Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127932 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia; con costas (arts. 482, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 127.932-RQ - “Baric, Juan José -Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- s/ Recurso de queja, en causa N° 75.568 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 28 de junio 2017.-
La presente causa P. 127.932-RQ, caratulada: “Baric, Juan José -Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- s/ Recurso de queja en causa N° 75.568 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
I. Conforme se desprende de las piezas aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, el 18 de agosto de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad incoados por el señor Director Provincial de Asuntos Contenciosos de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia, contra el pronunciamiento de ese Sala que rechazó el remedio de la especialidad intentado contra el auto de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, que revocó el resolutorio del inferior en cuanto dispuso la no ejecutabilidad de la decisión de alzada y aclaró que el recurso casatorio fue concedido con efecto devolutivo (v. fs. 7/13).
Para así decidir, juzgó -en lo que interesa destacar- que la sentencia atacada no reúne el requisito de definitividad previsto en el art. 482 del Código Procesal Penal, y que el impugnante no desarrolló ningún argumento tendiente a sortear dicho presupuesto de forma. Asimismo, transcribió -parcialmente- lo resuelto por éste Alto Tribunal en P.126.314-RC (v. fs. cit.).
II. Frente a ello, se alzó el señor Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia -doctor Juan José Baric-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 28/36.
a. Liminarmente, remarcó el interés y la legitimación para recurrir. Dentro del tópico, citó lo resuelto por la Corte federal in re “Verbitsky”, las causas Ac. 103.248 y P. 109.930 de ésta Suprema Corte, el decreto 38/15-b y, finalmente, recordó las disposiciones del art. 157 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (fs. 28 vta./30).
Luego, aludió a la admisibilidad de la presentación y reseñó el iter recursivo seguido (fs. 30/32 vta.).
b. En punto a la fundabilidad de su reclamo, tildó de arbitrario al fallo casacional que desestimó las vías extraordinarias locales “POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN”. En ese discurrir, arguyó la “VIOLACIÓN Y ERRÓNEA APLICACIÓN DEL ART. 486 DEL [CÓDIGO DE FORMA] Y DE [LA] DOCTRINA LEGAL VIGENTE SOBRE ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS EN MATERIA PENAL” (fs. 32 vta., la mayúscula y el destacado en el original).
En primer lugar, esgrimió que la sede casatoria debió conceder el recurso, toda vez que de los planteos efectuados “ha quedado evidenciado que se configuran los supuestos ordinarios (errónea aplicación de la ley) y extraordinario[s] (gravedad institucional, agotamiento de la instancia y cuestiones constitucionales) que motivan la apertura del conocimiento por parte de [ésta Corte]” (fs. cit./33).
Señaló que el a quo respondió sus agravios utilizando afirmaciones dogmáticas, lo que demuestra la arbitrariedad de la decisión, descalificándola como acto judicial válido (fs. 33).
Así, expresó su discordancia con la conclusión arribada en la casación, toda vez que, desde su óptica, entendió que el auto atacado constituye un supuesto de sentencia definitiva, en los términos del art. 482 del C.P.P. (fs. cit. y vta.).
En segundo término, criticó el pronunciamiento intermedio por su insuficiente motivación, “al punto tal que omitió hacer referencia a los argumentos de índole federal expresados” (fs. cit.).
Recordó que en el carril local se denunció la vulneración del principio de división de poderes y debido proceso legal -arts. 1 y 18 de la C.N.-, y remarcó que, de adquirir firmeza la resolución del Juez de Ejecución, “se vería convalidada una invasión de esferas competenciales por parte de un poder de estado en detrimento de otro” (fs. 34).
Por último, consideró que en autos se verificó un supuesto de gravedad institucional que afecta de manera inmediata el interés general, en perjuicio del sistema republicano y federal (fs. cit. y vta.).
III. La queja no prospera.
a. Aún marginando las consideraciones que podrían formularse en torno a la legitimación del recurrente, el juicio de admisibilidad negativo arribado en la sede intermedia -en cuanto concluyó en la ausencia de definitividad del resolutorio en crisis- debe confirmarse.
Ello puesto que la decisión adoptada es conteste con la doctrina de esta Corte sobre el tópico (cfe. Ac. 94.949 del 23/XI/2005, P. 108.395, res. del 6/VI/2011, P. 119.909, res. del 5/II/2014, P. 119.772, res. del 22/X/2014, P. 114.687, res. del 3/XII/2014; P. 107.701, res. del 9/XII/2010; P. 108.258, res. del 26/X/2010; P.115.992, res. del 26/VI/2013, entre otras).
b. Desde otra arista, cabe señalar que las alegaciones en torno a la transgresión de garantías constitucionales, no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de tal extremo es -lógicamente- anterior a la consideración de estas problemáticas (cfe. P. 116.052, res. del 26/III/2013; P.113.467 y P. 115.680, ambas res. del 3/VII/2013; P. 115.978, res. del 28/VIII/2013; P. 115.505, res. del 25/IX/2013; P. 116.771, res. del 9/X/2013; P.116.262, res. del 27/XI/2013; P. 117.087, res. del 11/XII/2013; P.117.086, res. del 23/XII/2013; P. 116.185, res. del 5/III/2014; P. 117.596, res. del 19/III/2014; P.120.547, res. del 30/IV/2014; entre otras).
c. Finalmente, el planteo de gravedad institucional esbozado por la parte tampoco puede tener acogida favorable, en tanto dicho extremo está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no observándose en el caso un supuesto de tales características. En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar a aquélla, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de tal circunstancia (cfe. doct. Ac. 88.681; Ac. 99.627; Ac. 99.994; Ac. 99.008; Ac. 99.007 y Ac. 106.372, 15/IV/2009; P. 105.783, res. del 9/XII/2009; cfe. C.S.J.N., Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia; con costas (arts. 482, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia