Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128701
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Jorge Rubén Jean, con costas (art. 486 bis y concs., CPP; 31 bis , ley 5827).
La Plata, 13 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.701-RQ, caratulada: "Jean, Jorge Rubén s/ Recurso de queja, en causa n° 75.692 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Jorge Rubén Jean, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mar del Plata, que lo había condenado a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa (v. fs. 62/66 vta.).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- articuló recurso de queja (v. fs. 70/75).
Liminarmente, se refirió al cumplimiento de los requisitos formales de la impugnación y reseñó los antecedentes relevantes del caso (v. fs. 70/71 vta.).
En punto a la fundabilidad, transcribió -parcialmente- el auto denegatorio, y distinguió sus embates desde dos aristas (v. fs. 71 vta./72).
1. Por una parte, afirmó que en el recurso extraordinario local se había postulado la arbitrariedad de la decisión casatoria, por indebida fundamentación y afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído- y al debido proceso (v. fs. 72).
Destacó, contrariamente a lo establecido por el a quo , la presencia de un planteo de índole federal, que se encontraba -a su entender- acompañado con la fundamentación correspondiente, por lo que debe ser abordado como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (v. fs. cit. y vta.).
Señaló que el Tribunal de Casación, teniendo su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos sentados por este Cuerpo y por la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (v. fs. cit.).
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión, excediendo en dicho análisis lo normado por el art. 486 bis del Código Procesal Penal. De seguido, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal, pues esa labor debe realizarla un superior (v. fs. cit./73).
Argumentó que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 73 y vta.).
Finalmente adujo que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional (v. fs. cit.).
2. En segundo término, consideró erróneo el tratamiento brindado al restante agravio, atento a que al haber omitido el Tribunal de Casación ingresar al análisis de los planteos formulados en el marco del art. 458 del Código Procesal Penal, se vulneró la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio y el derecho al recurso (v. fs. 74).
En ese derrotero, expuso que lo decidido atentó contra la utilidad de la defensa pública ante el tribunal intermedio y afectó, en consecuencia, la posibilidad de una revisión integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena, con menoscabo del estado jurídico de inocencia (v. fs. cit.).
Por último, resaltó que en virtud de las denunciadas infracciones a disposiciones constitucionales y los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 451 y 458 del digesto adjetivo, corresponde a esta Corte expedirse sobre la procedencia del recurso extraordinario interpuesto (v. fs. cit. vta.).
III. La queja no prospera, en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado (art. 486 bis del CPP).
1. El Tribunal de Casación, en primer lugar, halló satisfecho el recaudo referente al quantum sancionatorio exigido por el art. 494 del Código Procesal Penal. No obstante, señaló que, ausentes los restantes requisitos de la norma, sólo cuando se hubiere puesto en tela de juicio -de manera suficiente- alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal dicho valladar lograría exceptuarse, a los fines de excitar la competencia revisora de esta Corte como tránsito adecuado del remedio federal previsto en el art. 14 de la ley 48 (v. fs. 63 vta./64).
Desde esa arista, descartó la tacha de arbitrariedad por indebida fundamentación. Para ello, enumeró los supuestos en los que procede excepcionalmente dicha doctrina, aclarando que ninguno de los agravios desarrollados en el recurso configuraba uno de ellos, ni la defensa lograba demostrar defectos graves en el fallo recurrido que lo descalificaran como acto jurisdiccional válido (v. fs. 64).
Así, sostuvo que la índole de las críticas desarrolladas "no habilita vía alguna de excepción, pues se vinculan -en rigor- con una temática de neto corte procesal, como es la valoración de la prueba, la que conforme su naturaleza resulta impropia de una eventual cuestión federal" (fs. cit.).
Luego, afirmó que los argumentos defensistas resultaban una opinión contraria al pronunciamiento recurrido, sin explicaciones concretas dirigidas a poner de manifiesto las denunciadas afectaciones constitucionales y convencionales. Agregó que el recurrente se limitó a expresar su discrepancia con la valoración probatoria (v. fs. cit. y vta.).
Concluyó que el carril impugnativo "no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, est[é]n involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el [S]uperior Tribunal de la causa" (fs. cit.).
2. De lo reseñado, se aprecia que, si bien el a quo efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites del art. 486 del Código Procesal Penal, lo cierto es que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo desplegado por el Tribunal intermedio.
En efecto, la defensa dedicó la vía directa a insistir sobre el pretenso cariz federal de los agravios llevados en el carril extraordinario escogido, sin hacerse cargo de los motivos por los cuales la sede casatoria obturó su progreso.
En definitiva, no evidenció que las críticas llevadas en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 51 vta./60 vta.) trascendieran de un mero criterio discrepante con la labor desplegada por el Tribunal de Casación Penal, ni despejó el obstáculo formal relativo a la falta de suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (conf. arts. 14 y 15 de la ley 48).
IV. Respecto de las postulaciones argüidas con relación al rechazo por extemporáneo de los planteos llevados en la memoria, cabe señalar que -en rigor- el quejoso se desentiende de lo resuelto en el auto denegatorio del carril impugnativo intentado.
1. En esa oportunidad, la Sala Quinta juzgó -en punto a la crítica dirigida a la decisión de no tratar los planteos relativos a la determinación judicial de la pena- que el recurrente había soslayado la doctrina de la Suprema Corte provincial que establece que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación y una vez vencido ese término no se podrá invocar motivos distintos, citando numerosa jurisprudencia para fundar lo expuesto (v. fs. 64 vta./65).
Añadió que de las argumentaciones tributarias del concepto de la revisión amplia de la sentencia, no se derivaba el desplazamiento de las condiciones relativas a la recta y oportuna articulación de los planteos recursivos. En ese carril, señaló que de lo resuelto en el precedente "Casal" (Fallos 328:3399) no surge que se hayan derogado -aun de manera implícita- las normas adjetivas que reglamentan la oportunidad procesal para introducir los agravios ante las instancias revisoras y al fijar la doctrina de la capacidad de revisión o del máximo rendimiento lo hizo en función de la profundidad de la revisión, mas no respecto de la extensión de los agravios llevados obligando a los tribunales intermedios a revisar aspectos consentidos por las partes o remediando -fuera de los supuestos de indefensión del imputado- las omisiones de éstas (v. fs. 65 y vta.).
Por último, desestimó el pretendido control de convencionalidad postulado por la parte, como así también la solicitud de inconstitucionalidad de los arts. 451 y 458 del cuerpo de forma (v. fs. cit./66).
2. De lo expuesto, se advierte que el autor de la queja -una vez más- no controvirtió de manera eficaz el fundamento por el cual se desestimó el recurso local, dejando indemostrada la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la supuesta violación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P.78.901, sent. 7-IX-2001; P. 75.534, sent. 21-IX-2001; P. 77.329, sent. 10-IX-2003; P. 81.725, sent. 16-IX-2003; P.83.841, sent. 9-X-2003; P. 89.368, sent. 22-XII-2004; P.99.549, sent. 8-VII-2008; P. 128.269-RQ, res. 3-V-2017, e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
V. Finalmente, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH) no es de recibo, pues los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Jorge Rubén Jean, con costas (art. 486 bis y concs., CPP; 31 bis , ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2839
Fin de la sentencia