Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128753
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor Ezequiel Aníbal Damiano, Martín Eric Maximiliano González y Jorge Paul Morales (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.753-RQ, caratulada: "Damiano, Ezequiel Aníbal; González, Martín Eric Maximiliano y Morales, Jorge Paul s/ Recurso de queja en causa N° 75.734 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 27 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mar del Plata que había condenado a Ezequiel Aníbal Damiano, Martín Eric Maximiliano González y Jorge Paul Morales a la pena de dos años y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento para cada uno, costas y declaración de reincidencia respecto de los dos primeros, por resultar coautores responsables del delito de robo doblemente agravado por haberse perpetrado en lugar poblado y en banda y con escalamiento, en grado de tentativa (v. fs. 58/61).
Para así resolver, sostuvo que el remedio presentado resultaba tempestivo, interpuesto por parte legitimada y dirigido a cuestionar una sentencia definitiva, por lo que los requisitos de los arts. 479, 482 y 483 del Código Procesal Penal se encontraban abastecidos (v. fs. 59).
De seguido, sostuvo que -más allá de no encontrarse cumplido el presupuesto vinculado al monto de pena que exige el art. 494 del rito- esta Corte tenía dicho que supuestos donde existía una cuestión federal obligaban a obviar dicho límite, toda vez que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituía el carril idóneo para el tratamiento de ese tipo de cuestiones que pudieran estar involucradas en el caso. Asimismo, aclaró que la admisibilidad del reclamo no se satisfacía con la mera invocación de una cuestión de esa naturaleza, sino que era ineludible su correcto planteamiento (v. fs. 59 y vta.).
Concretamente, afirmó que ello no se verificaba en la especie, toda vez que "...la defensa no logra demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso" (fs. 59 vta.).
Señaló que el recurso se limitaba a aseverar que la respuesta dada por la Sala resultaba superficial, al no explicar sus razones, pero pese a su mención, no criticaba ni refutaba de modo concreto las razones plasmadas para mantener la sanción impuesta en origen, ni explicaba dónde residiría el error en los argumentos brindados, con lo que tampoco se motivaban las razones por las que la decisión que se impugnaba resultaría meramente formal, inadecuada o superficial (v. fs. cit.).
En definitiva, sostuvo que no se cumplía con el requisito de los arts. 484 y 495 del ritual, toda vez que la ausencia de cualquier desarrollo argumentativo que intentara poner de relieve un error en lo decidido y propusiera la interpretación que se consideraba correcta, el agravio se reducía a una mera discrepancia de opinión que mal podía considerarse como motivación válida de la lesión constitucional que se denunciaba (v. fs. 59 vta./60).
Concluyó que la parte al no identificar en forma argumental la arbitrariedad que denunciaba, la consecuente cuestión federal lucía infundada, y con ello, no resultaba posible desplazar los límites de recurribilidad que traía el art. 494 del Código Procesal Penal, por lo que mantenían su vigencia (v. fs. 60 vta.).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso de queja (v. fs. 67/70 vta.).
Alegó que en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley se denunció la revisión superficial y aparente de la sentencia casatoria, desde que dicho Tribunal convalidó el fallo de la instancia en lo que se refería al monto de la pena, mediante una respuesta dogmática sin expresar la construcción lógica que realizara a fin de determinar el monto escogido (fs69 vta.).
III. La queja formalizada es improcedente en razón de que la defensa no rebatió eficazmente el juicio llevado a cabo por el órgano anterior (art. 486 bis del CPP).
En efecto, no demostró haber planteado correctamente una cuestión de índole federal -núcleo decisivo de la desestimación por parte del a quo - que impusiera a aquél la admisión de la vía interpuesta en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional a raíz de los fallos Strada, Di Mascio y su progenie.
Tal como quedó reseñado, la Casación consideró que la defensa no lograba demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que estimaba vulneradas y lo debatido y resuelto en el caso.
Frente a ello, el quejoso no removió dicho obstáculo formal, toda vez que se limitó a insistir en lo planteado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad, transcribiendo los fundamentos desestimatorios del juicio de admisibilidad y desarrollando afirmaciones genéricas y dogmáticas que impiden conmover lo decidido.
Para más, dejó incontrovertidos los restantes argumentos -que junto al central, expuesto en el párrafo anterior- aludían a la ausencia de crítica concreta de las razones dadas en el fallo y a que el agravio de la parte se reducía a una mera discrepancia que no podía ser tomada como motivación valida de la lesión constitucional que invocaba.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor Ezequiel Aníbal Damiano, Martín Eric Maximiliano González y Jorge Paul Morales (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia