Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128848
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.848, caratulada: "Martinazzo, Jonathan Ariel s/ Recurso de queja en causa N° 75.125 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de marzo de 2017, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Morón que condenó Jonathan Ariel Martinazzo a la pena única de once años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, comprensiva de la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, más la declaración de reincidencia por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, y la parte incumplida de la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas recaída en la causa n° 1732 del Tribunal Criminal de Morón, por considerarlo autor responsable de homicidio simple calificado por su comisión mediante arma de fuego en grado de tentativa, portación ilegal de arma de guerra y amenazas coactivas, todos en concurso real entre sí (v. fs. 82/84 vta.).
Para así decidir, señaló que el imputado fue condenado a la pena única de once años de prisión, accesorias legales y costas, con más declaración de reincidencia.
De seguido, y luego de aludir a los supuestos en los que procede el remedio intentado, indicó que el agravio formulado no encuadraba tampoco dentro de los presupuestos que exige el art. 494 del Código Procesal Penal.
Ya en lo que hace al examen de las cuestiones federales que podían estar involucradas concluyó que la parte se desentendía de lo efectivamente resuelto por el tribunal de recurso, desde que se limitaba a esbozar un criterio divergente con la labor desarrollada. Y agregó que la naturaleza de las críticas planteadas se vinculaba con temáticas de índole procesal y de derecho común como eran la producción y valoración de la prueba, impropias -pues- de una eventual cuestión federal (v. fs. 84).
Aseveró que los argumentos defensistas no lograban demostrar por qué el razonamiento efectuado por los sentenciantes no resultaba una derivación razonada del derecho vigente atento los hechos ventilados en la causa ni la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estimaba comprometidas. Adunó que tampoco se demostró que el fallo pudiera subsumirse en un caso de arbitrariedad desde que no evidenciaba que el reproche practicado contra el imputado fuera fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asentara en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (v. fs. 84 y vta.).
II. El defensor oficial, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó queja por recurso extraordinario denegado (v. fs. 86/94).
Luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales de admisión de la vía y de repasar los antecedentes que consideró relevantes del caso, para justificar la fundabilidad de su intento, advirtió que resultaba aplicable al caso lo fallado en Strada, Christou y Di Mascio por la CSJN, y los arts. 5 y 31 de la Constitución nacional (v. fs. 90).
Tachó a la negativa de arbitraria pues se la fundó de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que cegaron la jurisdicción de este Tribunal al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la provincia (v. fs. cit.).
Remarcó que el caso se encontraba en condiciones de ser conocido por la Corte federal en atención a que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley eran de índole federal, pues se debatía en él que el Tribunal de Casación: a) dictó un fallo arbitrario que además vulneró el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria en tanto confirmó la decisión de mérito que había vulnerado la defensa en juicio y el debido proceso; b) dicha cuestión federal se vincula de manera directa con la solución del caso porque amerita la anulación de la sentencia atacada y su reenvío para el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho; c) fue oportunamente planteada pues se originó en la sentencia casatoria y e) el gravamen es actual (v. fs. 90 y vta.).
Con sustento en la doctrina de los aludidos fallos federales, expresó que esta Corte se encontraba obligada a intervenir como instancia previa al Máximo Tribunal nacional (v. fs. 90 vta./91). Agregó que las limitaciones estipuladas por la ley procesal sobre la materia debían ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales por quebrantar los arts. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121 y 124 de la Constitución nacional "a fin de tutelar el derecho de rango supremo, convencionalmente reconocido, a la no arbitrariedad de las sentencias, a la defensa en juicio y al doble conforme" (fs. 91 vta.).
Puso de resalto que la sede intermedia, defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia e ingresó en aspectos que excedieron el mero examen de admisibilidad formal, desnaturalizando así la función asignada por el art. 486 del digesto adjetivo. Citó, al efecto, lo resuelto en causa P. 85.977 (v. fs. 92).
De seguido, alegó que el sentenciante incurrió en arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa al afirmar que no se vislumbraba la existencia de cuestión federal suficiente. Contrariamente a lo dicho, recordó que en el recurso extraordinario se planteó la tacha de arbitrariedad del fallo casatorio y un tránsito aparente por esa instancia frustrando el derecho al doble conforme (v. fs. 92 vta./93).
Concluyó que de manera arbitraria se negó la concurrencia de los requisitos que determinan la inaplicación de los límites que en razón del monto y de la materia impone el art. 494 del Código Procesal Penal. A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad de dicha norma (v. fs. 93 vta.).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis , CPP).
La denuncia de exceso en la jurisdicción, vinculada con la afectación del principio de imparcialidad judicial, no puede prosperar. Cabe recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal -fundamento que dio sustento a la resolución en crisis- es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P. 125.455, resol. de 13-V-2015, P. 125.523, resol. de 20-V-2015, P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P. 125.630, resol. de 17-VI-2015, P. 125.577, resol. de 17-VI-2015, entre otros).
En contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo de agravio que habilite su admisibilidad.
De este modo, la parte no demostró haber planteado correctamente una cuestión de índole federal -núcleo decisivo de la desestimación por parte del a quo - que impusiera a aquél la admisión de la vía interpuesta en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional a raíz de los fallos Strada, Di Mascio y su progenie.
Por el contrario, insiste con los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (su relación directa e inmediata con lo resuelto en el sub examine ), desentendiéndose de los demás argumentos que coadyuvaron a la desestimación, tales como que la parte se limitaba a esbozar un criterio divergente con lo resuelto, o que las críticas formuladas se vinculaban con temáticas de índole procesal o derecho común.
En el mismo sentido, dejó incontrovertido el fundamento por el cual el a quo señaló que el recurrente no evidenciaba que el reproche practicado contra el imputado fuera el fruto de la mera voluntad de los jueces o se asentara en premisas falsas, inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
En definitiva, el decisorio impugnado cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
IV. Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal tampoco prospera en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la admisibilidad del carril extraordinario sino la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso.
En suma, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis, CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia