Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129156
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor Carlos Alberto Florentín y Rubén Eduardo Rosales (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.156-RQ, caratulada: "Florentín, Carlos Alberto y Rosales, Rubén Eduardo s/ Recurso de queja en causa N° 75.729 del Tribunal de Casación, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de mayo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana que había condenado a Carlos Alberto Florentín y a Rubén Eduardo Rosales a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, como coautores responsables de los delitos de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y mediante el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, reiterado en dos oportunidades, y robo calificado por haber sido cometido con arma de fuego apta para el disparo, todos en concurso real (v. fs. 75/78).
II. Frente a ello, la señora Defensora Oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, articuló recurso de queja (v. fs. 81/92).
Recordó que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se había denunciado la desnaturalización del derecho al recurso mediante una aparente tarea revisora y afirmó que, contrariamente a lo establecido por el a quo , se halla presente un planteo de índole federal, que se encuentra -a su entender- acompañado con la fundamentación correspondiente, por lo que debe ser abordado como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (v. fs. 89 vta./90).
Señaló que el Tribunal de Casación, teniendo su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos sentados por este Cuerpo y por la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (v. fs. cit.).
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal pues esa labor debe realizarla un superior.
Argumentó que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los Jueces, previsto en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 90 vta.).
Finalmente adujo que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional (v. fs. 91).
III. La queja no es de recibo.
a. En efecto, el a quo , luego de aludir a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal afirmó que la situación en análisis no encuadra en el presupuesto objetivo establecido por dicha norma, desde que los imputados no fueron condenados a una pena mayor a diez años de prisión.
De seguido, señaló que "la índole de las críticas desarrolladas no habilita vía de excepción, pues se vinculan -en rigor- con una temática procesal, como es la acreditación de la intervención de los imputados en los hechos juzgados, la que conforme su naturaleza resulta impropia de una eventual cuestión federal, argumento éste que si bien fue expuesto no ha sido acompañado de la debida explicitación a los fines perseguidos por la defensa (v. fs. 77). Agregó que la impugnante se atuvo a la mención de aquellas cuestiones y a transcribir las porciones de la resolución contra las que intentó reclamar, siempre esbozando su particular versión sobre el tratamiento efectuado en el fallo a los agravios casatorios, pero sin establecer la relación directa e inmediata entre lo decidido en ese pronunciamiento y las garantías constitucionales que invocó en la presentación en examen (v. fs. cit.).
Sostuvo que más allá de expresar su disenso con el pronunciamiento recurrido, la defensa no se ocupó de atacar los fundamentos esgrimidos para rechazar las pretensiones casatorias traídas, dejando a sus alegaciones como expuestas con una generalidad argumentativa que resulta inconducente a los fines de obtener la apertura de la vía extraordinaria escogida (v. fs. 77 vta.). Concluyó que el recurso no presenta la aptitud y la carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, podrían estar involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa, en tanto no resultan aptas para sortear los requisitos objetivos que están ausentes en esta situación particular (v. fs. cit.).
b. De lo reseñado, se aprecia que, si bien el a quo efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites del art. 486 del Código Procesal Penal, los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
En efecto, la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretenso cariz federal de los agravios, sin hacerse cargo de los motivos por los cuales la sede casatoria obturó su progreso. En definitiva, no evidenció que las críticas llevadas en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 59/74 vta.) trascendieran de un mero criterio discrepante con la labor desplegada por el Tribunal de Casación Penal, ni despejó el obstáculo formal relativo a la falta de suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (conf. arts. 14 y 15 de la ley 48).
Finalmente, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH) no es de recibo, pues los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor Carlos Alberto Florentín y Rubén Eduardo Rosales (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia