Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128594
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Marcelo Javier Loredo, con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.594-RQ, caratulada: "Loredo, Marcelo Javier s/ recurso de queja en causa N° 75.555 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado 22 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que rechazando la vía homónima- confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Dolores que condenó a Marcelo Javier Loredo a la pena de prisión perpetua y demás declaraciones de la sentencia, por la autoría penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado, daño y robo en concurso real entre sí (v. fs. 70/75).
II. Contra lo así decidido, interpuso recurso de queja el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal doctor José María Hernández- (v. fs. 82/93 vta.).
Efectuó un pormenorizado detalle de los antecedentes de la causa, con especial énfasis en los agravios del carril extraordinario denegado (v. fs.82 vta./89).
De seguido, advirtió que el recurso de inaplicabilidad de ley fue erróneamente desestimado (v. fs. 89). Aclaró que la limitación de la norma ritual no debe gravitar, pues si bien los embates no refieren a la ley sustantiva debe observarse la doctrina emanada de la Corte federal en precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. cit.).
Adunó que lo decidido importa una negación de la competencia apelada de la Corte provincial, que priva a este Tribunal de velar por la supremacía de la Constitución nacional y el bloque federal arts. 5 y 31 de la Const. nac.-. En ese marco, tachó de arbitraria la decisión en crisis por cimentarse en fórmulas genéricas y abstractas (v. fs. cit. y vta.).
Sostuvo que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal (v. fs. 89 vta.). Ello, porque los agravios revisten la naturaleza aludida en tanto se discutió el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria conforme los parámetros de la Corte federal y el Tribunal del sistema interamericano, y en pos del in dubio pro reo- (v. fs. cit.). Agregó, que dichas cuestiones se vincularon de manera directa con la solución del caso, y que han sido planteadas oportunamente, en tanto dimanan del fallo del Tribunal de Casación. Finalmente, aseveró que el gravamen guarda actualidad (v. fs. cit./90).
Coligió en que se encuentran dadas las condiciones para que el conocimiento del Máximo Tribunal, por lo que instó a la aplicación de la doctrina mencionada ut supra a los fines del tránsito necesario ante esta Corte (v. fs. 90 y vta.).
En virtud de lo expuesto, señaló que las limitaciones que el art. 494 del código ritual establece en razón de la materia deben ser inaplicados o declarados inconstitucionales, a fin de tutelar el derecho al doble conforme (v. fs. 90 vta.).
A continuación, agregó que el órgano, no sólo negó la concurrencia de los requisitos a tenor de la doctrina de cita, sino que formuló consideraciones dogmáticas inaplicables al caso (v. fs. cit. in fine).
Entendió, asimismo, que el auto denegatorio incurrió en exceso al ingresar impropiamente- en aspectos que rebasan las facultades conferidas por el art. 486 del código de rito (v. fs. 91). Reforzó lo expuesto con citas de precedentes de esta Suprema Corte y doctrina (v. fs. cit. y vta.).
Por otro lado, refutó que el órgano casacional le reprochase, además, la falta de relación directa de las cuestiones federales denunciadas con la solución del caso (v. fs. 91 vta.). Advirtió que no aprecia qué otra fundamentación podría portar la vía rechazada, y repasó lo llevado. Señaló que no sólo tenía la fundamentación mínima requerida para su admisibilidad, sino que también demostraba su procedencia y la vinculación entre lo resuelto y la frustración del control sustancia del derecho a la doble instancia- (v. fs. cit./92).
De seguido, advirtió que se demostró que el revisor "no corrigió las inferencias que el antecesor extrajo del material indiciario reunido", limitando su tarea a ratificar el peso convictivo asignado, lo que adujo- infringió el in dubio pro reo. Consideró, asimismo, que dicha circunstancia configura un tránsito meramente aparente que frustró el derecho al doble conforme (v. fs. 92). Alegó que el apartamiento de lo decidido que le reprocha el auto decae en tanto no hay razón alguna de la cual apartarse, por lo que adjetivó dicha afirmación de "genérica, abstracta, inaplicada e inaplicable a las constancias de la causa" (fs. cit. in fine).
Enfatizó que en el carril se denunció la infracción al doble conforme con cimento en que el órgano ciñó su revisión al absurdo valorativo, lo que restringiendo su tarea en desmedro del derecho a la doble instancia. Expuso que dicha circunstancia no mereció pronunciamiento por el a quo en el auto adverso (v. fs. 92 y vta.).
Para finalizar, reiteró la tacha de arbitrariedad y sindicó que los límites del art. 494 del Código ritual deben ser inaplicados o declarada su inconstitucionalidad (v. fs. 92 vta./93)
III. La queja no prospera (art. 486 bis, CPP).
1. Para desestimar la vía extraordinaria local, el a quo halló en primer lugar- abastecido el requisito del monto de pena. A continuación, indicó que la impugnación podía dividirse "en dos agravios en concreto", para afirmar seguidamente- que "[u]no de ellos versa sobre cuestiones procesales", por lo que descartó su encuadre en la restante exigencia objetiva inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva- (v. fs. 71). En cuanto al segundo, señaló que la parte denunció revisión aparente de la sentencia de condena a fin de sortear la limitación indicada; no obstante sostuvo que, en puridad, esgrimía una opinión personal discrepante, reeditando agravios ya tratados "en vez de rebatir concretamente los argumentos dados en la sentencia" en crisis (v. fs. 71 y vta.).
Sobre el punto, transcribió parcelas de lo decidido en P. 108.624, y sindicó que no advertía que el carril presentase la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, estuviesen involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales que debieran ser atendidas por el superior tribunal de la causa (v. fs. 71 vta./72). Misma solución le asignó a las tachas de absurdo y arbitrariedad por entender que la parte no logró demostrar que se encuentre configurada alguna de dichas causales. Reforzó ello con cita del precedente P.106.222 de esta Corte (v. fs. 72). A continuación, insistió en que el reclamo de la parte se desentendía de lo efectivamente resuelto (v. fs. cit. vta. in fine). En su apoyo, citó un fragmento de lo resuelto en la causa P. 106.514 (v. fs. cit./73).
Para finalizar, razonó que no correspondía efectuar ninguna consideración en punto a la validez constitucional el art. 494 del código de rito, pues el obstáculo a la admisibilidad del carril se cimentó en la falta de demostración de una cuestión de naturaleza federal excepcionante (v. fs. 73 y vta.).
2. Frente a ello, la defensa dirigió sus esfuerzos a reiterar los cuestionamientos llevados en la vía extraordinaria, y aseverar que revisten entidad para ser tratados. Dicha circunstancia, no logra contrarrestar por un lado- el carácter procesal que le endilgó el a quo al primer agravio llevado a su conocimiento, y por el otro- la falta de aptitud y carga técnica necesarias en pos de evidenciar que se encuentran involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales, en base a lo cual descartó el embate restante.
3. De lo expuesto se advierte que el auto impugnado cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha de arbitrariedad esgrimida por la parte.
4. Resta agregar que la denuncia de exceso en confronte con las facultades conferidas por el art. 486 del Código Procesal Penal v. fs. 90 vta.-, tampoco es de recibo. Pues, tiene dicho esta Suprema Corte que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647-; P. 125.506, res. del 3-VI-2015; P. 126.907, resol. de 19-X-2016; P. 128.408, resol. de 12-VII-2017; e.o.). En definitiva, en contra del reproche efectuado por la parte, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
5. Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal no puede prosperar, en tanto conforme lo especificó el auto adverso- dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por el Tribunal de Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Marcelo Javier Loredo, con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia