Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja articulada por el defensor oficial Adjunto a favor de Jorge Leandro Cancino Duarte, con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.003-RQ, caratulada: "Cancino Duarte, Jorge Leandro s/ Recurso de queja en causa N° 75.796 del Tribunal de Casación Penal, Sala V ".
I. De las copias aportadas por la parte se infiere que la Sala V del Tribunal de Casación Penal, por auto dictado el 7 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial Adjunto contra la sentencia de dicha sala que, a su vez, confirmó la condena impuesta a Leandro Cancino Duarte a la pena de dos años y seis meses de prisión y las costas del proceso por ser coautor del delito de robo simple (v. fs. 84-87 vta.).
II. El doctor Daniel Aníbal Sureda, en su calidad de defensor oficial de Casación Adjunto, dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 91-96 vta.).
Afirmó que el a quo rechazó la vía de inaplicabilidad de ley en razón de que las cuestiones federales esgrimidas no resultaban aptas desde las condiciones de su planteamiento para que sean abordadas por esta Corte, a pesar de que denunció la arbitrariedad de la sentencia por haber declarado la extemporaneidad de los planteos introducidos en el marco de los arts. 451 y 458 del Código Procesal Penal, al haber planteado como nuevo argumento defensivo en la etapa intermedia la aplicación de una pena similar al mínimo legal -6 meses de prisión- y su sustitución por tareas comunitarias de acurdo al art. 35 de la ley 24.660 y 123 bis de la ley 12.256, con el objeto de evitar el sometimiento del condenado a las penurias de la cárcel si ello no conduce al cumplimiento de las finalidades establecidas por el sistema jurídico, lo que generó la afectación a la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio y el derecho al recurso (v. fs. 93 vta.).
Señaló que ese proceder conculcó, además, la utilidad de la defensa pública en la etapa casatoria (v. fs. 93 vta.-94).
Puntualizó que resultó desacertado el juicio de la Casación en torno a la limitación establecida en el art. 451 del ritual en cuanto excluye del tratamiento los agravios planteados en el marco del art. 458 de dicha norma ya que, en su creencia, se invocó una cuestión federal al apartarse con esa solución de los lineamientos por la Corte federal y este Tribunal han esbozado para la revisión de la sentencia de condena de conformidad con los arts. 8.2. h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que -además- resulta arbitrario (v. fs. 94 vta.-95).
Argumentó acerca del riesgo que conlleva el análisis de una sentencia por el mismo Tribunal que la dictó, quejándose del texto del art. 486 bis del Código Procesal Penal incorporado por la ley 14.647, con invocación del precedente P. 85.977 de este Tribunal, dando cuenta que la decisión que excede la constatación de la reunión de los recaudos formales previstos importa una violación al principio de imparcialidad del juzgador (v. fs. 95-96).
En suma, reclamó la intervención de esta Corte para que se establezcan los parámetros que debe observar el a quo al realizar el control de admisibilidad.
III. La presentación directa deviene improcedente.
En efecto, el núcleo basal en que se sustentó el juicio negativo de admisibilidad fue la insuficiencia recursiva sobre el planteamiento de la cuestión federal al explicitar que, no encontrándose reunidos los recaudos establecidos por el art. 494 del Código Procesal Penal, no es hábil a tal fin su mera invocación para sortear tales límites a la recurribilidad objetiva.
A ello sumó que la arbitrariedad traída se circunscribe al alcance del art. 451 del Código Procesal Penal, materia de neto contenido procesal que denota, incluso focalizando la cuestión desde su compatibilidad constitucional, que no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de naturaleza federal.
Por último, puso de relieve que tampoco demostró tales exigencias en lo atinente a la denunciada afectación del derecho al recurso y a la revisión integral del fallo condenatorio, al no esgrimir agravios que denoten que el ejercicio de la actividad recursiva ante el Tribunal de Casación no cumpla con tales requisitos.
IV. La Defensa Oficial sólo esgrimió un parecer subjetivo distinto sobre la manera que debía valorarse su técnica recursiva sin que ello importe un agravio idóneo para dejar de lado las conclusiones transcriptas.
A ello cabe sumar que la articulación basada en la trasgresión de los arts. 451 y 458 del Código Procesal Penal, amén tratarse de cuestiones eminentemente procesales, pasa por alto la inveterada doctrina de esta Suprema Corte sobre el punto que coincide con lo fallado por el a quo (conf. P. 109.429, resol. 5/X/2011; P. 110.913, resol. 10/X/2012; P. 108.285, resol. 12/XII/2012; P. 115.056, resol. 21/VIII/2013; P. 118.827, resol. 18/VI/2014; P.120.316, resol. 15/X/2014; P. 125.741, resol. 15/VII/2015; P. 126.426, resol. 29/XII/2015; P. 125.185, resol. 9/III/2016; P. 122.457, resol. 16/III/2016; P. 126.446, resol. 22/III/2016; P. 126.844, resol. 22/VI/2016; P. 127.431, res. 28-VI-2017; e.o.).
Por último, el agravio formalizado en relación a las previsiones que la ley procesal diagramó para el primer control de admisibilidad sobre los recursos previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal y la violación al principio de imparcialidad del juzgador como el vinculado a la utilidad de la defensa pública son el producto de una reflexión tardía al no haber sido introducidos tempestivamente en la causa y, por ende, obsta a su atendibilidad en este ámbito en el que el objeto de la impugnación se circunscribe al contenido de la motivación del juicio negativo efectuado por el tribunal anterior.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja articulada por el defensor oficial Adjunto a favor de Jorge Leandro Cancino Duarte, con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia