Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128393
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto de Casación y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis , CPP).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada (art. 494, CPP).
"BALDO, DIEGO MARTIN S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 74.926 TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA I".
La Plata, 7 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.393-RQ, caratulada: "Baldo, Diego Martín s/ recurso de queja en causa N° 74.926 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de agosto de 2017, rechazó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que -rechazando la vía homónima- confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Isidro que -mediante un procedimiento abreviado- condenó a Diego Martín Baldo a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haber conseguido su propósito, por tratarse una de las víctimas de un menor de dieciocho años de edad, por la intervención de tres o más personas y por la intimidación con un arma de fuego en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego, declarándolo reincidente (v. fs. 38/42 vta.).
Para así fallar, el órgano señaló que la pena impuesta superaba el límite estipulado en el art. 494 del Código Procesal Penal. No obstante, agregó, que la impugnación versaba sobre cuestiones procesales, "por lo que no se puede identificar en el presente, infracción a la 'ley sustantiva'" (fs. 39 y vta.). Afirmó que esta Suprema Corte se expidió sobre los alcances del art. 40 y 41 del código de fondo en P.109.431, el cual transcribió (v. fs. 39 vta./40).
De seguido, expuso la vulneración al principio de culpabilidad configuraba en realidad una opinión discrepante, en tanto la parte no contradijo lo argüido en la sentencia casatoria respecto al monto punitivo (v fs. 40 y vta.).
A continuación, reflexionó que las limitaciones objetivas del art. 494 del ritual ceden ante la existencia de absurdo o arbitrariedad, no obstante -sostuvo- la impugnante no logró demostrar su presencia. Mencionó la excepcionalidad del planteo en los términos del vicio aludido con cita de lo resuelto en P.125.919 por este Tribunal (v. fs. 40 vta.).
Concluyó en la falta de aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, estén involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales, que excepcionen el valladar ritual (v. fs. 40 vta./41).
II. En objeción a ello, el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor José María Hernández- interpuso recurso de queja en los términos del art. 486 bis , Código Procesal Penal (v. fs. 47/51).
Efectuó un pormenorizado detalle del tránsito procesal de la causa (v. fs. 47 vta./49).
Afirmó que el recurso fue erróneamente denegado (v. fs. 49). Tachó de arbitrario el criterio por el cual el a quo halló que su planteo configura un embate procesal. Postuló que el mismo se funda de modo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas, abstractas, y jurisprudencia inaplicable al caso (v. fs. cit.).
Explicó que el embate versa claramente sobre la inobservancia de la ley sustantiva -errónea aplicación del art. 41.1 del Código Penal- pues se impuso la pena a Baldo sin tomar en consideración la naturaleza de la acción y la extensión del daño causado. Adunó que el decisorio adverso no ofrece ningún argumento en pos del encuadre ritual, limitándose a declarar que no se identifica una infracción a la ley sustantiva (v. fs. 49).
Señaló reunidas las exigencias en pos de la admisibilidad del carril denegado (v. fs. 49 vta.). Explicó que allí denunció la ostensible diferencia entre las sanciones impuestas a ambos imputados, pues pese que a su consorte se le reprocharon más eventos, recibió una pena menor (v. fs. 49 vta.). Arguyó que se puso en evidencia que "se prescindió de la pauta que impone a valoración de la cuantía del injusto en el caso" (fs. cit.).
Agregó, que -oportunamente- se tachó de arbitrario el primer pronunciamiento del a quo , pues cimentó las diferencias en los montos a partir de las distintas circunstancias personales de ambos coimputados, lo que -adujo- es inverosímil (v. fs. cit./50). En dicho marco, esgrimió que en ninguna de las sentencias se ponderaron pautas atenuantes y agravantes que justifiquen las diferencias en las tareas individualizadoras (v. fs. 50).
A renglón seguido, apuntó que el Tribunal intentó fundar su decisorio invocando un precedente inaplicable al caso -P.109.431-. Indicó que el mismo debatía una infracción al a prohibición de la reformatio in pejus en el marco de la revisión de la condena, mientras que en autos se discute la falta de consideración de la naturaleza de la acción y la extensión del daño, lo que -añadió- importa una aplicación errónea del art. 41 inc. 1 del código de fondo. Coligió en la aparente fundamentación del decisorio (v. fs. 50 vta.).
Para finalizar, advirtió que el órgano casacional incurre nuevamente en arbitrariedad al descartar la infracción al principio de culpabilidad, recurriendo a afirmaciones genéricas y vacías de contenido (v. fs. 50 vta.). Esgrimió que el planteo de ley sustantiva conlleva la trasgresión a dicha garantía "por determinar el quantum punitivo desentendiéndose del objeto mismo del juicio de reproche: el injusto penal" (v. fs. 51).
Es que -conforme lo reseñado en el apartado I- le asiste razón a la parte en punto al carácter genérico del análisis efectuado por el a quo , y la falta de relación con el contenido de lo resuelto del decisorio citado para fundar la decisión; ello, en franco incumplimiento del deber de fundamentación que le compete al decidir sobre el tópico a tenor del art. 486 del Código Procesal Penal.
En consecuencia, el remedio ha sido mal denegado.
IV. Sentado ello, cabe señalar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se articuló contra una sentencia definitiva del Tribunal de Casación Penal, y -como se anticipó- reúne las exigencias de la norma ritual en tanto Baldo fue condenado a quince años de prisión, y de la postulación extraordinaria emerge, entre otros embates de pretensa índole federal, la errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 40 y 41, Cód. Penal).
V. En función de lo expuesto, más allá de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde hacer lugar a la queja incoada, declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y concederlo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto de Casación y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis , CPP).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada (art. 494, CPP).
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa n° 74.296 al a quo mediante oficio de estilo (art. 486 bis , 487 y concs. del CPP).
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°15
Fin de la sentencia