Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129155
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, por improcedente, la queja presentada por la defensa particular de Federico Andrés Teilletchea (art. 486 bis del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Francisco Rodrigo Lilo por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
La Plata, 6 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 129.155-RQ, caratulada: “Teilletchea, Federico Andrés s/ Recurso de queja en causa 75.403 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. De las copias adjuntadas a la presente, surge que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 6 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad presentado por la defensa particular de Federico Andrés Teilletchea contra la resolución de ese mismo órgano que, a su vez, desestimó por inadmisible el recurso de la especialidad contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes que confirmó el pronunciamiento del Tribunal en lo Criminal N° 2 que no hizo lugar a la solicitud de la suspensión del juicio a prueba (fs. 21/23).
En tal sentido, afirmó que la resolución impugnada no es definitiva ni equiparable a tal en tanto no termina la causa, no hace imposible su continuación ni ocasiona un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (arts. 479 y 482, CPP).
Por último, recordó que la invocación de garantías constitucionales (defensa en juicio y debido proceso) no suple la ausencia de definitividad en tanto la justificación de este extremo es lógicamente anterior a la consideración de tales cuestiones.
2. El defensor particular, doctor Francisco Rodrigo Lilo, dedujo queja (fs. 25/37 vta.).
a. En primer lugar, reseñó los antecedentes del caso y, en lo que aquí interesa, explicó que el 24 de junio de 2015 solicitó al Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes la inconstitucionalidad del artículo 76 bis del Código Penal y requirió se fije audiencia en los términos del artículo 404 del ritual. El Tribunal, el 3 de agosto de 2015, corrió vista a las partes y sin fijar audiencia rechazó la aplicación de la suspensión del juicio a prueba (fs. 29/vta.).
Frente a ello, dedujo recurso de apelación en el que planteó dos agravios, uno dirigido contra el fondo de la cuestión (denegatoria de la suspensión del juicio a prueba) y el otro a la nulidad del procedimiento por no haberse celebrado la audiencia del artículo 404 (fs. 29 vta.).
La Cámara, el 1 de octubre de 2015, confirmó la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba pero omitió tratar el planteo de nulidad (fs. 29 vta./30).
Contra ello, articuló recurso de casación en el que también se desarrollaron dos críticas, la primera, vinculada con la denegatoria de la suspensión y la segunda referida a la omisión de tratamiento por parte de la Cámara del pedido de nulidad del procedimiento por no haberse celebrado la audiencia citada (fs. 30).
El 27 de octubre de 2016, el Tribunal de Casación desestimó por inadmisible la impugnación sin abordar el planteo de nulidad del procedimiento (fs. 30 vta.).
Por todo lo expuesto, ante las sucesivas omisiones de tratamiento -tanto de la Cámara como del Tribunal de Casación Penal- del pedido de nulidad del procedimiento previo a la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba por no haberse celebrado previamente la audiencia correspondiente (art. 404, CPP), presentó recurso extraordinario de nulidad (fs. 31).
b. En lo que hace a la procedencia de la queja, trajo a colación el plenario B.L.E. del Tribunal de Casación Penal y resaltó que allí se resolvió que el pronunciamiento que deniega la suspensión del juicio a prueba es equiparable a sentencia definitiva. En función de ello, alegó que los argumentos en base a los cuales se desestimó la vía extraordinaria de nulidad se contraponen a lo afirmado en dicho plenario (fs. 31 vta./32).
De seguido, señaló que el carril impugnativo se fundó en la violación del artículo 168 de la Constitución provincial lo que derivó en el quebrantamiento del debido proceso y del derecho de defensa en juicio pues se omitió el tratamiento de cuestiones esenciales en torno a la nulidad de la resolución de la Cámara por no haber abordado las críticas relativas a la falta de celebración de la audiencia del artículo 404 citado (fs. 32 vta./33 vta.).
Concluyó que “se trate de una sentencia definitiva o no” ninguno de los Tribunales revisores se expidió sobre el pedido de nulidad del procedimiento que derivó en la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba (fs. 33 vta./34).
Por todo lo expuesto, manifestó que se quebrantó el derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 1.1., 8.1. y 25, CADH; 14.1 PIDC y P) y requirió se decrete la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la petición de audiencia del artículo 404 y se remitan las actuaciones al Tribunal en lo Criminal N° 2 para que cumpla con el procedimiento correspondiente (fs. 36 vta./37).
3. La queja es improcedente (art. 486 y 486 bis, CPP).
a. De modo preliminar, cabe destacar que la defensa particular si bien adjuntó las copias expresamente exigidas por el artículo 486 bis del Código Procesal Penal, sin embargo, no acompañó otras que -de conformidad con la reseña de antecedentes del caso y los reclamos del quejoso (v. punto 2. del presente)- hubieran resultado de utilidad, tales como el supuesto pedido de inconstitucionalidad del artículo 76 bis del Código Penal y de la fijación de audiencia del artículo 404 del ritual; la decisión del Tribunales en lo Criminal N° 2 de Mercedes que lo rechazó; el recurso de apelación; la sentencia de Cámara y el recurso de casación (cfr. doct. art. 486 bis cit.).
Conforme se advierte de las manifestaciones de la defensa particular, lo que se pretende impugnar es el procedimiento previo al rechazo de la suspensión de juico a prueba pues -según afirma la defensa particular- no se habría celebrado la audiencia del artículo 404 -extremo que no se acreditó más que con los dichos del recurrente ya que no se adjuntaron las copias pertinentes- punto que no habría sido abordado por la Cámara ni por la Casación a pesar de haber sido planteado por la parte -circunstancias que tampoco emergen de las piezas acompañadas-.
b. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, lo cierto es que -tal como lo expuso el a quo en el juicio de admisibilidad negativo- no se cumplió con la exigencia del artículo 482 del Código Procesal Penal ya que más allá de las críticas en torno a la supuesta aplicación o no del artículo 404 del Código Procesal Penal -tópico de cariz procesal y como tal ajeno a la competencia de esta Corte-, en rigor, lo que se cuestiona es el modo en que se desestimó la suspensión de juicio a prueba, extremo que como acertadamente lo señaló el órgano revisor, al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva y tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (cfr. P. 104.366, res. del 4-11-2009; P. 109.251, res. del 3-3-2010; P. 111.313, res. del 19-12-2012; P. 120.757, res. del 4-11-2015; P. 124.101, res. del 4-11-2015; P. 124.556, res. del 9-3-2016; P. 124.876, res. del 9-3-2016, entre muchos otros de la SCBA).
Dicho déficit formal, como lo advirtió la Alzada, no se supera con la alegación de agravios de pretenso cariz constitucional pues es un presupuesto lógicamente anterior a la consideración de tales problemáticas.
c. Por otra lado, las argumentaciones de la defensa particular respecto a la supuesta contradicción entre la desestimación del recurso extraordinario de nulidad fundada en la falta definitividad (art. 482, CPP) y lo establecido en el plenario B.L.E. del Tribunal de Casación Penal en el que se equiparó a definitiva la denegatoria de suspensión de juico a prueba (sent. del 9-9-2013) no puede tener acogida favorable.
Es que en el juicio de admisibilidad previsto en el artículo 486 del ritual (t.o. según ley 14.647), se deben aplicar los criterios fijados por esta Corte y no los del Tribunal de Casación, más aún cuando ambos difieren entre sí, tal como acontecen en el presente (cfr. P. 128.487, res. del 3-5-2017 de esta Corte).
d. Finalmente, las manifestaciones de la parte relativas a que “se trate de una sentencia definitiva o no” ninguno de los órganos abordó el planteo de nulidad (v. fs. 33 vta.) no resisten el menor análisis.
Cabe recordar que el artículo 482 del Código Procesal Penal es una de las reglas generales, entre otras (v. arts. 479 a 488, CPP) que deben cumplir todos los recursos extraordinarios. Una vez abastecidas todas ellas, se examina si cada una de las vías impugnativas cumple con su objeto y finalidad según lo estipulado, específicamente, en los artículos 489, 491 y 494 de dicho cuerpo de leyes.
En suma, para ingresar al estudio del cumplimiento de las exigencias formales del artículo 491 del ritual (cfr. arts. 168 y 171 de la Constitución provincial) como pretende la defensa particular, corresponde previamente cumplir con los recaudos formales generales regulados en los artículos 479 a 488 citados, por ser todos ellos lógicamente anteriores al examen particularizado de cada carril impugnativo.
En función de lo expuesto, la denuncia de violación de la tutela judicial efectiva (v. fs. 36 vta.) quedó huérfana de sustento argumental.
Por ello, el Tribunal
1. Rechazar, por improcedente, la queja presentada por la defensa particular de Federico Andrés Teilletchea (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Francisco Rodrigo Lilo por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino.
Secretario
Fin de la sentencia