Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127738 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, con costas, la queja interpuesta a favor de Carlos Cristian Vaskoboinik (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor Matías Sebastián Moya por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 127.738-RQ - “Vaskoboinik, Carlos Cristian s/ Recurso de queja en causa N° 75.293 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 127.738-RQ, caratulada: “Vaskoboinik, Carlos Cristian s/ Recurso de queja en causa N° 75.293 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 31 de mayo de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido contra la decisión de ese órgano jurisdiccional que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca que había confirmado el auto del Juzgado de Garantías Nº 4 departamental que no hizo lugar a la petición de eximición de prisión a favor de Carlos Cristian Vaskoboinik (fs. 4/8 vta.).
Para así decidir, en primer lugar, expuso que el auto impugnado reviste el carácter de equiparable a definitivo, citando en su apoyo jurisprudencia de la Corte nacional y provincial.
Sentado ello, adujo que basta la lectura del remedio deducido para advertir que la crítica se dirige a cuestionar en rigor la fundamentación de la resolución de esa Sala; por lo que dispuso que en el presente “no se ha expuesto el caso constitucional en los términos del art. 489 del C.P.P., omisión que produce la inadmisibilidad del recurso interpuesto” (fs. 6).
Por fuera de ello, y para mayor satisfacción de la defensa, se abocó a analizar “si media algún planteo federal y si éste ha sido formulado con suficiencia pues sólo así esos reclamos son aptos para previamente ser resueltos por la Suprema Corte en su carácter de Superior Tribunal de la causa”. En dicho marco, agregó que “la admisibilidad del reclamo (…) no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que es menester su correcto planteamiento”.
En consecuencia, puso de resalto que “tales extremos no se abastecen con la mera referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las objeciones formuladas en las instancias anteriores sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación se pretende, sino que requieren por parte del recurrente, un fundamento expreso que permita verificar adecuadamente la acreditación de una causa federal suficiente que habilite la intervención de esta instancia, situación que en el ‘sub lite’ no se advierte”. También señaló que tampoco se efectuó un planteo federal suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias sobre la que edifica su queja, pues “no logra evidenciar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se dicen conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo” (fs. 6 vta.).
Remarcó que la defensa se limitó a expresar su disconformidad con lo resuelto sin refutar de modo concreto y razonado el fundamento del decisorio en crisis, “circunstancia que resulta determinante para dirimir la cuestión si se advierte que, como [ha sido expuesto], la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar (P. 125.834 del 9/XI/15)”.
De tal modo, agregó que la parte no controvirtió eficazmente los argumentos por los cuales se descartó la arbitrariedad del pronunciamiento de la alzada departamental “conforme ha sido expuesto en la resolución en crisis (…), donde a su vez se dejó sentado que resulta clara la voluntad legislativa de dejar de lado los presupuestos del instituto regulados en el art. 170 del C.P.P., no encontrándose prevista la admisibilidad de la eximición de prisión extraordinaria y finalmente, (…), no se ha reparado en que además de la calificación dada prima facie al hecho se ha ponderado el antecedente condenatorio que registra el encartado, dada la posibilidad de ser declarado reincidente, y las características en la ocurrencia de los hechos, que han sido tenidas en cuenta por el órgano de grado como indicador del riesgo procesal (…), tornando por completo insuficiente el remedio deducido” (fs. 7 vta.).
Concluyó que el reclamo que invoca la violación de garantías constitucionales “no reúne la suficiencia y carga técnica necesaria que este tipo de demandas tiene que evidenciar en la medida que los hechos debatidos no tienen vinculación directa con un agravio federal” (fs. cit.).
2. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Matías Sebastián Moya, articuló recurso de queja (fs. 42/46).
Advirtió la arbitrariedad del a quo a la hora de decidir en tanto recurrió a meras enunciaciones dogmáticas.
Refirió que el recurso fue mal denegado, en tanto el mismo “ha sido debidamente fundamentado y explicado, siend[d]o autosuficiente”.
Expuso que planteó -de forma por demás acabada- que “al imputado se le ve mermado su derecho a permanecer en libertad, a la par de una calificación legal otorgada al hecho en cuestión, que no se corresponde ni en lo más mínimo con lo que realmente ocurrió, más las pruebas colectadas en autos (que fueron suficientemente desarrolladas en el remedio intentado) dan cuenta de que la calificación legal resulta excesiva, arbitraria, caprichosa”.
Indicó que la cuestión federal fue planteada con suficiencia y que “tal es así que Casación no supo en su revisión de admisibilidad, explicar con claridad de que vicio adolece el recurso”.
Asimismo se quejó de que se le achacara que no estableció la relación directa e inmediata entre el fallo y las garantías constitucionales invocadas, ya que “dicha cuestión fue debidamente explicada y desarrollada, pues, si se observa la sentencia casatoria, es evidente que el simple rechazo del recurso de casación, causa agravio y se viola la garantía constitucional establecida en el [a]rt. 18 y 28 de la C.N.”.
3. La queja no prospera.
De lo reseñado, se aprecia que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la sede casacional basó la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria deducida.
Así, por un lado, no demostró que su pretensión (v. fs. 18/24) encuadre en las previsiones del art. 489 del Código Procesal Penal, ello en tanto no se ocupó de refutar este tramo del auto denegatorio.
Por el otro, y más allá de cualquier consideración que pudiera efectuarse en tanto el a quo luego de desestimar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad se abocó –además- a tratar las cuestiones federales, las críticas que porta la vía directa no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por aquél.
En función de todo lo expuesto, la tacha de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar, con costas, la queja interpuesta a favor de Carlos Cristian Vaskoboinik (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor Matías Sebastián Moya por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia