Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128605
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Jonathan Alejandro Abril, con costas (art. 486 bis del CPP).
"ABRIL, JONATHAN ALEJANDRO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 74.057 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA I".
La Plata, 16 de mayo de 2018.
La presente causa P. 128.605-RQ, caratulada: "Abril, Jonathan Alejandro s/ recurso de queja en causa n° 74.057 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 22 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial de Jonathan Alejandro Abril contra el fallo de dicho órgano que -rechazando la vía homónima- confirmó lo decidido por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial Dolores en cuanto condenó al nombrado a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso como autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma (v. fs. 43/48 vta.)
II. Contra dicho decisorio, el defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor José María Hernández- articuló queja -art. 486 bis , CPP- (v. fs. 55/63 vta.).
Efectuó un pormenorizado racconto de los antecedentes de la causa, y mencionó los motivos fundantes del auto denegatorio mediante transcripciones parciales (v. fs. 55 vta./59).
De seguido, señaló que el recurso de inaplicabilidad de ley fue erróneamente denegado (v. fs. 59 vta.). Expuso que resulta aplicable en autos la doctrina del Máximo Tribunal emanada de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. cit.). Entendió que lo resuelto importa una negación de la competencia apelada de la Corte provincial, que priva a este Tribunal de velar por la supremacía de la Constitución nacional y el bloque federal -arts. 5 y 31 de la Const. nac.- (v. fs. cit.). En ese marco, tachó de arbitraria la decisión por aparente fundamentación "mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas" (fs. cit. in fine ).
Explicó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por el Máximo Tribunal, pues los agravios postulados en el remedio local revisten la naturaleza necesaria en el marco de la doctrina reseñada -quebranto al derecho a la revisión de la sentencia condenatoria conforme los parámetros de la Corte federal y el Tribunal del sistema interamericano, y en pos del in dubio pro reo - (v. fs. 60). Agregó, que dichas cuestiones se vincularon de manera directa con la solución del caso, y que han sido planteadas oportunamente, en tanto dimanan del fallo del Tribunal de Casación. Finalmente, aseveró que el gravamen guarda actualidad (v. fs. cit. y vta.).
Por lo expuesto, señaló que las limitaciones que el art. 494 del código ritual establece en razón de la materia deben ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales, a fin de tutelar el derecho al doble conforme -arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP- (v. fs. 61).
Expuso que resultan inaplicables a la causa las afirmaciones de corte dogmático que cimentaron la ausencia de los requisitos en el marco de lo fallado en "Di Mascio" (v. fs. cit.), y le reprochó al órgano exceder las facultades conferidas por el art. 486 del Código Procesal Penal, con cita de lo resuelto en P. 85.977 por esta Suprema Corte (v. fs. cit. y vta.).
Mencionó que el órgano casacional le reprochó la falta de relación directa de las cuestiones federales denunciadas con la solución del caso (v. fs. 62). Repasó las críticas que portó el carril impugnativo, y aseguró que "se demostró que la Casación se limitó a repetir los argumentos de la sentencia condenatoria que debía revisar" (fs. 62). Señaló que la vía no sólo tenía la fundamentación mínima requerida para su admisibilidad, sino que también demostraba su procedencia y la vinculación entre lo resuelto y la frustración del control (v. fs. cit. in fine ). Agregó, que también fue evidenciada la ausencia de revisión respecto al juicio de su antecesor en punto al material probatorio, en quebranto del in dubio pro reo , y halló evidenciado el tránsito aparente por la instancia casacional en frustración del derecho al doble conforme (v. fs. 62 vta.).
Aseveró que el órgano restringió su análisis a la concurrencia de un supuesto de absurdo, de carácter mucho más limitado que el control que exige el derecho a la doble instancia (v. fs. cit. 63).
Para finalizar, reiteró la tacha de arbitrariedad y sindicó que los límites del art. 494 del Código ritual deben ser inaplicados o declarada su inconstitucionalidad (v. fs. cit. y vta.).
La queja no prospera (art. 486 bis , CPP).
Más allá de la técnica utilizada por el órgano a quo , esto es, la esquemática cita de precedentes de esta Suprema Corte, lo cierto es que advirtió -en primer lugar- que no se hallaban abastecidas las exigencias de la norma de rito -art. 494, CPP-. Agregó que la parte denunciaba la revisión aparente de la sentencia de condena en pos de sortear el valladar aludido haciendo caso omiso a lo resuelto, esgrimiendo una opinión discrepante a lo anhelado en la vía del art. 450 del Código ritual, incurriendo -en puridad- en la reedición de agravios ya tratados (v. fs. 44 y vta.). En dicho marco, citó lo fallado en la causa P. 112.218 de este Tribunal (v. fs. cit.), y se refirió a la ausencia de aptitud y carga técnica necesarias de las cuestiones federales llevadas, afirmación que también sustentó con la transcripción de jurisprudencia de este alto Tribunal (v. fs. cit./45).
Adunó que las limitaciones rituales ceden ante la denuncia de absurdo o la tacha de arbitrariedad, "causales que el recurrente no ha podido demostrar a lo largo de su impugnación" (v. fs. 45 in fine y vta.). Trajo a colación lo resuelto en P. 106.222 por esta sede extraordinaria en punto a la ajenidad de la naturaleza federal de los planteos que bajo ese pretenso ropaje se vinculan con cuestiones de orden probatorio y derecho procesal (v. fs. 45 vta./46). Adunó que tampoco evidenció la parte de qué forma se asimilan y se deben aplicar al caso los precedentes de la Corte federal citados (v. fs. 46).
En virtud de lo expuesto, concluyó que no cabía efectuar consideraciones respecto a la validez constitucional del art. 494 del Código adjetivo, pues la inadmisibilidad del carril articulado no halló sustento en sus limitaciones objetivas (v. fs. 46 vta.). Recordó la precisión que debe revestir el planteo federal y concluyó en la denegatoria del recurso extroardinario (v. fs. 47 vta./48).
2. Frente a ello, la defensa dirigió sus esfuerzos a reiterar los cuestionamientos llevados en la vía extraordinaria y aseverar que revisten entidad para ser tratados, lo que no logra contrarrestar la falta de aptitud del planteo federal cimentado en que no logró demostrar que se encontraran involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que habilitaran la excepción.
3. De lo expuesto se advierte que el auto impugnado cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha de arbitrariedad esgrimida por la parte.
4. Resta agregar que la mera alegación al exceso en confronte con las facultades conferidas por el art. 486 del Código Procesal Penal -v. fs. 61- no logra progresar atento a la generalidad que reviste. No obstante, cabe recordar que tiene dicho esta Suprema Corte que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP -según ley 14.647-; P. 125.506, res. del 3-VI-2015; P. 126.907, resol. de 19-X-2016; P. 128.408, resol. de 12-VII-2017; e.o.).
5. Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal no puede prosperar, en tanto -conforme lo especificó el auto adverso- dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por el Tribunal de Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Jonathan Alejandro Abril, con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°721
Fin de la sentencia