Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127887
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja traída a favor de Gabriel Matías Ocampo (arts. 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor Diego Melchor Sebastián por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 127.887-RQ, caratulada: “Ocampo, Gabriel Matías s/ Recurso de queja en causa Nº 75.218 del Tribunal de Casación, Sala III”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de agosto de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley incoados por la defensa particular de Gabriel Matías Ocampo contra el decisorio de dicho órgano que, rechazando la vía homónima, confirmó lo fallado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata que condenó al nombrado a la pena de cuatro años de prisión y mil pesos de multa ($1.000), más accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (fs. 22 vta./25).
Para así fallar, enumeró las causales del art. 491 del C.P.P., y afirmó que los embates de la parte no se encuentran comprendidos en dichos supuestos (fs. 23 y vta.). Explicó que la renovación de los argumentos llevados en el recurso casacional, “buscando en realidad controvertir aspectos del fallo vinculados con el acierto o sentido de lo resuelto” resultan extremos ajenos a su acotado margen (fs. 23 vta.). De seguido, recordó que el reclamo no debe haber sido tratado ni expresa ni implícitamente, “ni ha[ber] resultado desplazado por otra decisión”, y entendió que -en autos- no se hallaban reunidos los requisitos a tal fin (fs. cit.).
A continuación se ocupó del carril de inaplicabilidad de ley (fs. cit. in fine). Luego de entender que no se encontraban reunidos los requisitos objetivos, señaló la aptitud de la vía a los fines del tratamiento de un eventual planteo federal -cfr. art. 14, ley 48 y Fallos: “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” de la Corte federal- (fs. cit./24) Recordó que la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza no satisface la exigencia a tales fines, y razonó que la parte se limitó a enunciar los embates, sin lograr demostrar la vulneración denunciada (fs. 24). Explicó que circunscribió su tarea “a reeditar los mismos agravios que expusiera ante esta Sala”, hallándose su cuestionamiento desprovisto de desarrollos argumentales y precisiones que permitan desentrañar los extremos respecto de los cuales -a su criterio- la sala dictó un pronunciamiento arbitrario (fs. 24 vta.). Concluyó en que no se demostró la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y se pronunció por la vigencia de los límites de recurribilidad del art. 494 del C.P.P. (fs. cit.).
2. Contra lo así decidido, el doctor Diego Melchor Sebastián articuló recurso de queja en los términos del art. 486 bis del C.P.P. (fs. 26/34 vta.).
Luego de una detallada reseña de los antecedentes de la causa (fs. 26 vta./27), identificó los motivos que esgrimió el a quo para denegar las vías extraordinarias (fs. 27 y vta.).
a. En primer lugar se ocupó de la respuesta al remedio del art. 491 del C.P.P. (fs. 27 y vta.). A tal fin, transcribió parcelas del decisorio, y afirmó que la falta de fundamentación cimentó su reclamo.
Expuso que el primer fallo casatorio “no expresaba los fundamentos ni los motivos de por qué llego a dicho resultado”. (fs. 28). Trajo a colación parágrafos de dicho pronunciamiento y postuló que se torna palmario que “no ha realizado ninguna interpretación ni cu[á]l es la explicación acabada que han dado los funcionarios policiales de los motivos para proceder del modo en que lo han hecho” (fs. cit. y vta.).
Coligió en una fundamentación aparente, y en la nulidad de la sentencia en los términos del art. 491 del Código de rito (fs. 28 vta.).
Discrepó con la renovación de argumentos y la pretensa controversia sobre el acierto o sentido de lo resuelto que le endilgó el auto denegatorio. Explicó que en oportunidad de interponer el remedio casatorio se cuestionó la errónea aplicación de normas procesales en el marco de la ponderación probatoria, y no la nulidad del acto sentencial por falta de fundamentación (fs. cit./29).
Entendió que la mera remisión al acta de procedimiento y a las declaraciones vertidas, como argumento para desestimar la vulneración a garantías constitucionales, no hace más que evidenciar la carencia absoluta de fundamentos. Coligió que esa forma de resolver resulta contradictoria en tanto el propio decisorio señala la carencia de agravio constitucional alguno (fs. 29).
b. A continuación, refutó la negativa al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 29 in fine).
Transcribió las parcelas adversas y denunció que “coarta ilegítima y arbitrariamente la vía recursiva extraordinaria”, en quebranto de preceptos constitucionales y doctrina emanada de la Corte federal (fs. 29 vta.).
Confrontó la falta de demostración de los agravios de orden constitucional, y afirmó que sostiene -desde la etapa oral- la violación a garantías receptadas en la Carta Magna por el obrar policial “y que en función de ello mi defendido fue interceptado, cacheado, requisado, se le secuestraron sus cosas y luego se lo aprendió” (fs. 30). Especificó el quebranto al derecho de defensa en juicio y a la detención sin orden judicial, y descartó un supuesto de excepción que habilite al personal de la fuerza a accionar de tal modo (fs. cit.).
Enumeró los embates llevados en la vía, se refirió al control al que ha de ceñirse el órgano, y afirmó “si algo no puede negarse es que se han denunciado clara y expresamente violaciones al derecho federal y que en cada oportunidad se formuló la reserva pertinente” (fs. 30 vta.).
Halló incorrectamente vedado el acceso a la Corte nacional, pese al derecho federal en juego (fs. 30 vta./31). Vinculó la omisión de tratamiento con “el desatendido planteo” a la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P., y confrontó la cita de los precedentes “Strada” y “Di Mascio” por el a quo (Fs. 31). En dicho marco, planteó su desacuerdo con lo fallado en tanto la insuficiencia de la cuestión federal resulta dirimente sin perjuicio de la inconstitucionalidad argüida (fs. cit.).
De seguido expuso que la manda procesal no puede representar un obstáculo para la revisión, sindicó el quebranto al derecho a la igualdad, y dejó planteado su confronte constitucional (fs. 32 y vta.).
Para finalizar, efectuó una copia textual de lo argumentado en el remedio denegado (fs. 32 vta. in fine/34), y requirió que se haga lugar a la queja en virtud de la cuestión federal oportunamente introducida, mantenida y formulada, y en tanto “la materia del recurso es de naturaleza sustancial y procesal” (fs. 34 in fine).
3. La queja es improcedente.
a. Respecto a la vía extraordinaria de nulidad, las alegaciones de la parte no están dirigidas a demostrar que -contrariamente a lo afirmado por la Alzada- los cuestionamientos allí esgrimidos encajasen en alguno de los motivos previstos por el art. 491 del CPP.
En efecto, el quejoso no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio desestimó la misma, dejando incontrovertido su fundamento.
b. Ahora bien, en punto al remedio del art. 494 del C.P.P., del confronte de la reseña efectuada en el apartado 1., y lo esgrimido por la parte en la presente vía de hecho, se desprende que el quejoso, más allá de transcribir los fundamentos dados por la casación que llevaron a la inadmisibilidad del remedio local, no se hace cargo de la respuesta basada en la insuficiencia del recuso impetrado en aquella sede.
Por el contrario, se limita a insistir en que la cuestión federal fue planteada correctamente, a los fines de habilitar la competencia extraordinaria.
De lo expuesto en ambos acápites -a y b-, se desprende que la parte incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y ccds. del CPP).
c. En función de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad queda huérfana de sustento argumental.
d. Por último, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del CPP -en vinculación con el principio de igualdad- carece de virtualidad en la medida en que lo decidido no se funda, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja traída a favor de Gabriel Matías Ocampo (arts. 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor Diego Melchor Sebastián por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia