la ponderación de la prueba reunida en el juicio que justificaba el fallo de condena.
IV.2. Luego de lo transcripto en los párrafos precedentes, queda en claro que las diversas aseveraciones formuladas por el recurrente en las cuales apoya su denuncia: arbitrariedad en la valoración probatoria, ausencia de revisión integral del veredicto de culpabilidad y de la sentencia, omisión de debida fundamentación y violación del principio de inocencia - in dubio pro reo -, como también del derecho al recurso y a la garantía de ser oído (conf. arts. 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH; 14.2 y 14.5, PIDCP; 1 tercer párr., CPP y 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 143 vta. y 144), no logran desvirtuar lo resuelto por el a quo quien se ocupó de la plataforma fáctica -la cual reseñó- y del plexo probatorio rendido durante la audiencia, con referencia a los testigos e informes de los peritos, aclarando que había realizado un análisis exhaustivo del soporte informático, del registro íntegro del debate y de la prueba reunida, brindando las razones que lo llevaron a concluir que debía descartarse un estado de duda como pretendía el recurrente.
Por lo demás, si bien la parte alegó la existencia de arbitrariedad, las diversas aseveraciones formuladas no logran evidenciar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio tal que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Más allá de su oposición a
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