Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128593
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de F.J.M. (art. 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647).
“F.J.M. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 74.773 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA V”.
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.593-RQ, caratulada: “F.J.M. s/ Recurso de queja en causa N° 74.773 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 29 de diciembre de 2016, declaró -en lo que aquí interesa destacar- inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca que había condenado a F.J.M. a la pena de treinta años de prisión y costas del proceso como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado (seis hechos) y privación ilegal de la libertad agravada reiterada (dos hechos) en concurso real (fs. 94/97).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, articuló recurso de queja en favor de F.J.M. (fs. 100/104 vta.).
Liminarmente expuso que en la vía extraordinaria denegada se había denunciado la arbitrariedad de la sentencia al haber declarado el Tribunal intermedio la extemporaneidad de los planteos introducidos en el marco del art. 458 del Código Procesal Penal y que, de ese modo, “se generó la afectación a la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio y el derecho al recurso en infracción a los arts. 18 de la CN, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP y 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Const. provincial” (fs. 102 y vta. -cursiva en el original-).
Agregó que -en rigor- lo decidido atentó contra la utilidad de la defensa pública ante el a quo y afectó, en consecuencia, de modo directo la posibilidad de una revisión integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena respecto del imputado F.J.M., con menoscabo, a su vez, del estado jurídico de inocencia.
Por otra parte, alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en art. 494 del CPP pues esa labor debe realizarla un superior; de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la CADH (fs. 103 y vta.).
Concluyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional propia de la competencia del Tribunal de Casación (fs. 104).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -en lo que aquí interesa destacar- ha sido bien denegado por la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal.
a. Ocurre, que la Casación Penal señaló que el recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimado, en forma legal y en tiempo oportuno, contra una sentencia definitiva que impuso a Ferreyra la pena de treinta años de prisión, pero no se ha fundado en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida a ella.
De seguido, se ocupó de las cuestiones de pretensa índole federal y en esa tarea resaltó que “las referencias traídas por el impugnante no se hallan presentadas con un específico desarrollo que, con la suficiencia y carga técnica necesarias y en relación a las circunstancias comprobadas de la causa, sea capaz de sortear los recaudos objetivos inexistentes a fin de habilitar la instancia extraordinaria pretendida (arts. 494 C.P.P., 14 y 15, Ley 48)” (fs. 95 vta.).
Observó que si bien se denunció la vulneración al derecho al recurso y a la revisión integral del fallo condenatorio “el derecho a obtener la revisión integral de la sentencia de condena es precisamente el que la parte ejerció con su recurso de casación (ver la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia in re ‘Mendoza, Walter Damián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 64.911 del Tribunal de Casación Penal, Sala I’, P. 125.464, del 22 de diciembre de 2015)” (fs. cit.).
Finalmente y en lo que atañe a la solicitud de inconstitucionalidad del art. 451 del C.P.P. señaló que “es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de la leyes sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio” y agregó que de esa forma para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener -en lo que cuenta- un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. doct. P. 100.955, res. de 23/VII/2008; Ac. 101.036, 10/IX/2008; P. 100.115, res. de 23/XII/2009, entre otros)” (fs. 96).
b. De los agravios esbozados surge evidente que el recurrente dejó incontrovertido el argumento central por el cual se ha desestimado el remedio extraordinario local incoado -insuficiencia de las cuestiones federales-.
Se advierte que las críticas vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la posibilidad de una revisión integral sobre todos los aspectos sustanciales del fallo de condena, reeditan las llevadas en la instancia anterior.
A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por el quejoso para revertir el juicio negativo en punto a los agravios que fueran desestimados por novedosos, lo cierto es que –en línea con lo expuesto por el a quo- la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C y P. (cfe. P. 78.901, sent. Del 7/XI/2001; P. 75.534, sent. del 21/XI/2001; P. 77.329, sent. del 10/IX/2003; P. 81.725, sent. del 16/IX/2003; P. 83.841, sent. del 9/X/2003; P. 89.368, sent. del 22/XII/2004; P. 99.549, sent. del 8/VII/2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
4. Por último, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH) no es de recibo, en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de F.J.M. (art. 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia