Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129231
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta a favor de Rodolfo Sayago Romero, con costas (art. 486 bis del CPP).
2Declarar la inoficiosidad de la tarea profesional desarrollada por el doctor Gustavo Manuel González a los fines regulatorios (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"SAYAGO ROMERO, RODOLFO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N°74797 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE LOMAS DE ZAMORA, SALA II".
La Plata, 29 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 129.231-RQ, caratulada: "Sayago Romero, Rodolfo s/ Recurso de queja en causa N° 74.797 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad deducido contra la resolución de ese mismo órgano que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la decisión de la Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba formulada a favor Rodolfo Sayago Romero (v. fs. 17 y vta.).
Para así resolver, sostuvo que tal pronunciamiento "no es pasible de ser cuestionado por el remedio intentado desde que contra el mismo procede recurso de casación" y ello "así lo ha entendido es Tribunal en tanto se trata la atacada de una resolución asimilable a sentencia definitiva en los términos del artículo 450 inc. 2 del Código Procesal" concluyendo en la inadmisibilidad (arts. 421, 433, 479 y 486 CPP).
II. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Gustavo Manuel González, articuló recurso de queja (v. fs. 38/43).
Dijo que el Tribunal de Alzada al desestimar el pedido de suspensión de juicio a prueba, incurrió en arbitrariedad, afectándose las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso e igualdad (arts. 16 y 18 Const. nac.). Enfatizó, que la Cámara no resolvió todas las cuestiones sometidas a su consideración, limitándose a sostener que existiendo oposición fiscal- el instituto en trámite no era aplicable (v. fs. 40 y vta.).
Tildó de arbitrario el pronunciamiento que declaró inadmisible la vía extraordinaria de nulidad, debido que a su juicio- existió una errónea e insalvable interpretación de la normativa que regula la materia puesto que el art. 479 del Código Procesal Penal establece que las Cámaras de Apelaciones y el Tribunal de Casación se encuentran en pie de igualdad como órganos examinadores de sentencias definitivas (v. fs. 41 y vta.).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis del CPP).
Ello pues, como lo sostuvo la Cámara departamental, la decisión impugnada no proviene del órgano habilitado por ley para intervenir con carácter previo a esta Suprema Corte.
En efecto, el Tribunal de Casación Penal constituye la instancia intermedia previa al paso por esta Corte, pues desde la sanción de las leyes 11.922 (y sus modif.), 11.982 (y sus modif.) y la reforma al art. 1° de la ley 5827 (texto según ley 12.310)- es el último órgano jurisdiccional con competencia penal, previo al acceso a las vías extraordinarias locales (art. 479, CPP) en el que las partes pueden eventualmente encontrar reparación de los perjuicios irrogados en las instancias anteriores. La reforma establecida por la ley 13.812 (BO 21/IV/2008) no ha modificado su carácter de tribunal intermedio, más allá de haber restringido su competencia en determinados supuestos (v. gr: respecto de la impugnación y acción de revisión de la sentencia definitiva en materia correccional, ahora asignada a las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal departamentales art. 21.4, CPP, entre otras-).
Por ello, salvo los casos en los que el legislador ha establecido un diagrama recursivo específico prescindiendo del tránsito por ante el órgano casatorio, y entonces esa vía no puede ser tenida como última instancia en los términos del art. 161, inc. 3° a) de la Constitución provincial cit.-, en los demás no es posible soslayar su paso obligado por el Tribunal de Casación Penal a fin de habilitar la posterior intervención de esta Suprema Corte (conf., mutatis mutandis, P. 109.270, res. del 18-VIII-2010; P. 118.953, res. del 11-X-2012; P.119.509, res. 24-IX-2014; P.125.364, res. del 11-III-2015, e/o).
IV. Lo decidido precedentemente importa la declaración de inoficiosidad de la labor profesional del letrado interviniente.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Lo expuesto es atingente más allá que en la concreta situación de autos se arribe a tal temperamento aplicando el régimen anterior o la nueva regulación (vid. Art. 30 de ambas legislaciones).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta a favor de Rodolfo Sayago Romero, con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Declarar la inoficiosidad de la tarea profesional desarrollada por el doctor Gustavo Manuel González a los fines regulatorios (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia