Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128393
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.393, "Baldo, Diego Martín s/ Recurso de queja en causa n° 74.926 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de agosto de 2016, desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que condenó -en integración unipersonal y a través del trámite de juicio abreviado- a Diego Martín Baldo a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de secuestro extorsivo agravado por haber conseguido su propósito, por tratarse una de las víctimas de un menor de dieciocho años de edad, por la intervención de tres o más personas y por la intimidación con un arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego (v. fs. 84/88 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia articuló recurso de queja (v. fs. 154/158). Por resolución del 7 de febrero de 2018, este Alto Tribunal provincial admitió el mismo y concedió la vía extraordinaria en trato (v. fs. 159/161 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 168/171 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 176, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra la sentencia de fs. 61/64, el señor defensor oficial adjunto ante la instancia casatoria dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la infracción al principio de culpabilidad (arts. 18 y 19, Const. nac.).
Tachó de arbitraria la respuesta dada por el a quo toda vez que -a su entender- se confirma un fallo que no tomó en consideración la naturaleza de la acción y la extensión del daño causado, como lo demanda el art. 41 inc. 1 del Código sustantivo (v. fs. 81 vta.).
Explicó que Baldo acordó con el representante del Ministerio Público Fiscal calificar los hechos juzgados como secuestro extorsivo calificado en concurso real con robo agravado por el uso de arma y pactó, sin ponderar circunstancias atenuantes ni agravantes, la imposición de una pena de quince años de prisión más la declaración como reincidente (v. fs. 82).
Indicó que el coimputado Benedetti Izquierdo fue condenado con anterioridad -también mediante un procedimiento de juicio abreviado- a la pena de doce años por resultar autor no sólo de aquellos hechos endilgados a Baldo, sino que también se le adjudicó la autoría de los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real entre sí. Y agregó que en la misma sentencia se dispuso declararlo reincidente.
Adujo que la situación descripta implicó que, dentro de la misma causa a uno de los coautores del hecho le fuera impuesta una pena de doce años por una serie de eventos que excedían en su cantidad a los que fueran objeto de reproche del segundo coimputado y que, sin embargo, a este último se le impuso una sanción tres años mayor (v. fs. cit.).
Alegó que el proceso de individualización de la pena a imponer a su asistido "...se ha hecho pasando por alto la innegable circunstancia de que los delitos que a él se le reprochaban significaban un injusto menor en relación a aquello que le fuera reprochado al consorte de causa un año antes" (fs. 82).
De ahí que entendió que se evidenciaba una errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y una directa infracción al principio de culpabilidad. En este sentido, refirió a la regla de relación directa que dimana de las normas de concurso de delitos, a partir de la cual se sigue que ante más imputaciones se aplica más pena y ante menor número de ilícitos corresponde menos pena.
Señaló que en el presente caso se trata de dos sujetos que participaron conjuntamente en un delito -en calidad de coautores- y que, sin haber existido circunstancias personales e individuales que lo justifiquen, recibieron una pena notoriamente distinta, lo cual lo llevó a afirmar que la pena impuesta a su asistido resultaba desproporcionada con relación al principio de culpabilidad por el hecho (v. fs. 82 vta.).
Expuso que una respuesta coherente demandaba analizar el quantum de la sanción a aplicar a Baldo tomando como parámetro el monto estipulado para Benedetti Izquierdo, a quien se lo condenó por el mismo hecho y por dos delitos más contra la seguridad pública que significaban un plus o aditamento que agravó el injusto penal objeto de su reproche.
Por último, destacó que era falsa aquella afirmación por la cual el tribunal revisor explicó que "...los distintos montos de pena se deben a distintas circunstancias personales de ambos coimputados..." (fs. 83), pues de las constancias agregadas al expediente en ninguna de las sentencias condenatorias cotejadas se valoraron atenuantes y agravantes para la determinación de la pena.
II. A fs. 168/171 vta. emitió opinión el señor Procurador General, aconsejando la desestimación del recurso intentado.
III. Coincido con lo dictaminado, pues el carril extraordinario deducido no prospera.
III.1. Cabe recordar que el Tribunal de Casación, en oportunidad de resolver, expuso que del juicio abreviado glosado en el incidente impugnativo, las partes acordaron someter el proceso al trámite del art. 395, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, pactando la imposición de la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas del proceso más la declaración de Baldo como reincidente por los delitos de secuestro extorsivo agravado por haber conseguido su propósito, por tratarse una de las víctimas de un menor de dieciocho años de edad, por la intervención de tres o más personas y por la intimidación con un arma de fuego, en concurso ideal con robo agravado por el empleo de arma de fuego.
Señaló que la "...única variación realizada en la subsunción típica de los hechos de ésta respecto del acuerdo citado, es la forma concursal entre el secuestro extorsivo agravado y el robo agravado, que para el sentenciante es material y, por consiguiente, más gravoso. No obstante, la penalidad no fue cambiada sino que se mantuvo en los márgenes establecidos por las partes procesales, lo cual, deja de manifiesto que ningún agravio puede suscitar (arts. 421 y 451 C.P.P.). Sentado ello, no puedo más que apuntar que la concreción de un acuerdo de juicio abreviado por el monto de quince años de prisión fue suscripto por la parte casi un año después de la condena del coimputado Benedetti, con lo que no podría argüirse desconocimiento de tal circunstancia. Sin embargo, igualmente se siguió adelante con el acuerdo signado en autos" (fs. 61 vta.).
Agregó que la distinta suerte corrida por los imputados respecto a los quantum punitivos era consecuencia de los actos propios desarrollados por las partes a lo largo del proceso, y nada obligaba al Tribunal a ajustarse a lo decidido por otro, máxime cuando las circunstancias personales diferían de persona a persona y que no existía apartamiento alguno de lo peticionado por las partes.
Finalmente, expuso que era de la opinión que "...la consideración de los factores para la determinación de la pena es una facultad propia de los jueces de mérito, siendo necesario para la procedencia de dicha cuestión que el recurrente demuestre que en tal decisión se encuentra presente un vicio o defecto en la determinación fáctica de las circunstancias valoradas para el juicio de mesura punitiva, una errónea aplicación de las respectivas normas sustantivas o una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación de la pena. La Defensa Oficial no logra acreditar que en el fallo atacado exista ninguno de los vicios o vulneraciones normativas en cuestión que habilite su descalificación, ni qué aspectos regulados por las normas de los arts. 40 y 41 del Digesto fondal fueron conculcados, lo que sella la suerte adversa de la pretensión" (fs. 63).
III.2. Frente a lo resuelto, el impugnante no refuta debidamente la conclusión a la que arriba el tribunal intermedio, lo cual obsta, por insuficiencia impugnativa (arg. art. 495, CPP), la viabilidad del reclamo.
Como se aprecia, la crítica de la defensa se centra básicamente en la disconformidad del monto de la pena aplicada a su asistido (quince años de prisión) a partir de comparar su situación con la del consorte de causa (Benedetti Izquierdo) que fue condenado -también juicio abreviado mediante- a doce años de prisión, siendo que a este último se le imputó -además del hecho cometido con Baldo- una serie de delitos más; por lo que entendió que a su defendido se le debió aplicar una sanción menor.
Sin embargo, de lo resuelto por el a quo , el recurrente omite refutar algunos de los argumentos que lo llevaron a confirmar el fallo de mérito.
Veamos. Por un lado, surge que el coimputado Benedetti Izquierdo fue condenado por sentencia del 27 de agosto de 2014 a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate exigido, por haber resultado una de las víctimas menor de dieciocho años de edad, por la participación en el hecho de tres o más personas y por haberse verificado la intimidación con armas de fuego de todos los sujetos pasivos en concurso ideal con robo con armas de fuego en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, estos dos últimos en concurso real (v. fs. 2/11 vta.). Cabe destacar que dicha condena es consecuencia del acuerdo firmado por el nombrado Benedetti Izquierdo con anterioridad a la misma.
Por su parte, Baldo pactó el día 25 de mayo de 2015 -conforme surge de fs. 13 y vta.-, la imposición de una pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por los hechos tipificados como secuestro extorsivo agravado por haberse logrado su propósito, por tratarse una de las víctimas menor de dieciocho años de edad, la intervención en el hecho de tres o más personas y por intimidación contra los damnificados mediante el empleo de arma de fuego en concurso ideal con robo con armas. En razón de ello, el Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro lo condenó a la pena acordada por los citados delitos (v. fs. 14/23 vta.).
Es decir, que casi nueve meses después de condenado su consorte de causa (por juicio abreviado oportunamente suscripto), fue el propio Diego Martín Baldo quien -tal como dijo la Casación- siguió adelante y firmó el acuerdo de fs. 13 y vta. por un monto de pena de quince años de prisión; con lo que tal circunstancia no era desconocida para Baldo.
Por eso cuando el tribunal intermedio apunta que no se apartó de la cuantía estipulada, habiendo firmado el encartado su acuerdo casi un año después al suscripto por Benedetti Izquierdo, el recurrente omite refutar este fundamento.
Tampoco controvierte lo afirmado en cuanto al modo de concursar los delitos reprochados a uno y otro imputado. De acuerdo a lo reseñado, fue el órgano revisor quien advirtió que para Benedetti Izquierdo los ilícitos endilgados concurrían en los términos del art. 54 del Código Penal, mientras que para Baldo lo hacían por aplicación del art. 55 del mismo cuerpo. Nuevamente en este extremo, la defensa silencia todo tipo de crítica, pues sólo se limita a decir que es falso lo expuesto por el a quo en orden a que las situaciones personales de ambos eran diferentes ya que no se computaron circunstancias atenuantes y agravantes; mas desoye que el órgano intermedio señaló que "La distinta suerte corrida por los imputados respecto a los quantum punitivos es consecuencia de los actos propios desarrollados por las partes a lo largo del proceso..." (fs. 62 vta.), y que nada obligaba al Tribunal a ajustarse a lo decidido por otro, si no existía apartamiento alguno de lo peticionado por las partes.
Si bien la parte, hace expresa referencia a la ausencia de atenuantes y agravantes como las circunstancias personales de cada imputado (cuestión esta que la Casación no identifica con la valoración de dichas pautas), lo cierto es que el cuestionamiento efectuado impide demostrar que el tribunal de recurso haya errado en su decisión y, por lo tanto, debía fallar de otro modo.
Finalmente, tampoco se hace cargo la defensa de lo dicho en cuanto a que los factores que influyen en la determinación de la sanción a imponer aluden a una facultad de los jueces de mérito sin que se hubiera alegado algún vicio de excepción que permitiera ingresar al tratamiento del citado extremo y descalificar la sentencia de mérito como así tampoco la violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal.
En definitiva, el impugnante -además de reeditar sus planteos en esta instancia extraordinaria- incurre en el mismo déficit que cometió en la sede casatoria, desde que se desentiende de los fundamentos dados que, con pie en la insuficiencia recursiva, sellaron la suerte adversa de los reclamos llevados.
Lo así decidido impide tener por configurada la infracción al principio de culpabilidad (por haberse aplicado erróneamente los arts. 40 y 41 de la ley sustantiva) y la genérica tacha de arbitrariedad que le atribuye a las respuestas brindadas por el órgano intermedio, pues de acuerdo a lo reseñado en el acápite III.1. de la presente, no se aprecia que el fallo en crisis padeciera de algún vicio que bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal Federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad denunciada.
En tal sentido, viene al caso recordar que el objeto de aquella doctrina "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234; conf. causas P. 101.193, sent. de 2-V-2009; P. 106.496, sent. de 14-IV-2010; P. 105.807, resol. de 12-X-2011; P. 110.405, resol. de 15-VIII-2012; P. 111.949, sent. de 24-IV-2013; P. 113.327, resol. de 7-VIII-2013; P. 114.590, resol. de 4-IX-2013; P. 112.443, resol. de 30-X-2013; P. 111.927, resol. de 20-XI-2013; entre otras).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia