Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128703
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Brian Jesús Mansilla, con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
La Plata, 29 de agosto de 2017.
La presente causa P. 128.703, caratulada: “Mansilla, Brian Jesús s/ Recurso de queja, en causa N° 75.713 del Tribunal De Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Brian Jesús Mansilla, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de San Martín que, en el marco de un proceso abreviado, condenó al nombrado a la pena de ocho años y once meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de dieciocho años de edad, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil (causa n° 3790); en concurso real con lesiones leves (causa n° 3893) -fs. 35/38-.
II. Frente a ello, se alzó la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia -doctora Ana Julia Biasotti- merced al recurso de queja que articuló a fs. 40/45.
En primer lugar, alegó que el argumento utilizado por el a quo para cerrar la vía extraordinaria “no resulta oponible en el caso”, toda vez que se ha puesto de manifiesto la existencia de agravios de naturaleza federal (fs. 41 vta.).
Esgrimió que en la vía extraordinaria se explicitó la cuestión federal que se sometía a conocimiento de esta Corte, la cual surgió a partir del dictado de la sentencia que rechazó por extemporáneo el planteo defensista realizado ante la instancia casatoria y que, en virtud de ello, se afectó la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio (arts. 18 de la C.N., 8.2.h y 14.5 del P.I.D.C.y P.) -fs. cit./42-.
Destacó que lo resuelto atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó, en consecuencia, de modo directo la posibilidad de una revisión integral de la condena. En abono de su postura, trajo a colación el precedente “Casal” de la C.S.J.N. (fs. 42 y vta.).
Consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (fs. 43).
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión. De seguido, citó la causa P. 85.977 de este Cuerpo y adujo que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del C.P.P., pues esa labor debe realizarla un superior (fs. cit. vta.).
Entendió que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la C.A.D.H. (fs. cit./44).
En consecuencia, argumentó que la decisión de la sede intermedia, en el tramo referido a la violación de las garantías a la revisión amplia del fallo condenatorio y a la defensa efectiva, “con base en la pretendida falta de aptitud y carga técnica necesarias […] para argumentar que podrían estar involucradas cuestiones federales, no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria intentada…” (fs. 44 y vta.).
Como colofón, arguyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de cuestiones constitucionales propias de la competencia del Tribunal de Casación, por cuanto -reiteró- la sentencia de dicho órgano “omitió explicar razonadamente por qué el planteo de índole federal de e[s]a parte resultó defectuoso” (fs. cit.).
III. La queja no es de recibo.
a. En efecto, el Tribunal de Casación, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del C.P.P. afirmó que “[l]a situación en análisis no encuadra en el presupuesto objetivo referido al monto de pena” y los agravios no fueron sustentados estrictamente en la inobservancia de ley sustantiva (fs. 36 vta.).
De seguido, sostuvo que si bien tal principio debe ceder, el intento defensista de sortear tales exigencias “no habilita vía alguna de excepción, pues aun cuando manifestó la supuesta naturaleza federal de sus agravios […] en realidad ellos no presentan tal carácter” (fs. 37).
En ese raciocinio, juzgó que los reclamos contra la porción del fallo se refieren a la interpretación y aplicación de normas que regulan la instancia casatoria (art. 451 y 458, C.P.P.), y, por ende, constituyen una temática de naturaleza procesal; materia que, conforme inveterada doctrina de la C.S.J.N., resulta ajena a la competencia federal que pretende (fs. cit.).
Observó que, sin perjuicio de los intentos de la defensa de asignar a sus planteos carácter federal -con fundamento en las previsiones del art. 451, cuarto párrafo, del digesto de forma-, y “sin que resulte atinente a es[a] evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal”, sus apreciaciones “no van más allá de la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en el aludido memorial” (fs. cit. y vta.).
Así entonces, resolvió que la presentación en análisis no logra sortear los recaudos objetivos de recurribilidad, los que encontró “ausentes en esta situación en particular” (fs. cit.).
b. De lo reseñado, se aprecia que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal revisor.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
Para más, las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la parte pretende reprochar al órgano intermedio aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cuál es la relación con lo acontecido en el sub lite.
Asimismo, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador -art. 8.1 de la C.A.D.H.- no prospera, en razón que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso -art. 15 de la ley 48-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Brian Jesús Mansilla, con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia