Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128157
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Luis Alberto Castillo contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
La Plata, 25 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.157-RQ, caratulada: “Castillo, Luis Alberto s/ Recurso de queja en causa n° 75.445 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, el 11 de octubre de 2016, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Luis Alberto Castillo contra el pronunciamiento de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes que revocó el auto del Juzgado de Garantías Nº1 departamental que hizo lugar a la eximición de prisión (fs. 64/71 vta.).
II. Contra esa decisión el Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso queja (fs. 36/43).
Alegó que resulta aplicable la doctrina de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional en tanto el decisorio en crisis privó a esta Corte de su competencia como “cabeza de la administración de justicia de la provincia” (arts. 31, 75 inc. 11, 116, 121, 124 de la CN) -fs. 39 vta./40-.
Más adelante, tachó de arbitraria la resolución y refirió que su fundamentación es aparente pues se valió de fórmulas genéricas y abstractas (fs. 40).
Puntualizó que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se desarrollaron planteos de índole federal: violación del derecho a gozar de libertad durante el proceso penal, derivado de la garantía de presunción de inocencia (art. 18 de la CN). Adunó que en dicho libelo impugnativo también se denunció arbitrariedad por haberse revocado la eximición de prisión en base a una nueva calificación legal atribuida al hecho la que por sí sola no configuraba un peligro procesal concreto (fs. 40 vta.).
Según la defensa, el Tribunal de Casación, desestimó la vía intentada fundando su fallo en normas procesales sin analizar debidamente los planteos relativos a la vulneración al principio de inocencia y la garantía a la libertad durante el proceso (fs. cit.).
Sostuvo haber demostrado en el recurso extraordinario local la relación directa e inmediata entre el derecho federal invocado y los hechos ventilados en autos, ya que denunció que por aplicación de normas rituales (arts. 169, 185 y 186) se transgredió lo normado en el art. 18 de la CN (fs.41 y vta.).
Por lo expuesto concluyó que la decisión de la casación interpretó de manera arbitraria la concurrencia en el caso de los límites de admisibilidad del art. 494 del C.P.P., los cuáles han de ser inaplicados o declarada su inconstitucionalidad (fs. 42).
III. La queja formalizada es improcedente.
a. Para arribar al pronunciamiento desestimatorio, el Tribunal de Casación -en primer lugar- por aplicación de doctrina de esta Corte (Ac. 95.296, P.100.512, P.101.263, entre otras) equiparó el pronunciamiento atacado a sentencia definitiva.
De seguido, procedió al análisis de los planteos federales a efectos de sortear el valladar formal impuesto por el art. 494 del CPP (conf. doct. “Strada” y “Di Mascio” de la Corte nacional).
En ese sentido, sostuvo que las críticas se vinculaban con temáticas de índole procesal (alcance de los arts. 186, 169 y 170 del CPP) impropias de una cuestión federal.
En cuanto a la tacha de arbitrariedad introducida por el impugnante, ponderó que no había logrado demostrar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales invocadas, la argüida arbitrariedad, y lo debatido y resuelto en el caso.
Sostuvo que de la lectura del recurso surgía que la defensa se había limitado a expresar su disconformidad con lo resuelto sin refutar de modo concreto y razonado el fundamento del decisorio en crisis. Por ello, juzgó que no se habían controvertido eficazmente los argumentos por los cuales fue descartada la arbitrariedad del pronunciamiento de la Alzada departamental, trasuntando su crítica en una mera disconformidad insuficiente que sellaba la inadmisibilidad del remedio.
Concluyó en la ausencia de demostración de la relación directa e inmediata entre las cláusulas constitucionales invocadas (defensa en juicio, debido proceso, arbitrariedad) y lo decidido en el caso, expresando que tampoco logró demostrar que la sentencia fuera contraria a derecho.
Por último, descartó el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del CPP.
b. De lo reseñado se advierte que el argumento basal por el cual se declaró la inadmisibilidad radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias como para sortear el valladar impuesto por el art. 494 del CPP.
Frente a ello, la defensa no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal pues, más allá de la reiteración de lo esgrimido en la vía extraordinaria (v. fs. 21/28) y su dogmática afirmación, no hizo ningún esfuerzo por evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que decía afectadas y la arbitrariedad argüida, se vinculaban con lo debatido y resuelto por la Casación en el fallo impugnado (v. fs. 15/19).
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por todo lo expuesto, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del digesto adjetivo tampoco prospera, en tanto dicha norma no ha sido el obstáculo para la concesión del carril extraordinario sino que la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso fue lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por la Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Luis Alberto Castillo contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia