Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128391
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Germán Anselmo Curra, con costas (art. 486 bis y conc. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.391-RQ - “Curra, Germán Anselmo s/ Recurso de queja en causa N° 74.189 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 16 de agosto de 2017.-
La presente causa P. 128.391-RQ, caratulada: “Curra, Germán Anselmo s/ Recurso de queja en causa N° 74.189 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, el Tribunal en lo Criminal Nº 5 del Departamento Judicial Morón condenó a Hugo Germán Anselmo Curra a la pena de veintiocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma, rapto y abuso sexual con acceso carnal agravado por su comisión con arma reiterado (seis hechos), robo agravado por el uso de arma de fuego, abuso sexual agravado por su comisión con arma de fuego, disparo de arma de fuego criminis causae y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, todos ellos enlazados materialmente entre sí (fs. 1/13).
A su turno, la Sala Primera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 29 de junio de 2016, resolvió: a) hacer lugar parcialmente al recurso de la especialidad incoado contra aquél fallo; y b) casar el mismo y condenar al nombrado a la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas en orden a los delitos de robo agravado por el uso de arma, rapto y abuso sexual con acceso carnal agravado por su comisión con arma -en concurso idealéstos dos últimos- (en perjuicio de Jardón), robo agravado por el uso de arma de fuego, abuso sexual agravado por su comisión con arma de fuego (en perjuicio de Beltrán), disparo de arma de fuego criminis causae y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real entre sí (fs. 24/33).
Contra ello, se dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 36/43), el que fue declarado inadmisible con fecha 20 de septiembre de 2016 (fs. 44/50 vta.)
2. Frente a lo así decidido, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja (fs. 55/62 vta.).
Sostuvo que el remedio impugnativo fue erróneamente desestimado. Insistió en que el objeto de aquél no se encuentra constituido por una infracción a la ley sustantiva “sino bien por la infracción a la constitución federal”. En virtud de ello, entendió aplicable al caso la doctrina emergente de los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” del Máximo Tribunal nacional (fs. 58).
Tachó a la negativa de arbitraria “pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas, con las que se ciega la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la Provincia” (fs. 58 vta.).
Remarcó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal por vía del recurso extraordinario en atención a que el agravio postulado en el recurso de inaplicabilidad de ley es de índole federal, pues se debate en él que el Tribunal de Casación: a) incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de la pena recaída (arts. 18 y 75 C.N., 8.1. C.A.D.H.); b) impuso una pena que puede no tender a la resocialización a la que está obligado el Estado Argentino (art. 5.6, C.A.D.H.); y c) dictó una pena arbitraria por haber prescindido de las circunstancias fácticas sobre las que debió asentarse (arts. 1, 18 y 33 C.N.) -fs. cit.-.
Sumó a ello que la cuestión federal fue oportunamente planteada y que el gravamen es actual.
Aclaró que no se discutió la infracción del art. 41 inc. 2 del Código Penal sino de los arts. 18 de la Constitución Nacional y 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos en tanto la omisión de la audiencia de visu es el presupuesto fáctico de dichas infracciones federales. También dijo que lo mismo ocurre cuando se reputó infringida la obligación que el art. 5.6 de la Convención citada impone a los Estados parte de la Convención (fs. 59 vta.).
Criticó que el sentenciante no se refirió a los agravios de índole constitucional y se limitó a decir que la omisión del visu resulta una cuestión meramente procesal “cuando surge claramente del remedio denegado que ello no es otra cosa que el presupuesto fáctico de los planteos federales presentados”.
En dicho marco, el quejoso manifestó que “[c]on transcripción expresa [de] los considerandos 19 y 23 de ‘Maldonado’ (…) se demostró que el visu del imputado antes de fijar pena integra el derecho a ser oído que deriva del art. 18 de la CN y 8.1 de la CADH”. Agregó que el art. 41 inc. 2 del Código Penal es reglamentario de dicha garantía constitucional y convencional (fs. 60 vta.).
Asimismo, trajo a colación los precedentes “Trusso” y “Martins” de la Corte nacional y tildó de arbitraria la resolución en crisis por apartarse de la doctrina establecida en dichos precedentes “al priorizar por sobre los pronunciamientos de ésta que versan sobre interpretaciones de cláusulas constitucionales federales los pronunciamientos de [este Tribunal] sobre esos mismos puntos” (fs. 61 vta.).
Concluyó que el límite que en razón de la materia trae el art. 494 del Código Procesal Penal debe ser inaplicado o, en su caso, declarado inconstitucional (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la C.S.J.N.) –fs. 62-.
3. La queja formalizada es improcedente.
a. De la lectura del decisorio impugnado surge que el Tribunal intermedio, luego de destacar que en autos se encontraba abastecido el monto de pena, refirió que en el desarrollo del agravio llevado a su conocimiento -vulneración de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Maldonado” y “Pin”- “no se advierten involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que ameriten decretar la admisibilidad del presente recurso extraordinario”. Luego de transcribir fragmentos de lo dicho por esta Corte en la causa P. 118.822, adujo que “lo que la defensa intenta de poner en crisis aquí, no es más que una reflexión tardía”, lo que “surge del memorial obrante a fs. 123/128, oportunidad en la que la parte contestó la vista dada por la Presidencia de e[s]e Cuerpo, y nada dijo al respecto” (fs. 45/46 vta.).
Para más, en sustento de su postura, aludió a lo resuelto en las causas P. 125.701, resol. del 15-7-2015; P. 125.703, resol. del 30-IX-2015; P. 118.283, resol. del 23-IV-2014, entre otras (fs. 46 vta. cit./47 vta.).
En efecto, observó que la impugnación no posee la aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que en el caso estén involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el Tribunal superior de la causa, a fin de sortear las limitaciones que la ley de rito establece para la concesión del remedio impetrado.
De seguido expuso que el recurrente desconoce o hace caso omiso a lo resuelto por esa sede esgrimiendo en realidad una opinión discrepante a lo anhelado en el recurso casatorio incoado oportunamente (fs. 48).
b. Tal cual surge de la reseña efectuada, el a quo desestimó el carril extraordinario por estimar que la defensa no puso de relieve, con la suficiencia y carga técnica necesaria, el compromiso directo de las garantías constitucionales que arguye vulneradas (violación de los arts. 18 de la C.N., 8.1. y 5.6. de la C.A.D.H.).
Frente a ello, la defensa no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 40/42 vta.).
c. Por otro lado, la tacha de arbitrariedad por apartamiento de los fallos del Máximo Tribunal nacional tampoco es de recibo. Ello en tanto la parte no evidenció de qué manera los precedentes jurisprudenciales citados (v. fs. 60 vta./61 vta.), en especial “Maldonado”, resultarían aplicables al caso a pesar de las notorias diferencias causídicas entre aquéllos y el presente.
d. Por último, huelga poner de resalto que el temperamento adoptado por el a quo se corresponde con el criterio fijado por esta Corte sobre el punto (cfe. P. 110.459, resol. del 4-4-2012; P. 109.331, resol. del 9-12-2010, P. 109.001, resol. del 26-10-2010, P. 109.618, resol. del 2-7-2010; P. 112.060, resol. del 12-12-2012; P. 115.615, resol. del 3-7-2013; P. 122.167, resol. del 17-12-2014; P. 125.701, resol. del 15-7-2015; P. 126.061, resol. del 11-11-2015; P. 122.488, resol. del 6-6-2016; P. 122.255, resol. del 21-9-2016; P. 123.519, resol. del 5-10-2016; P. 122.853, resol. del 26-10-2016; P. 123.935, resol. del 30-11-2016; P. 124.797, resol. del 21-12-2016; P. 124.517, resol. del 29-3-2017; e.o.).
4. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Germán Anselmo Curra, con costas (art. 486 bis y conc. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia