Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129081
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar, por improcedente, la queja articulada por la defensa particular de Héctor Marcelo Segura (art. 486 bis, 491 y conc. del CPP).
II. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Rubén Abel Fernández ante esta instancia, a los fines regulatorios (art. 30, decreto ley 8409/77).
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 129.081-RQ, caratulada: “Segura, Héctor Marcelo s/ Recurso de queja en causa N° 75.258 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
I. De las copias aportadas por la parte se infiere que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, merced al auto dictado el 4 de mayo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por el defensor particular contra la decisión de dicha sala por la que se mantuvo la condena impuesta a Héctor Marcelo Segura a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma y por lesiones graves resultantes (fs. 9 y vta.).
II. El doctor Rubén Abel Fernández, letrado defensor del nombrado, dedujo queja siguiendo los parámetros reglados por el art. 433 segundo párrafo del CPP (fs. 100-105 vta.).
Señaló que se agravia en razón de que se considere que los planteos esgrimidos no encuadren en ninguno de los supuestos del art. 168 de la Constitución provincial explicitando que se entiende por omisión de tratamiento de una cuestión esencial, cual es el criterio de este Tribunal sobre lo que debe considerarse cuestión esencial y poniendo de relieve casos en los que los tribunales de mérito no se expidieron sobre aspectos vinculados con la determinación de la pena (fs. 101 y vta.).
Afirmó –pese a que antes había consignado “… Esta defensa considera que no se han omitido cuestiones esenciales….” (fs. 101 vta., párrafo segundo) que se omitió que la exclusión de su defendido del recinto de juicio oral no reúne las condiciones que aseguraron el derecho de defensa y el debido proceso fundamentando su decisión en lo normado por el art. 83 incisos 1, 4 y 6 del CPP (fs. 101 vta./102); que su defendido tuviera la posibilidad de conocer de inmediato el contenido de las declaraciones producidas en su asistencia y estuviera en condiciones de formular a su defensor las instancias que creyera convenientes (fs. 102 y vta.); que no se hubieren considerado que la exhibición de fotografías con anterioridad a las diligencias de reconocimiento en rueda de personas no constituye obstáculo alguno para la validez de los actos que se quisieron impugnar (fs. 102 vta.-103); que se omitiera que el señor Néstor Antonio habría reconocido a la persona de la foto cuando en el acta de la audiencia no existe ninguna constancia que permita evaluar la corrección de esa alegación de la defensa (fs. 103); por la omisión de incorporar por lectura el testimonio de Leitao (fs. 103); porque no se consideraran inválidos los reconocimientos fotográficos al no haberse cumplido con los recaudos previstos en la ley procesal (fs. 103 y vta.); por no considerar que existe una orfandad probatoria en la acreditación del hecho (fs. 103 vta.-104); por la falta de incorporación en el reconocimiento fotográfico de constancias que obrarían a fs. 101/103 (fs. 104); por la omisión como prueba de cargo del reconocimiento de la testigo García (fs. 104); por la omisión como atenuante del tiempo de detención sufrido en una causa por la que el causante fue absuelto (fs. 104 vta.) y porque en la declaración de reincidencia se ha omitido hacer un cálculo real de las penas del último hecho (fs. 104 vta.-105).
III. La presentación directa es manifiestamente improcedente.
En primer lugar se observa que la queja fue sustentada en el art. 433 del CPP, cuando la denegación de las vías previstas en el art. 479 del cod. cit., resulta impugnable por conducto del art. 486 bis.
A ello cabe sumar las contradicciones que se relacionaran en el acápite II., párrafo tercero, ab initio.
Más lo central es la pertinencia del juicio negativo efectuado por el a quo. En efecto, los agravios traídos no se han formalizado conforme las previsiones de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (art. 491 del CPP), siendo del caso recordar que el recurso de nulidad está previsto para censurar los déficits que posee la sentencia recurrida en su aspecto extrínseco y no puede sustentarse –incluso aunque se intente diagramar el recurso bajo el ropaje de presuntas omisiones intrínsecas de la misma- ni en el acierto o profundidad de lo decidido, ni en el cuestionamiento sobre la valoración de las pruebas o la elección, descarte o consideración particular de alguna de ellas en la estructura de motivación de la misma.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
I. Desestimar, por improcedente, la queja articulada por la defensa particular de Héctor Marcelo Segura (art. 486 bis, 491 y conc. del CPP).
II. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Rubén Abel Fernández ante esta instancia, a los fines regulatorios (art. 30, decreto ley 8409/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia